21 de octubre de 2024

Beto Cremonte

El Gobierno, a través de su policía que es enviada a una «misión de paz» en Haití, reprime con dureza las protestas contra sus políticas alineadas a los intereses de EE.UU. El rol de la generación Z.

Kenia se hunde en los dilemas del presidente William Ruto, que ve cómo su poder se diluye y peligra su continuidad en el Gobierno. Sin dudas que la mala gobernanza, marcada por malas decisiones tanto a nivel interno como en política exterior, se ve agravada por las continuas manifestaciones callejeras, con dos protagonistas preponderantes: por un lado los jóvenes y, por otro, una policía decidida a reprimir sin límites a los jóvenes kenianos, pero que es enviada a Haití en una «misión de paz». 

Claramente, la política keniana está ceñida a los intereses de occidente tanto en territorio africano como fuera de él. Los graves problemas de institucionalidad internos que enfrenta Kenia se desataron el 25 de junio luego de que el Senado votara la denominada «Ley de Finanzas», que pretendía recaudar 2.700 millones de dólares adicionales en impuestos para hacer frente a la considerable deuda de Kenia con acreedores internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Solo el pago de intereses consume el 37% de los ingresos anuales del Gobierno.

La Ley de Finanzas marcó un punto de inflexión. Transformó las protestas contra los impuestos en un reclamo más amplio contra un Gobierno que ha perdido su legitimidad y un presidente incapaz de gobernar. La violencia desatada contra manifestantes ha puesto a la clase política en una lucha por su supervivencia contra un movimiento sin líderes y descentralizado al que no puede engatusar para que dialogue. Con las redes sociales como su principal herramienta de movilización, el hashtag #RutoMustGo ha sido tendencia desde el 25 de junio. 

La represión policial fue brutal y sin precedentes. «Vimos a policías vestidos de civil disparando a los manifestantes. Había una directiva clara de matar a los manifestantes», alegó la presidenta de la Sociedad Jurídica de Kenia, Faith Odhiambo.

«Tras reflexionar sobre la conversación en curso sobre el contenido del proyecto de ley de finanzas 2024 y escuchar atentamente al pueblo de Kenia que dijo en voz alta que no quieren tener nada que ver con este proyecto de ley de finanzas 2024, lo admito y, por lo tanto, no firmaré el proyecto de ley de finanzas de 2024», afirmó Ruto tras las protestas desatadas en las calles de Nairobi. Cabe mencionar que esta ley buscaba aumentar impuestos a alimentos y combustibles para pagar los vencimientos de deuda externa al FMI.

La mala gestión y gobernanza por parte de una pequeña élite política que incluye al presidente Ruto ha convertido a Kenia en un lugar miserable para quienes no tienen poder, riqueza o las conexiones necesarias para conseguirlo. Los sucesivos gobiernos, que se han endeudado mucho en nombre del pueblo en acuerdos de deuda (que incluso pueden ser pagados con el envío de tropas a Haití), también han dejado al país sumido en una crisis de deuda. Con una carga estimada en 80.000 millones de dólares (más de la mitad del PIB del país). No hay empleos para los jóvenes y los ancianos, la atención sanitaria es inadecuada, el sector educativo infantil se está desmoronando, no hay viviendas asequibles para las familias ni protección social para los necesitados. Mientras tanto, el costo de la vida sigue aumentando.

Los líderes sin líder
En Kenia se está dando un fenómeno que puede ser tomado como un tercer movimiento de liberación ya que no solo se trata del proyecto de ley de finanzas. Los kenianos quieren un cambio radical. Si el objetivo de la protesta fue crear una «contracrisis», entonces el movimiento popular tuvo éxito. Ya que desde la toma de las calles y las manifestaciones, en su mayoría de jóvenes, ha transformado aquellas primeras protestas por la Ley Finanzas en una lucha por el poder, sin precedentes en escala y fuerza, que puso al partido gobernante del presidente William Ruto en una posición de desventaja ante la población y la oposición política.

