26 de mayo de 2024
En picada. El consumo en supermercados registró una caída internanual del 9,6% en marzo.
Foto: NA
Después de soportar en lo que va de 2024 el rigor de la recesión productiva y niveles de inflación altísimos, con un claro impacto sobre el poder adquisitivo de la mayor parte de la población, aún lucen lejanas las perspectivas de una mejora que, en caso de producirse, tendría un saldo de empobrecimiento y exclusión social. Del mismo modo, es imprescindible que el drástico recorte en el gasto público sea revertido cuanto antes, particularmente en lo que respecta a servicios esenciales que benefician a millones de familias y fueron puestos en riesgo por decisión del Gobierno nacional. En tal sentido, están a la vista las consecuencias de los tijeretazos en las transferencias a provincias (véase, por ejemplo, la protesta policial en Misiones) y en las partidas para obras de infraestructura.
Retroceso
Las expresiones oficiales de respaldo al ajuste pierden consistencia cuando se las coteja con la difícil coyuntura que atraviesan los sectores productivos, con excepción del agro. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en enero-marzo una caída del 3% frente al trimestre previo y una baja interanual de un 5,3%. Esto quiere decir que el panorama, del conjunto de la industria, la construcción y los servicios (que nada hace pensar que se haya revertido en abril y mayo) es muy similar al de 2019.
Es lógico que la situación se corresponda con una fuerte caída del consumo, como muestran las estadísticas de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, cuya baja fue del 9,6% interanual en marzo.
El registro se ubica un 10,4% por debajo de noviembre pasado y es el peor dato desde que el INDEC empezó a elaborar las series en enero de 2017.
Más allá de los pronósticos libertarios, en cuanto a que ya se llegó al punto «más bajo», cabría la pregunta sobre las probabilidades ciertas de recuperación de lo perdido en estos meses, en particular por las familias trabajadoras, jubilados/as y pymes.
Es preocupante en esta materia, dados los lineamientos estratégicos de este Gobierno, que el repunte en el dinamismo económico, si se produce en los próximos meses, se respalde en rubros como la minería, que no tienen grandes encadenamientos con la industria y el mercado interno. Un modelo de este tipo generaría muy poco empleo y de baja calidad, en consonancia con un ensanchamiento de la brecha distributiva y con un deterioro creciente de los ingresos populares.
Educación pública. Un proyecto de ley impulsado por bloques opositores busca revertir los recortes promovidos por el Gobierno.
Foto: Clara Pérez Colman
Universidades
Mientras en el Senado el tratamiento de los proyectos de ley «Bases» y de reforma fiscal se postergó sin fecha, ya que el oficialismo no consiguió los votos necesarios para emitir dictamen, en Diputados avanza una iniciativa para actualizar el presupuesto de las universidades.
Esta semana se alcanzó en la Cámara Baja un acuerdo en plenario entre distintos bloques, entre ellos el de Unión por la Patria (UxP), al cual pertenezco, para que se trate en reunión conjunta de las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda, la demanda de las casas de altos estudios y, además, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), vital para mejorar el salario de los educadores.
El oficialismo venía dilatando el tratamiento de estos temas, pero en la sesión se consiguieron 152 votos y se conminó a que se reúnan las comisiones, lo cual ocurrió el pasado jueves, cuando se produjeron cuatro dictámenes. El de UxP fue el mayoritario ,con 34 firmas, mientras el de la UCR, acompañado por Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, reunió 21 firmas. Este último propone la actualización de las partidas para los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios según la inflación, con ajustes bimestrales.
A esos puntos UxP agregó la simultánea adecuación presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales y de institutos tecnológicos; el restablecimiento de todas las obras de infraestructura en ejecución; la actualización de los salarios docentes y no docentes; y el aumento de la cantidad y monto de las becas universitarias. En este, como en otros aspectos, las políticas públicas deben garantizar de forma prioritaria los derechos básicos de la población.
