25 de agosto de 2020
En todos los órdenes de la vida la pandemia nos ha enfrentado a lo mejor y a lo peor de nosotros y nosotras como personas y como comunidad. El periodismo y la comunicación no escapan de esta realidad. No es necesario recalar en los ejemplos. Cualquier persona medianamente informada ha podido percibir (también sufrir) las consecuencias.
En reconocimiento de quienes hacen comunicación vale decir que a los obstáculos y dificultades propias de la profesión, en tiempos de pandemia se han sumado (como en tantos otros órdenes de la vida) la desarticulación de los espacios laborales, la presión psicológica que genera el teletrabajo, la distancia social y el temor al contagio cuando la tareas demandan presencialidad. Lo ocurrido deja en evidencia que ninguna precaución resulta suficiente dada la agresividad del virus y el desconocimiento que hasta ahora la ciencia sigue teniendo sobre la enfermedad.
Si bien nada es comparable con quienes brindan servicio en las áreas de la salud, se puede afirmar que el periodismo –junto con otras profesiones– cumple un papel esencial en esta crisis porque es una vía de acceso a la información, que en algunos casos es vital y en otros se vuelve por lo menos necesaria: qué hacer, qué prevenciones tomar, a qué acceder, etcétera.
También en una coyuntura como la actual, tan paradójica y fuera de todos los parámetros conocidos, el derecho a la comunicación tiene que ser reafirmado como un derecho ciudadano y como una responsabilidad social de comunicadores y comunicadoras. Llama la atención, entonces, que frente al enorme volumen informativo que se procesa sobre la pandemia, muchos comunicadores y comunicadoras no especializados en información científica o de salud, se hayan transformado en «expertos» en temas que le son ajenos, en «opinadores» sobre cuestiones que no conocen. Otros montaron, frente a las cámaras, irresponsables parodias para demostrar la supuesta eficacia de medicamentos desaconsejados por la ciencia. Algunos más cuestionan a los científicos, a los médicos y al personal de salud, y brindan de manera irresponsable opiniones o consejos sin hacerse cargo de que con ello quizás induzcan a las audiencias a conductas absolutamente perjudiciales para la salud o que pueden acarrear peligro de muerte.
Hay circunstancias que demandan al periodismo una suerte de «especialización» a marchas forzadas y que, inevitablemente, provocan errores no deseables. Pero hoy el agravante radica en que lo que está en juego es, en primer lugar, la salud de la población, pero también muchas otras consecuencias económicas, políticas y culturales que son corolario de lo anterior. Extremar las precauciones para seleccionar las fuentes y recurrir a los interlocutores más aptos puede disminuir, aunque nunca eliminar, las posibilidades de cometer disparates. Escuchar a las personas idóneas y a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y difundir sus puntos de vista puede ser en estos casos mucho más importante que decir, que hablar sin fundamento ni sentido.
En realidad no debería existir un periodismo en tiempos de crisis y otro de normalidad. Los criterios de rigurosidad, de sujeción a la verdad y de responsabilidad social tendrían que ser permanentes y situarse siempre en los más altos estándares. Pero las circunstancias excepcionales demandan también virtudes y compromisos fuera de lo normal.
Así como se dice que la mejor defensa contra el COVID-19 es el aislamiento preventivo y el cumplimiento de los resguardos aconsejados por la autoridad sanitaria, los medios de comunicación y sus profesionales deberían advertir que en ellos radica la responsabilidad de convertirse en «vacuna» contra el peligroso virus de la desinformación y la distorsión informativa. En esta coyuntura, el manejo de la información se transforma en una tarea sensible que requiere de un manejo cuidadoso y exigente porque en lo dicho, lo expresado y también en lo omitido, va el riesgo sanitario de muchas personas a las cuales, por contrapartida, les asiste el derecho a la comunicación y tienen motivos entonces para demandar que se los respete y se les brinde el servicio que por derecho les corresponde.
(Emiliano Palacios)
