29 de enero de 2024

El centro de la opinión pública y de las ponderaciones periodísticas están colocadas en el debate parlamentario del megaproyecto de ley. La otra esfera, la de la justicia, que debe expedirse acerca del DNU del 20 de diciembre, está aplazada en lo esencial hasta febrero, ya que la Corte Suprema especuló con la postergación, a la espera de los acontecimientos políticos que se vienen desarrollando entre la iniciativa del Poder Ejecutivo y el debate parlamentario.
Sin embargo, desde nuestro enfoque, ocurrió un hecho determinante en la política nacional: el paro y, fundamentalmente, las masivas manifestaciones del miércoles 24 de enero. La iniciativa tomada por la CGT y las otras centrales de trabajadores, las organizaciones sociales, diversos partidos políticos y movimientos culturales tuvo la peculiaridad de que, si bien su epicentro fue en los cientos de miles de personas que concurrieron a la Plaza Congreso en Buenos Aires, se registraron masivas marchas en todas las grandes ciudades del país. Algunos ejemplos, como los de Mar del Plata, Bariloche, Tierra del Fuego, Tucumán y Rosario, son representativos de ese fenómeno. Por lo tanto, resulta insoslayable colocar en el análisis político el impacto que ese evento ha tenido ante el conjunto de la sociedad, a nivel de los parlamentarios y el Poder Ejecutivo.
Como es lógico en términos políticos, tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los principales editorialistas de los medios hegemónicos, intentaron reducir no solo el tamaño en términos cuantitativos de la convocatoria, sino también su importancia política.
Teniendo en cuenta la experiencia histórica en la Argentina y el valor de la calle y las plazas en los acontecimientos políticos de nuestro país, el hecho no debe ser subestimado, más bien debe ser ponderado como un evento de gran trascendencia.

En tiempo y forma
El argumento de que la movilización fue prematura teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde que asumió el Gobierno no es sostenible, ya que nunca como ahora se planteó en tan poco tiempo una cantidad de iniciativas como las que impulsó el presidente de Milei. La derogación de más de 600 leyes mediante un decreto de necesidad y urgencia y un proyecto de ley ómnibus que altera todas las relaciones económicas, sociales y culturales del país borran de un plumazo cien años de historia en materia legislativa. Además, compromete no solo los derechos sociales y culturales de la gran mayoría de los trabajadores y clases medias, también arriesga el patrimonio nacional, al plantearse la enajenación del grueso de las empresas del Estado, de la tierra pública, abre las puertas a la inversión minera en glaciares y promueve la desfinanciación de todo lo relacionado con educación, ciencia y tecnología. Por lo tanto, la reacción de las organizaciones de trabajadores es directamente proporcional a las medidas del Gobierno.

Cierto es que ante la gran presión social y de los partidos políticos con representación en el Parlamento, el Gobierno se vio obligado a dejar de lado una cantidad importante de sus pretensiones. En ese punto el escenario todavía está abierto porque todo indica que el oficialismo no tiene los votos para avanzar con el proyecto de la denominada ley ómnibus. Incluso la cantidad de disidencias plasmadas en el dictamen de mayoría auguraría resultados muy inciertos en otros puntos centrales del proyecto. Voceros de la oposición, sin embargo, ponen el énfasis en una cuestión que sería determinante: el otorgamiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por un año con opción a uno más. Esas opiniones indican que aquello que ahora en el trámite parlamentario no sería legitimado por el Congreso, el presidente de la Nación, con facultades delegadas, podría hacerlo mediante la utilización de decretos. El propio presidente y su ministro de Economía ratificaron esa intención: «Lo haremos a pesar de todo». Y el ministro Caputo ratificó que el objetivo del déficit cero es inalterable. Vale aclarar que no hay posibilidad de déficit cero sin grandes restricciones de gasto social, entre ellos el jubilatorio. El tema de las facultades delegadas pasa a ser determinante en el debate que se avecina.

Dos banderas: cultura y Malvinas
No puedo dejar de señalar el tema de la cultura, la ciencia y la tecnología, ya que para nosotros es un tema determinante y crucial. Pese a los cambios introducidos en el proyecto, toda la comunidad de la cultura y artística siguen insistiendo en que, si bien el Gobierno desistió del cierre de las entidades de gestión cultural, su voluntad de desfinanciarlas compromete su rol y llevaría a una virtual extinción del fomento a la cultura por parte del Estado nacional.
Finalmente, en los últimos días se conoció el intercambio que mantuvo el presidente de la Nación con el canciller británico David Cameron en el Foro de Davos. Todo indica que deberíamos tener una fuerte preocupación, ya que la expectativa británica se fundamenta en concesiones en lo que dan en llamar «términos comerciales más favorables», por lo que el Gobierno argentino «olvidaría el conflicto sobre las islas Malvinas». Los medios ingleses hablan de una promesa del exprimer ministro británico para que evitar que Milei «presione el botón de las Malvinas».
El tema había surgido en la campaña electoral en la que tanto la entonces canciller en ciernes, Diana Mondino, como el actual presidente habían fijado una posición conciliadora sobre la soberanía argentina de las islas. De cualquier manera, hay una manda constitucional que ratifica la «legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur» y, fundamentalmente, la enorme mayoría de la opinión pública nacional seguramente defenderá la idea histórica de que las Malvinas son argentinas, por lo tanto, el tema soberanía es innegociable.

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