24 de septiembre de 2023

El conjunto de medidas que anunció el Gobierno y los proyectos que se aprobaron en la Cámara Baja tienen por objetivo corregir los impactos generados por la devaluación y la sequía. Por tal motivo, deben ser analizados desde un punto de vista integral en relación con la necesidad de recuperar los ingresos y proteger a los sectores productivos del país.
Algunas de las decisiones tuvieron impacto mediático, pero otras de enorme importancia no alcanzaron la misma difusión, a pesar de lo que representan para el conjunto de la sociedad. Se trata de cuestiones que necesitan continuidad en el tiempo, por lo cual resulta indispensable que tengan fuerza de ley. Una de ellas es la media sanción para la creación de cinco nuevas universidades nacionales: la del Delta, la de Pilar, la de Ezeiza, la de Río Tercero y la de Madres de Plaza de Mayo.
Diputados también aprobó el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino («Empleo MiPyME»), que se propone crear nuevo empleo de calidad registrado y que las empresas regularicen la situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en la informalidad. Al mismo tiempo, la propuesta es que los planes sociales se transformen en empleo registrado a cambio de beneficios para los empleadores.
Según la información disponible, en empresas de hasta cinco trabajadores hay algo menos de un 75% de informalidad; en las que cuentan con un plantel de entre 6 y 40 personas la cifra es del 35%; entre las que tienen entre 41 y 100 llega al 15% y en las de más de 100 la proporción es del 12%. Estos datos hablan por sí solos de que las beneficiadas por el proyecto son básicamente las micro y pequeñas empresas y, en menor grado, las medianas y grandes. Es un proyecto que está en las antípodas de las propuestas flexibilizadoras, que no solo propician la pérdida de derechos laborales sino que, al reducir las contribuciones patronales, terminan desfinanciando el sistema previsional.
Donde hubo mayor discusión política y mediática es en el tratamiento de la ley sobre Ganancias, que deja sin efecto desde el 1° de enero de 2024 el pago de ese impuesto a trabajadores, jubilados y pensionados que cobren hasta 15 salarios mínimos. Esa suma es hoy día de 1.770.000 pesos. Quienes tengan ingresos que superen ese valor –que a partir de ahora será el mínimo no imponible– quedarán dentro de un régimen cedular con tasas del 27% al 35%.
Cuando el tema se debatió en el recinto, donde fui el diputado informante, mi planteo fue que se trata de una medida que beneficia a la gente y no una medida electoralista, como argumentaban algunos legisladores. «¿O acaso quienes gobernamos o tenemos distintos roles en la función de gobierno no deberíamos impulsar medidas que beneficien a la gente?», señalé entonces.
Otras medidas que se vieron estos días son la devolución del 21% del IVA para la compra de productos de la canasta básica con tarjeta de débito a todas las personas que ganen hasta 708.000 pesos mensuales. Para darle fuerza de ley, el Gobierno envió el proyecto al Congreso este viernes.
Al mismo tiempo se dispuso la ampliación del refuerzo alimentario de ANSES y el aumento del monto a 15.000 pesos, una medida que alcanza a cerca de 3 millones de beneficiarios.
Por otro lado, se habilitó un alivio fiscal para autónomos, monotributistas, profesionales y pymes. Se beneficiarán con esta medida unos 700.000 autónomos mediante la prórroga del pago de los aportes personales y de IVA en lo que resta del año. El monto no sujeto a retención del impuesto a las Ganancias, además, pasó a 160.000 pesos. Hubo también decisiones que benefician a los monotributistas, como la suspensión de la exclusión por superar el límite de facturación hasta la próxima actualización y la baja automática por falta de pago. En este caso, los beneficiarios son un millón de personas.
En cuanto a las pymes, se implementa un plan de pagos de hasta 120 cuotas para regularizar las deudas fiscales, con una tasa significativamente menor a los intereses vigentes, y se suspenden las ejecuciones fiscales. Hay unas 400.000 empresas que tendrán ahora un alivio. Otro anuncio se relaciona con el proyecto de ley para un régimen de simplificación fiscal (SIMPLE) destinado a profesionales y micro y pequeñas empresas.
La oposición no cejó en cuestionar estas medidas por considerar que «generan déficit fiscal». Un argumento que podría contrastarse recordando la cantidad de proyectos enviados al Congreso que podrían generar ingresos significativos al Estado y que no se pudieron tratar por falta de acompañamiento parlamentario.
Uno de ellos es el de la exteriorización de activos no declarados en el marco del régimen de intercambio de información que Argentina firmó con más de 100 países, entre ellos Estados Unidos. Otro es la propuesta de gravar a las grandes empresas, en una iniciativa que sigue las recomendaciones de la OCDE. Ese proyecto destaca en una separata, además, el gasto tributario que representan las exenciones y dispensas impositivas, que suma el 4,72% del PBI.
Esto para insistir en que no somos «hinchas» del déficit fiscal, sino enemigos de que para resolver el problema de las cuentas públicas se recurra a políticas de ajuste. El equilibrio fiscal debe basarse en un esquema tributario progresivo y suficiente. Como dijo el presidente brasileño Lula da Silva en su intervención en la Asamblea anual de las Naciones Unidas, «el neoliberalismo agravó la desigualdad económica y política que hoy asola a las democracias (…) por lo que se debe romper con la disonancia entre la voz de los mercados y la voz de las calles».
El riesgo, como recordó Lula, es que «en medio de los escombros surgen aventureros de extrema derecha que niegan la política».

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