20 de marzo de 2023

Manuel Alfieri

Sin apoyo político, el presidente convirtió en ley la reforma jubilatoria que profundiza el rumbo neoliberal de su gobierno. Descontento social y represión.

Contra la opinión de la población, y a pesar del tajante rechazo de los sindicatos y buena parte de la oposición, Emmanuel Macron logró imponer su tan anhelada como impopular reforma jubilatoria. Casi emulando a Luis XIV y eso de «el Estado soy yo», el presidente francés convirtió en ley su iniciativa sin recurrir al Parlamento, de forma completamente unilateral y a través de un decretazo que desató la indignación ciudadana. La decisión echó más leña al fuego en un contexto social sumamente delicado y erosionó aún más la legitimidad del mandatario, abriendo la puerta a una crisis política de impredecibles consecuencias.
La reforma, que establece un aumento de la edad jubilatoria, había sido aprobada el jueves sin mayores problemas en el Senado francés, donde la derecha de Los Republicanos –aliados de Macron– cuenta con una cómoda mayoría. A las pocas horas, el proyecto pasó a la Asamblea Nacional para que los diputados diesen el visto bueno definitivo. Pero allí el panorama pintaba muy peleado: las bancas están más repartidas entre los diferentes partidos y el presidente no cuenta con mayoría absoluta.
Quienes transitan los pasillos de la política francesa aseguran que en el Palacio del Elíseo, sede del Ejecutivo, llevaban varios días haciendo cálculos para predecir la suerte de la iniciativa en la Asamblea. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, las cuentas daban cada vez peor para el Gobierno. Así fue que, ante el temor de no contar con el apoyo legislativo necesario para que la reforma prosperara, Macron sacó el as bajo la manga: hizo uso del artículo 49.3 de la Constitución francesa, un instrumento poquísimas veces utilizado que permite adoptar una ley sin necesidad de pasar por el filtro del Parlamento.
El presidente justificó el uso de esa herramienta invocando «los riesgos financieros demasiado importantes» que implicaría un eventual rechazo legislativo. De esa forma, y encerrados en un despacho, Macron y sus más estrechos colaboradores tomaron la drástica decisión de retrasar la edad jubilatoria de los 62 a los 64 años –cada vez más lejos de los 60 instaurados en su momento por el expresidente socialista François Mitterrand– y pasar de 42 a 43 los años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. En su afán de congraciarse con el poder económico y profundizar el rumbo neoliberal del país, un puñado de dirigentes puso en jaque el futuro de millones de personas, sin darle importancia a su opinión sobre un tema tan trascendental y aún a sabiendas de que tres de cada cuatro ciudadanos rechaza la reforma. ¿La democracia? Una vez más: bien, gracias.

Arde la calle
Pero una decisión así tiene sus costos. Al grito de «huelga general», más de 7.000 personas se reunieron espontáneamente en la plaza de la Concordia, en el corazón de París y frente a la Asamblea Nacional, para protestar contra la maniobra de Macron. Fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y más de 200 quedaron detenidas. Imágenes similares se vieron en otras ciudades importantes. Las manifestaciones vienen repitiéndose desde enero y el pasado 7 de marzo se dio la más importante de los últimos 30 años: entre 1 millón y 3,5 millones de personas, según quien haga el cálculo, le dijeron que no al polémico proyecto del Gobierno.
En el terreno político, los sindicatos denunciaron que la decisión de Macron pone «fin a la vida democrática». El espanto fue tan grande que incluso unió a la izquierda y la derecha bajo el mismo reclamo: a uno y otro lado de la grieta francesa anunciaron que presentarán una moción de censura contra la primera ministra, Élisabeth Borne, para hacer caer al gabinete de conservadores y neoliberales que encabeza.
«Es un texto que no tiene legitimidad», dijo el veterano líder de Francia Insumisa y excandidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, quien además aseguró que su partido convocará a un referéndum para frenar la reforma jubilatoria al menos «por nueve meses». En la misma línea se expresó Olivier Faure, referente socialista, que acusó a Macron de actuar de forma «antidemocrática». «Cuando un presidente no tiene mayoría en el país y no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, tiene que retirar su proyecto. El Elíseo no es un sitio destinado a ejecutar sus caprichos», señaló.
En el otro extremo del mapa político, la ultraderechista Marine Le Pen también amenazó con la moción de censura. «Estamos ante un fracaso total de Macron. Y Borne no puede seguir al frente del Gobierno. Tiene que irse», afirmó. Incluso entre las propias filas oficialistas hubo indignación. «Deberíamos haber ido a la votación; oscilo entre la decepción y la ira; derrota o victoria; la democracia habría hablado», tuiteó el diputado Eric Bothorel, miembro de Renacimiento, el partido del presidente.
De cara al futuro, el panorama asoma complicado para Macron, quien viene capeando varias tormentas políticas desde que inició su segundo mandato, a principios del año pasado. En ese momento, y pese a que ganó las elecciones, perdió un enorme caudal de votos y se quedó sin la mayoría absoluta que ostentaba en la Asamblea Nacional, producto del enorme crecimiento de la izquierda comandada por Mélenchon. Por si fuera poco, las calles arden y los sindicatos ya avisaron que seguirán dando batalla hasta echar por tierra la reforma jubilatoria del presidente. «La movilización y las huelgas deben amplificarse», afirmó Philippe Martinez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), poco después de anunciar una movilización para el próximo jueves que, según pronostican, será multitudinaria.