1 de diciembre de 2025
Pilar. El cierre de la planta de Whirpool afectó a más de 200 trabajadores.
En los últimos días se generó una fuerte controversia alrededor del tema de la recesión como fenómeno económico establecido en el actual momento del país. El Indec fue cuestionado por su elaboración de las cifras del tercer trimestre, lo que posibilitó que no quedara expuesta técnicamente la situación de recesión de este año.
Ese eventual maquillaje de la situación que viven cotidianamente millones de argentinas y argentinos genera un deterioro de la imagen pública de un organismo tan importante como el Indec, a la vez que se instala desconfianza hacia las estadísticas oficiales.
En la misma línea, se presentó otra controversia relacionada con un hecho tan trascendente como es el desarrollo y la propia vigencia de la industria nacional como parte de un proyecto de país, que requiere como factor imprescindible políticas de fomento destinadas a fortalecer a este sector del aparato productivo, clave para la generación de empleo de calidad.
La cuestión es que desde la propia conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) surge un discurso, sustentado en razones ideológicas, que privilegia el apoyo al modelo económico del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, acompañando la política de reformas laboral e impositiva, dejando de lado la dramática situación de cierre de empresas, ya no solo mayoritariamente de pymes, sino también de establecimientos de rango medio del sistema industrial.
Justamente, desde el discurso institucional se privilegian las «reformas estructurales» reclamadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las corporaciones locales, por encima de la propia subsistencia de la industria nacional. En contraposición, resulta alentadora la vigencia de las organizaciones de pymes que sostienen una visión crítica del modelo que los agrede y reafirman la vocación de defender sus emprendimientos, muchos de ellos fruto del trabajo de décadas, continuadores de la iniciativa de sus antecesores junto con los trabajadores con los que vienen compartiendo la vida.
En tal sentido, los indicadores son contundentes. Según la propia UIA, en un año y medio se perdieron 48.000 empleos registrados en la industria, a los que hay que sumar 89.000 en la construcción. En ese período, además, se cerraron 20.000 empresas pequeñas y medianas, de las cuales 1.900 fueron establecimientos industriales que bajaron la cortina.
De este modo se configura un escenario que combina una severa caída del consumo, cierre de establecimientos, aumento de las tarifas de servicios públicos y reducción del salario del sector de ingresos fijos, desde los más humildes hasta los de clase media.
Media garrafa
Otra situación que viene generando malestar es el anunciado aumento de los servicios públicos a partir de la aplicación de la línea requerida por el FMI de eliminación de subsidios dirigidos al consumo de esos servicios. En tal sentido, se anuncian incrementos de las tarifas de gas por redes y energía eléctrica, como así también –en una cuestión crucial para los sectores más humildes– en el precio de la garrafa, utilizada por cerca de cuatro millones de familias en todo el país.
Datos. El organismo de estadísticas logró que no quede expuesta técnicamente la recesión.
Foto: NA
Según la propia Secretaría de Energía, en un plazo que se estima en seis meses, se va a avanzar en la reducción del subsidio al consumo de tan vital elemento. A partir de esa decisión, se van a otorgar 10.000 pesos por cada unidad de 10 kilogramos por mes, cuando el precio promedio es de alrededor de 20.000, es decir, media garrafa cada 30 días. El resultado para la vida cotidiana es obvio: imposibilidad de calefaccionar hogares en el invierno, restricciones para cocinar y dificultades en el uso relacionado con la higiene personal.
En la misma línea de ofensiva de los núcleos políticos neoliberales se filtró la información de que en el Consejo de Mayo se está pergeñando una reforma educacional sustentada en conceptos ideológicos retrógrados que incluirían «la educación en el hogar» como forma alternativa de enseñanza y planes de estudio «propios» diseñados por cada escuela, lo cual eliminaría los planes nacionales. El proyecto también restringe el derecho de huelga de los docentes. Como corolario, el proyecto autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas de manera optativa. Si esta iniciativa avanza llevaría la educación a épocas anteriores a la sarmientina Ley 1.420 de enseñanza libre, gratuita y obligatoria, que desde los núcleos de la intelectualidad del poder critican por su carácter igualitarista.
Tal como ocurrió en otros períodos recientes de la historia argentina, la aplicación de modelos económicos de ajuste de las cuentas públicas, apertura irrestricta de importaciones y endeudamiento externo afecta a la mayoría de la sociedad, que sufre las consecuencias. Si bien sus mentores intentan presentarlo como el único camino posible, también la propia experiencia muestra que existen y son viables modelos de expansión del mercado interno, estímulo a la producción nacional y defensa de los recursos naturales en favor de los intereses nacionales. Es la disputa entre dos modelos, en suma, el escenario en el que se dirime el futuro del país.
