15 de enero de 2026
El ataque ordenado por Trump quebró los marcos normativos que preservaban a América Latina y el Caribe como zona de paz. El proceso bolivariano, entre cambios y continuidades.
Apoyo. Movilización en respaldo a Nicolás Maduro y su esposa, secuestrados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
Foto: Getty Images
El ataque estadounidense contra Venezuela alteró de manera profunda el ya deteriorado orden internacional. Con este hecho, América Latina y el Caribe ingresaron de forma explícita en una guerra mundial híbrida y fragmentada. Si bien la región ya era escenario de disputas geopolíticas crecientes, convertirse en blanco directo de una agresión militar redefine los márgenes de la transición hegemónica en curso, tensionada entre la emergencia de un orden pluricéntrico y los intentos de restauración de la supremacía estadounidense.
El secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores no derivó en un inmediato «cambio de régimen», pero produjo efectos políticos y estratégicos relevantes. Cambios y continuidades conviven hoy en un escenario signado por la coerción y la incertidumbre.
Uno de los principales cambios se expresa en la crisis abierta del sistema multilateral y del derecho internacional público. La incapacidad de la Organización de las Naciones Unidas para sancionar o limitar una acción unilateral de Estados Unidos terminó de erosionar los marcos normativos que, al menos formalmente, sostenían el orden de posguerra. América Latina y el Caribe dejaron así de ser una zona de paz, no solo por la agresión en sí, sino también por las complicidades regionales que la legitimaron.
En este contexto pueden identificarse tres posicionamientos estatales: países que condenaron la acción como ilegal e ilegítima; Gobiernos que, a pesar de invocar los principios de no intervención, validaron los argumentos de Washington de la necesaria «captura» del «narcodictador»; y Estados que celebraron abiertamente los bombardeos, la destrucción de infraestructura civil y la aplicación extraterritorial de la ley estadounidense.
En el plano militar, quedó expuesta la profunda asimetría de poder que hizo posible el secuestro del presidente venezolano, debilitando las capacidades defensivas del país y condicionando su margen de maniobra. Esa demostración de fuerza constituye hoy un instrumento de presión no sólo sobre Venezuela, sino sobre el conjunto de actores que disputan la hegemonía estadounidense. A la vez, el nuevo escenario habilita negociaciones en torno al petróleo venezolano, confirmando que las sanciones y bloqueos fueron un factor central de la desestabilización económica del país.
Estado de alerta
Sin embargo, el golpe no logró quebrar dos pilares del proceso bolivariano. En primer lugar, la unidad cívico-militar, que se mantuvo articulada entre la conducción política del Ejecutivo y el Legislativo y el mando de la defensa nacional. En segundo término, la persistente capacidad de movilización popular, que operó como factor de disuasión frente a un intento de «cambio de régimen» acelerado. A ello se suma el control estatal de los recursos estratégicos, particularmente del petróleo, que continúa siendo objeto de negociación y disputa.
En llamas. Explosiones en Caracas, capital del país, como consecuencia del planificado ataque de EE.UU.
Foto: Getty Images
Lejos de un escenario de estabilidad, la situación exige un estado de alerta permanente. La ausencia de un colapso institucional no implica normalidad, sino una respuesta defensiva frente al riesgo de una escalada mayor. Venezuela arrastra, en rigor, una guerra no declarada desde 1998, intensificada por medidas coercitivas unilaterales, guerra económica y operaciones de desestabilización.
Hoy esa guerra adopta un carácter híbrido. Mientras se busca preservar el orden interno y transmitir calma, operaciones psicológicas y mediáticas amplifican la confusión, la intriga y la deslegitimación política. A ello se suma la persistencia de una amenaza militar convencional de alta tecnología en el Caribe. En este marco, Estados Unidos parece ensayar una modalidad renovada de intervención, basada en la extorsión permanente y en la simulación de una «transición ordenada», abriendo un ciclo de disputa imprevisible cuyo desenlace sigue abierto.
(*) Investigadores del CCC Floreal Gorini
