24 de septiembre de 2021
El resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) tiene múltiples interpretaciones y algunas certezas ineludibles. Una principal es que significó una derrota para el Gobierno nacional. En un contexto inédito, signado por la pandemia de COVID-19, ni el oficialismo ni la oposición esperaban un resultado como el registrado el 12 de septiembre. En el voto hubo un componente de reproche hacia el Gobierno, sumado a la falta de atractivo en algunos sectores para participar, dado que las PASO no son definitorias, y porque, salvo en contados distritos, no hubo competencia en el oficialismo como sí ocurrió con la principal alianza opositora. La baja en la participación fue notoria: apenas alcanzó el 67% cuando en 2017, en la misma instancia, fue de 75%.
En 2019 la ciudadanía votó por un cambio, a partir de una crítica severa al Gobierno de derecha de Mauricio Macri. Aquel resultado cimentó una esperanza en la población. De allí que, lo que hay que preguntarse es qué ocurrió con aquella esperanza de cambio.
La gestión actual no puede ser analizada sin tener en cuenta la irrupción de la pandemia. En ese sentido, vale preguntarse si se desplegaron políticas para responder a ese gigantesco desafío sanitario que comprometía la vida de las personas y para, al mismo tiempo, proteger a los afectados en el campo económico. El Gobierno hizo un esfuerzo muy significativo, desplegando una amplia gama de apoyos a las empresas para pagar los salarios a millones de trabajadores, la tarjeta alimentaria, remedios gratuitos para jubilados, el Ingreso Familiar de Emergencia, los créditos para pymes y monotributistas, entre tantas otras. Sin embargo, considerando el pronunciamiento electoral, fue insuficiente. Por eso resulta imprescindible ir hacia una profundización del rumbo.
En el marco de un fenómeno multicausal, aparece un factor determinante para el descontento de una parte de la sociedad: la relación precios-salarios, es decir, la puja distributiva como un elemento constitutivo de la disputa económica y política entre los sectores corporativos y los gobiernos democráticos y populares. Si bien el Gobierno promovió políticas para controlar y regular los precios, no obtuvo los resultados esperados. Los responsables de esos incrementos son grandes corporaciones oligopólicas, en una economía muy concentrada donde muy pocas empresas tienen entre 70% y 80% del mercado en cada rubro. No hay duda de que hubo abusos que implicaron transferencia de ingresos a favor de los sectores concentrados y en perjuicio de los más humildes y la clase media.
La disputa entre proyectos de país sigue vigente. En el final de la campaña se desnudó el planteo de flexibilización laboral impulsado por la oposición asumiendo su carácter de alianza de derecha con ideología neoliberal. Eso estará en juego el 14 de noviembre. Desde el oficialismo, tras el debate interno posprimarias y en el marco del relanzamiento de la gestión, se esboza un Presupuesto 2022 que plantea aumentos salariales de 5 puntos por encima de la inflación prevista, un crecimiento del 4% del PIB y la expansión de la inversión en obra pública. Así como se anuncian un conjunto de medidas para impulsar el consumo interno y mejorar la situación actual de los sectores más postergados.
La clave es la puja distributiva, pero también es necesario seguir dando respuestas en materia de educación, salud, cultura, derechos sociales, género. En definitiva, ante cada necesidad ciudadana. El horizonte estará en el 14 de noviembre, pero también en 2022/23 y, fundamentalmente, en responder a la esperanza que generó el cambio de 2019: la consolidación de un proyecto de país que privilegie a las grandes mayorías. Un país con desarrollo industrial y científico.
El aparato de comunicación que respalda el proyecto neoliberal impulsa la banalización del debate político, su vaciamiento de contenidos y sentidos, que favorece a quienes quieren ocultar su reciente gestión de gobierno, y al mismo tiempo, abre espacios para la antipolítica y variantes de ultraderecha. El reto no es sencillo. Se debe sustentar con la participación ciudadana, interpelando al pueblo para que se involucre y sea protagonista del proceso electoral y político.
TÉLAM