27 de enero de 2016

El comunicado conjunto del gobierno de Colombia y FARC-EP firmado en enero en La Habana representa un avance en el proceso de paz. El punto central es la «dejación de armas», esto es, que las FARC dejen las armas.
Para lograrlo se plantea la creación de un mecanismo de monitoreo internacional del acuerdo sobre el cese al fuego definitivo compuesto por una misión política de la ONU, pero con la salvedad de que debe estar integrada por observadores de países miembros de la CELAC. Hay un elemento importante en esta declaración: el rol otorgado a la CELAC, organismo regional que incluye a Cuba, país que ha sido clave para los acuerdos de paz, y que excluye a Ee.uu., que no forma parte del organismo.
El presidente Juan Manuel Santos definió este acuerdo como «un paso gigante hacia el fin de la guerra», en tanto el principal negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que es «la mejor noticia para los colombianos» ya que resalta un cese «definitivo» de la violencia.
Un día después del comunicado el editorial del diario El Tiempo de Colombia tituló «Crece la confianza», y es esta, tal vez, la cuestión más espinosa después de tres años de negociaciones. Es interesante destacar también el cambio de tono de numerosos medios de Colombia hacia las FARC. Durante años al mencionar a sus principales dirigentes para quitarle legitimidad incluían la palabra «alias» al seudónimo utilizado por ellos. Ahora Iván Marquez es «el jefe negociador de las FARC» cuando antes era «alias Iván Márquez», alguien fuera de la ley. Legitimar a sus dirigentes también es un paso relevante para reconocer el proceso de paz ante la sociedad.
Santos todavía enfrenta una oposición interna liderada por el expresidente Álvaro Uribe, que se ha manifestado contra el proceso, tiene una importante representación parlamentaria y aún compara a las FARC con Al Qaeda o Estado Islámico.
El objetivo del gobierno y las FARC es firmar el Acuerdo de Paz el 23 de marzo. El camino todavía es largo y está plagado de espinas.