11 de julio de 2025
Quorum y consenso. El Senado aprobó por amplias mayorías proyectos a contramano del ajuste impulsado por el Ejecutivo.
Foto: Antonio Becerra
El Senado fue esta semana escenario principal del contraste de posiciones entre el Parlamento y el Gobierno nacional en materias tan sensibles como los haberes jubilatorios, la atención a personas con discapacidad, la asistencia a pobladores afectados por eventos climáticos extremos en Bahía Blanca y la correcta distribución de los recursos entre Nación y provincias.
La Cámara Alta aprobó el pasado jueves por amplias mayorías una serie de leyes sobre esas y otras materias, con lo cual logró sortear la habitual renuencia del Poder Ejecutivo a tratar temas que impliquen decidir democráticamente el destino de los recursos estatales.
El presidente Javier Milei advirtió que los proyectos aprobados –algunos de ellos atribuidos a gobernadores cuya supuesta intención es «romper todo»– terminarán por dañar «el equilibrio macroeconómico», lo cual interpretó como un «golpe institucional».
En rigor, el jefe libertario encontró un límite a sus políticas a partir de la actitud de la mayoría de los legisladores , reflejo de la diversidad de sectores políticos que apoyaron los proyectos (tanto en Diputados como en el Senado).
Milei se ilusionó con superar este momento, al que definió como «transitorio» y amenazó: «Después de que los aplastemos en las elecciones vuelvo a poner las cuentas en orden a la brevedad».
Ese presunto «orden» es el del drástico ajuste fiscal para hacer lo que se pueda con los recursos existentes, cuando debería ser al revés: a partir de las necesidades perentorias de la población, en especial de sus segmentos más vulnerables, evaluar de dónde se obtienen los medios para satisfacerlas.
Entre las consecuencias de la vía que defiende la Casa Rosada, se conocieron recientemente datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (Universidad Católica Argentina) sobre la evolución de la Inseguridad Alimentaria en la Infancia, que llegó al 35,5% en 2024, su nivel más alto en una década. Más allá de reiterar nuestro cuestionamiento a algunos puntos de la metodología utilizada, el estudio sostiene que 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes sufrieron una merma en cantidad y calidad de consumo de alimentos, mientras la mitad de ellos lo hace en condiciones severas.
Milei. Mientras los legisladores sesionaban, el presidente anunció en la Bolsa de Comercio que vetaría todas las iniciativas que estaban debatiendo.
Lejos de las necesidades populares
El Senado aprobó la ley que actualiza las jubilaciones y pensiones, que ya había obtenido luz verde hace un mes en Diputados, apoyado en un trabajoso consenso entre distintas fuerzas políticas.
La norma sancionada establece un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2% (en compensación por lo que en su momento no cobraron de la inflación del 20,4% de enero 2024), un aumento del bono, de $70.000 a $110.000 y su actualización mensual por el índice de movilidad.
Se dispuso además la transferencia de fondos de la ANSES a las provincias con cajas previsionales no traspasadas a la Nación, la mejora de la Pensión Única por Adulto Mayor (PUAM), y la prórroga por dos años de la moratoria previsional.
Como se recordará, en septiembre pasado el Congreso Nacional ya había convertido en ley una iniciativa similar, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo. Luego, el Parlamento no pudo obtener los dos tercios necesarios para rechazar el veto.
Este jueves también se aprobó por unanimidad el proyecto de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y la recomposición de los salarios del personal de salud afectado a la atención de este sector. La iniciativa también solicita una mayor eficiencia en los procesos de auditorías, la aprobación de pensiones por discapacidad y la actualización de las mismas.
Los senadores rechazaron asimismo el veto del Ejecutivo a la emergencia en Bahía Blanca (en este caso, aún queda pendiente el tratamiento en Diputados).
Obtuvieron igualmente media sanción en el Senado los proyectos para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional.
Milei ya anticipó que vetaría, una vez más, las leyes aprobadas en el Congreso Nacional, e incluso que las «judicializaría» en caso de que los vetos fueran rechazados. Lo cual confirma que la prioridad del Gobierno sigue siendo la eliminación del rol del Estado, al que considera «la representación del maligno en la tierra», aunque en ese camino se dejen de garantizar derechos esenciales de la ciudadanía.
En este marco, al concluir la vigencia de las facultades delegadas al Ejecutivo mediante la Ley de Bases, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, se festejaron los recortes, la eliminación de áreas estatales y despidos de trabajadores con un acto en Casa Rosada.
Con esa actitud, los gobernantes adelantan que el ajuste va a continuar en caso de que el oficialismo obtenga un buen resultado en las urnas. Más aún, sin importar el costo social se prometen nuevas cesiones del patrimonio público al sector privado y reformas regresivas en lo laboral, impositivo y previsional. Todo eso, mientras se trata de satisfacer al Fondo Monetario Internacional y a los mercados, bien lejos de las verdaderas necesidades de las personas y los sectores productivos locales, en particular de las pequeñas y medianas empresas.
