10 de noviembre de 2025
Council of the Americas. Milei, Caputo y Quirno con ejecutivos de empresas estadounidenses en Nueva York.
Foto: @OPRArgentina
El resultado electoral ha tenido un gran impacto en el escenario político. A partir de ese momento la gestión del presidente Javier Milei, más imbricado que nunca con el establishment empresario local y el estadounidense, se apresta a tomar la iniciativa luego de meses de una crisis integral de su Gobierno.
Todo indica que no trepidarán en avanzar lo más rápidamente que les sea posible tanto en medidas gubernamentales como en iniciativas parlamentarias, con el propósito declarado por el propio presidente de transformar regresivamente la matriz productiva del país. