Opinión

Carlos Heller

Dirigente cooperativista

Debates trascendentes

Foto: Guido Piotrkowski

Ya comenzó el debate sobre el proyecto de Ley de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. El ministro de Economía, Sergio Massa, junto con su equipo, explicó los lineamientos formales de la propuesta para 2023 en la Cámara de Diputados. Ese proceso continuará durante las próximas semanas con la presencia de un amplio número de ministros y ministras, secretarios y secretarias de Estado, presidentes de empresas públicas, entre otros, a fin de brindar a diputados y diputadas el máximo de información posible para facilitar el debate posterior.
En su presentación, Sergio Massa instó a trabajar juntos en un acuerdo político. Dijo que «si de alguna manera podemos hacer una contribución para mejorar la convivencia democrática y el trabajo de cara a la sociedad argentina es buscar mecanismos de acuerdo, más allá de nuestras diferencias y de las distintas visiones de país que están reflejadas en la composición de este Congreso».
El mensaje oficial de elevación del presupuesto comienza diciendo que el objetivo es contribuir a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos, y al fortalecimiento del mercado interno. El Gobierno sostiene en dicho mensaje que promueve el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de las reservas y continuar impulsando el desarrollo con inclusión social. Plantea profundizar las políticas industriales y de ciencia y tecnología destinadas a generar más y mejor empleo y a fortalecer el sector externo por la vía de exportaciones de bienes y servicios. Eso es lo que conceptualmente se plantea.
Como cuestión central, y en el contexto de los temas que se discuten, vale decir que el presupuesto está en línea con los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, por los cuales se tendrá como objetivo bajar el déficit fiscal primario del 2,5% de 2022 al 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero el dato que hay que destacar es que la reducción del déficit esta basada en un incremento de los ingresos del 77,8% y un incremento de los gastos del 71,2%. El presupuesto plantea un objetivo de inflación del 60% durante 2023, por lo tanto, lo que determina es que el gasto crecería más que la inflación, aunque menos que los ingresos, lo que permitiría la reducción del déficit fiscal. Pero esa reducción no está resuelta desde el ajuste del gasto sino desde un aumento del gasto más moderado que el que se prevé para los ingresos.
Este es un concepto clave, porque no faltan voces que hablan de ajuste. Algunos ejemplos bastan para desmentirlos: el presupuesto de Salud crecería 86%, Promoción y asistencia social, 76%; Ciencia y tecnología, 127%.

Un problema global
El otro gran tema, y que podríamos decir que es parte de una preocupación global, es el de la inflación, que para la Argentina tiene características particulares.
Primera cuestión: el presupuesto plantea una política de reducción gradual y no de shock antiinflacionario: bajar al 60% en 2023, al 44% en 2024 y al 33% en 2025. Es decir, una gradualidad que intenta impedir los efectos recesivos que tienen los shocks antiinflacionarios.
Desde hace mucho tiempo sostenemos que la inflación en la Argentina obedece fundamentalmente a la generación de expectativas para especular y a la puja distributiva, es decir a la mayor apropiación que los grandes grupos económicos y los distintos eslabones de la cadena de bienes y servicios hacen del crecimiento económico, en detrimento de los sectores populares. El gran desafío que tiene este proyecto es revertir esa situación.
Ahora bien, esto se resuelve discutiendo cuál es la razonabilidad de la ganancia empresarial. Y el tema está en debate en todo el mundo. Hemos visto un crecimiento de la pobreza y la indigencia a nivel global y una maximización de las ganancias de los grupos concentrados, de las grandes empresas de comunicación y tecnología fundamentalmente, que han hecho que, por ejemplo, la riqueza de las diez personas más ricas del mundo se haya acrecentado no solo en términos nominales sino también en términos porcentuales de participación en la riqueza global.
Hay que insistir en que la Argentina necesita políticas que pongan límite a los márgenes de ganancia y que revise, a través de las leyes existentes o si hace falta sancionando nuevas, los distintos eslabones que intervienen en las cadenas de producción y distribución de bienes y servicios para detectar abusos, inconsistencias, así como incumplimientos reiterados de los compromisos que los distintos actores han ido acordando con el Gobierno nacional con respecto a planes como Precios cuidados y otros que, si se hubieran respetado, no tendríamos los niveles de inflación que hoy registramos.