En Kenia, los jóvenes de la «Generación Z» son quienes tomaron las calles y demostraron su poder de manifestación y convocatoria. Conocidos coloquialmente como zoomers, se suele incluir como parte de la «Generación Z» a aquellos nacidos desde mediados o finales de la década de 1990 y la primera década del siglo. 

Estos «jóvenes Z» son los que lideraron las protestas callejeras en Kenia. Nacidos en la era digital y en pleno auge de las redes sociales, supieron usarlas para organizarse y expresar su oposición al Gobierno. Con su destreza digital y conciencia social han creado este movimiento que aún hoy, a casi tres meses de la caída de la Ley de Finanzas, sigue presente en las calles de Nairobi asestado un duro golpe al Gobierno de Ruto.

Estas protestas son orgánicas y los jóvenes están desempeñando un papel fundamental. Llevan mucho tiempo sintiéndose ninguneados y desatendidos por el Gobierno. Este sentimiento generalizado de privación de derechos era una bomba de relojería, y finalmente ha estallado en un ferviente activismo. En redes sociales, los hashtags #RejectFinanceBill2024 y #tupatanethursday («nos vemos el jueves», en una mezcla de swahili e inglés) copaban las aplicaciones.

¿Una ficha en el tablero intervencionista?
El mismo día que el primer contingente integrado por unos 400 (de un total de mil) policías kenianos aterrizaban en Haití para una misión «humanitaria» respaldada por Estados Unidos, muchos de los que quedaron en suelo africano lanzaban gases lacrimógenos y disparaban indiscriminadamente, en una brutal represión para las manifestaciones contra la suba de impuestos contenida en la Ley Financiera que el Senado votaba por mayoría. En este sentido cabe aclarar que esta misión en Haití, aunque fue aprobada por la ONU, no está dirigida por ella.

Aquí surge la pregunta. ¿Será Kenia una ficha más en el tablero intervencionista de EE.UU y sus socios? La respuesta (positiva) pareciera estar al alcance de cualquier analista, pero quizás no sea cómoda para el establishment.

Las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Nairobi estaban en consonancia con la reputación de la policía keniana, acusada durante décadas de cometer ejecuciones extrajudiciales, abusos, corrupción y acoso. Los sucesos renovaron el escrutinio sobre la decisión de Estados Unidos de financiar su misión de lucha contra las bandas en Haití y sobre la arriesgada apuesta que hace Occidente cuando financia a fuerzas extranjeras para que vayan allí donde no enviará a sus propias tropas.

«Los riesgos son muy claros para los países occidentales cuando intentan subcontratar el mantenimiento de la paz o la aplicación de la ley en teatros donde no se sienten bienvenidos o donde las consecuencias políticas del despliegue son demasiado elevadas», afirmó Hassan Khannenje, director del Instituto Internacional HORN de Estudios Estratégicos. Khannenje fue consultado ante el envío de tropas a Haití mientras las calles de Nairobi se teñían de sangre.

El despliegue en Haití es la forma que tiene el presidente keniano, William Ruto, de hacer buena la apuesta de la administración Biden por él como su socio más destacado en África. En total, Kenia acordó proporcionar 1.000 policías. Ruto calificó de «misión para afirmar los valores universales de la comunidad de naciones, una misión para tomar partido por la humanidad».

Un dato para tener en cuenta que se desprende de informes de Amnistía Internacional es que esta policía que viaja a «garantizar la paz» a Haití y que además se ocupa de los problemas internos, es la misma que mató a 130 personas en Kenia el año pasado y a 118 el anterior, en donde al menos 32 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas.

«Kenia está experimentando una gran agitación y las fuerzas policiales están desbordadas», afirmó Annet Nerima, responsable del programa de justicia política de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia. «Sin embargo, los estamos enviando a Haití», ciertamente una contradicción, otra más del gobierno de Ruto quien hoy se enfrenta incluso al pedido de dimisión, reforzado incluso por la unión política de sus adversarios, apoyados, claro, en la sangre derramada en las calles del país.