3 de septiembre de 2024
Jubilados. Acosados por el recorte en sus haberes y una menor cobertura de medicamentos por parte del Pami.
Foto: Jorge Aloy
Como tantas otras veces en la Argentina el tema del recorte a los ingresos de jubilados y jubiladas, o sea la aplicación del «ajuste más grande del mundo» a este importante sector de la sociedad, genera un trascendente conflicto político y social.
En esta oportunidad sus ecos se reflejaron en ambas Cámaras del Congreso Nacional donde se produjo un rechazo a las políticas del Gobierno a partir de la votación de la ley que repone parcialmente el ajuste a los ingresos de los jubilados, más allá de que igualmente continuarían teniendo ingresos bajísimos.
La situación se agrava por el retiro de subsidios a los medicamentos, la liberación de sus precios definida por el Gobierno beneficiando a los grandes laboratorios, provocando que millones de personas mayores no puedan acceder a los fármacos que necesitan para enfrentar sus dolencias.
El presidente no solo se opone a la ley aprobada por amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso, sino que lo hace con su habitual estilo: «Veto todo, me importa tres carajos». Y lo hizo. Dispuso el veto a la ley en uso de su facultad constitucional. Así las cosas, el conflicto social se ha transformado en político, y no solo se definirá en el Congreso, sino que ya tuvo expresiones callejeras que generaron represión, ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, se ha generado una iniciativa popular para juntar un millón de firmas impugnando el veto presidencial.
Los acontecimientos de estos días reponen el debate sobre las causas de fondo de la represión, recuperando el viejo apotegma de que ningún ajuste cierra sin represión. En suma, no se trata de conductas perversas, sino de una política pensada con el propósito deliberado de infundir miedo, a fin de paralizar el eventual crecimiento de la protesta social. Ya se anuncian nuevas manifestaciones de jubilados, y también de docentes universitarios, víctimas de un ajuste en sus salarios, que coinciden con las protestas del mundo de la ciencia y la tecnología, que sufren un recorte severo de su presupuesto y la caída de sus ingresos que impiden la continuidad de becas a científicos y docentes.
Milei en la UIA. El presidente tiene el apoyo de la cúpula empresarial pese a la fuerte caída de la actividad productiva.
La paradoja industrial
El presidente sostiene empecinadamente sus políticas, más allá de que va sufriendo un deterioro en la opinión pública, aunque continúa cabalgando sobre el eventual desprestigio de la política en general. A su vez continúa su luna de miel con el establishment económico, que como siempre actúa pragmáticamente apoyando en lo discursivo al presidente de la Nación, al que definen como su presidente, aunque en lo referente a las inversiones que reclama el Gobierno, continúan sin aparecer, tanto las que deberían venir de Wall Street como las de la burguesía local.
En ese contexto, se celebró el Día de la Industria. El presidente Javier Milei participó del evento organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), en el que se planteó una gran paradoja: la cúpula de la organización empresaria continúa apoyando políticamente al Gobierno, mientras la actividad industrial sufre una notoria caída, tanto de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas.
Un dato que trascendió recientemente indica que en solo ocho meses se cerraron 10.000 pymes, mientras que la recesión y la consecuente caída del mercado interno preanuncian la continuidad de este proceso de deterioro de las pymes.
Finalmente, no termina de cerrar la crisis interna de La Libertad Avanza generada por la visita de diputados y diputadas a represores genocidas condenados por la Justicia. Es dable aclarar que la causa de fondo de esa explosión al interior del bloque legislativo oficialista se produce ante el rechazo que genera en la gran mayoría de la sociedad la temática de las violaciones a los derechos humanos tanto en términos políticos como humanistas. En realidad, se expresa el crecimiento de la conciencia ciudadana, forjada a lo largo de 40 años de democracia, que sostiene la convicción de que no se debe volver a las tinieblas del robo de niños, torturas, asesinatos y campos de la muerte.
