18 de junio de 2024
En las próximas semanas la Cámara de Diputados debatirá los proyectos de Ley Bases y la reforma fiscal aprobados y modificados por el Senado. Como era de esperar la sesión del Parlamento del pasado miércoles se presentó con enormes complejidades, tanto al interior del debate como en la manifestación convocada en rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.
El Gobierno blindó el Congreso Nacional con un dispositivo represivo que de algún modo expresa el intento de instalación de una nueva versión de la doctrina de seguridad interna, que restringe el derecho democrático de libertad de opinión y de protesta establecido en la Constitución Nacional. Que las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos convoquen a una manifestación en oportunidad de una sesión parlamentaria tendría que ser un evento positivo para el sistema democrático, y no lo contrario. Sin embargo, esto no se compadece con la visión del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Lo más preocupante, además del sospechoso accionar de algunos grupos que ejercieron violencia en las calles aledañas al Congreso, es el intento de establecer una suerte de nueva doctrina, que no tiene ningún sustento en los acontecimientos reales, a partir de la cual cualquier manifestación pública puede ser ponderada como acto terrorista o intento de golpe de Estado. Se debe tener en cuenta que la sociedad argentina ya sufrió tiempos de golpes de Estado violentos que conculcaban el sistema democrático y la vida ciudadana, y practicaban justamente el terrorismo de Estado, que es la utilización del poder del Estado Nacional para impedir toda acción que cuestione determinadas políticas de los Gobiernos.
Lo importante
Al cabo de 40 años de democracia lo fundamental sigue siendo ampliar su concepto, con mayor participación de ciudadanía en la cosa pública, y no lo contrario; por lo tanto resulta determinante ampliar la libertad de expresión, y no restringirla; lo fundamental es afirmar la relación de la ciudadanía con el Poder Legislativo, a los efectos de que la división de poderes, establecida por la Constitución, se enriquezca con el protagonismo del pueblo y sus organizaciones representativas, y no lo contrario.
Se sabía que la Ley Bases y la reforma fiscal han generado una gran controversia en la sociedad y en el Parlamento. La votación en general en el Senado, que terminó empatada 36 a 36, demuestra la diversidad de opiniones acerca de proyectos tan trascendentes, que si bien perdieron en el camino una cantidad importante de sus enunciados originales, siguen teniendo definiciones que comprometen el presente y el futuro del país.
Un ejemplo claro es el del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que, sin dudas, define la política hacia nuestros recursos naturales estratégicos por décadas y con condiciones extremadamente favorables para las grandes empresas multinacionales. Resulta inevitable entonces que, en este punto al igual que en las facultades delegadas, se genere un gran debate.
Detrás de los festejos
De cualquier manera, luego de aprobada la ley y tratadas sus disidencias, si nos guiamos por quienes celebraron, se puede apreciar quiénes aparecen como ganadores y quiénes sienten que serán perjudicados o víctimas de su aplicación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra y expresa su apoyo al rumbo del Gobierno y a la sanción de la ley, los principales voceros de Wall Street también, la Bolsa de Comercio se incorpora a la celebración, otras organizaciones empresarias como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) y Cámara Argentina de Comercio (CAC), ya habían convocado al apoyo a la ley.
A su vez el bloque de Unión por la Patria en el Senado, como ya había ocurrido en Diputados, se mantuvo unido, aunque sufrió algunas defecciones en el tratamiento en particular, que están generando severas controversias con los senadores que apoyaron, junto a sus gobernadores, la iniciativa del Gobierno de Javier Milei.
De cualquier manera falta un camino a recorrer en la Cámara de Diputados, donde se resolverá el debate final de las iniciativas en un contexto de disputa política. Según ha expresado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la línea del Gobierno sería desconocer los acuerdos alcanzados en el Senado, a los efectos de aprobar en forma irrestricta lo resuelto oportunamente por Diputados, que es la Cámara de origen.
