31 de marzo de 2020
El Gobierno de facto en Bolivia viene profundizando sus embestidas contra voces opositoras. Además de los encarcelamientos de miembros del Movimiento al Socialismo, en marzo fue detenido un periodista, René Estebán Guarachi, miembro del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Fotoperiodistas y medios digitales (SINTRAPEN), quien denunció torturas y amenazas de polícias contra él y su familia, durante la cobertura del pedido de justicia de la comunidad alteña por los muertos de la masacre de Senkata, en El Alto. «Vamos a interponer una denuncia internacional por lesiones graves y torturas que son delitos de lesa humanidad», sostuvo David Ticona, secretario ejecutivo del Sindicato de Tabajadores de la Prensa de El Alto. En este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a mostrar su preocupación por la vulneración de derechos. «Las opiniones contra el Gobierno no deberían ser consideradas un delito de sedición», dijo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza. El Gobierno que encabeza la autoproclamada Jeanine Áñez dispuso el cierre e intervención de medios críticos, a los que se sumaron ataques contra trabajadores de medios de Bolivia y el exterior, muchos de ellos caracterizados como «sediciosos».
