13 de septiembre de 2022
Bariloche. En todo el país hubo multitudinarias manifestaciones en repudio al ataque sufrido por Cristina Fernández.
Foto: Télam
A once días del intento de asesinato de la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández, resulta necesario ponderar la respuesta de la sociedad. En tal sentido hubo una importante reacción de las instituciones políticas, sociales, culturales y empresariales. Aunque también se manifestaron otras expresiones, más que nada del arco opositor, que si bien fueron mayoritarias, hubo insuficiencias, declaraciones poco comprometidas, emitidas para cumplir. Sobresalió, en ese contexto, la contundente y masiva reacción popular, que recuperó la idea del pueblo ganando plazas y calles de todas las ciudades del país, mucho más allá del epicentro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.
La gravedad del hecho ocurrido el 1° de septiembre no admite visiones livianas o superficiales. Sin embargo, se viene generando una disputa por la lectura del acontecimiento. Desde los que dicen que hay un aprovechamiento por parte del kirchnerismo o los que asignan lo ocurrido a un grupúsculo de marginales, hasta los que lo asumen pero relativizando y reduciendo la gravedad del evento contra la vicepresidenta; los que quieren dejarlo atrás, dar vuelta la página y que el tema del odio y la acción de los medios no se tenga en cuenta en este debate. De ese modo, retoman una agenda de grieta, que nunca abandonaron, en la que medran núcleos con posiciones polarizantes.
Surge así un gran desafío, el de correr la frontera ideológica hacia un debate más democrático, con la convicción de construir una sociedad basada en principios pacíficos. Para ello hace falta un cambio en la vocación política con vistas a establecer líneas convivenciales tanto entre oficialismo y oposición como en los grandes medios de comunicación. Donde el lenguaje y los conceptos extremos, de descalificación del oponente, sean dejados de lado en pos de posiciones polémicas, incluso confrontativas, pero con una frontera definida de respeto a prácticas democráticas.
Por otra parte, la emergencia de la situación económica del país sigue vigente. Es importante que se esté saliendo de la crisis cambiaria que comprometía la estabilidad básica y que generó un clima de gran incertidumbre con una suerte de endiosamiento del dólar ilegal como ariete desestabilizador. En ese río revuelto los pescadores de siempre aprovecharon para remarcar y generar inflación. De allí que la deuda social hacia los 19 millones de pobres y clases medias comprometidas haya continuado desmejorando, a pesar del crecimiento de la economía, de la actividad industrial y de la ocupación. No hay duda de que la remarcación y aumento de los precios continúa erosionando los ingresos y la vida de una parte grande del pueblo.
El reto de los tiempos es que haya una gran participación de la sociedad en defensa de los principios y valores democráticos y, a su vez, pugnar por una imprescindible redistribución de la riqueza, en favor de las grandes mayorías postergadas. Defendiendo la democracia se estaría defendiendo, al mismo tiempo, la posibilidad de saldar esa deuda social.
