6 de julio de 2024

El Gobierno nacional espera obtener la semana próxima, cuando se presente el «Pacto de Mayo», un respaldo político al modelo anti sector público y de ajuste de las cuentas que viene aplicando desde su inicio y que planea profundizar, como se deduce del anticipo de Presupuesto 2025 enviado al Congreso.

Los 10 puntos incluidos en el denominado Pacto de Mayo, sin embargo, no pasan de ser una enumeración unilateral, sin elaboración compartida, de intenciones generales orientadas hacia el libre mercado, como si ese fuera un sólido punto de partida para la recuperación económica y social.

Un escenario difícil de proyectar cuando en el Pacto luce por su ausencia toda referencia al crecimiento con inclusión de los sectores más vulnerados de la sociedad. Estos últimos, desde el universo laboral (en blanco o informales) hasta las pymes que atienden las demandas del mercado interno, padecen desde diciembre una situación recesiva que todo indica que se profundizará en los próximos meses.

Es preocupante la promesa, para el año próximo, de continuidad de las políticas que vienen provocando un agudo deterioro desde el punto de vista productivo y social. Sin que se contemplen correcciones en el rumbo, lo que se anticipa, entre otras prioridades, es un «equilibrio fiscal sostenido» y la «modernización y simplificación del Estado».

Está claro que el camino propuesto, más allá de los eufemismos utilizados, es el desfinanciamiento de las prestaciones públicas en múltiples ámbitos, el freno del plan de obras de infraestructura, el traspaso de empresas estatales y el achicamiento de la administración, con los consiguientes despidos de personal. A esos fines apunta la reciente creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

¿Puede esperarse que ese sea el trayecto hacia el fin de la caída del producto bruto, que para este año se calcula en 3,5%? Lo cierto es que ese retroceso se explica principalmente por la gran baja de la demanda interna. El consumo privado, el mayor componente del PBI, registraría una merma del 6,6%, la inversión del 17,2% y las importaciones, acompañando este proceso recesivo, caerían 17,7%.

El único ítem en el que se aguarda una expansión es el de las exportaciones (+20,9%), en función de la baja base de comparación producto de la sequía durante el ciclo anterior.

Por otra parte, se auguran buenas perspectivas para los sectores agropecuario y de minas y canteras, mientras en la otra punta se prevén fuertes bajas en Industria (-9,8%) y el Comercio (-9,1%), datos reveladores de la magnitud de la recesión que se proyecta.

Programas sociales
El adelanto del Presupuesto 2025 oculta además el serio problema de los recortes en la asistencia a las familias más golpeadas por la elevada inflación, causante de la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Se habla, en cambio, de un «acompañamiento social sin intermediaciones» y de un supuesto «significativo incremento en el valor real de los programas sociales sin intermediarios a la población más vulnerable».

La magnitud de la crisis, en realidad, puede medirse si se toman los datos de la distribución del ingreso per cápita familiar a nivel nacional. Se observa así que empeoró en todos los deciles, aunque más lo hizo en el primero (el 10% de la población con menores ingresos), que registró una caída en el primer trimestre de este año del 31%. Nada hace pensar que el problema desapareció en los meses siguientes, todo lo contrario.

Por su parte, tomando los datos de la Ciudad de Buenos Aires durante enero-marzo, la pobreza se ubicó en el 35,1% de la población (+13,3 puntos porcentuales respecto de un año atrás), y la indigencia alcanzó al 15,3% (+8,4 puntos).

Las urgencias a resolver obligan a repensar un país diferente, en el que el marco democrático incluya las dimensiones económicas y sociales. Justamente, la división de poderes permite disentir, debatir, modificar y así mejorar los proyectos para lograr incluir la postura de las diversas posiciones políticas y de las regiones del país a las que representan las/los legisladoras/es.

La base de la discusión debe ser un Estado que fomente el desarrollo de la economía, el crecimiento de su mercado interno, la protección de la producción nacional frente a las importaciones. Un Estado que regule, que administre, que asigne recursos y que establezca prioridades. Que no resigne los avances que hemos logrado en áreas como la ciencia y la tecnología.

Es entendible además que la explotación de los recursos naturales puede requerir de capital, tecnología y conocimientos externos. Para lo cual son imprescindibles acuerdos estratégicos que no comprometan la soberanía y el interés nacional. Que lleven beneficios tanto para las provincias como para la Nación y eviten concesiones onerosas e innecesarias.

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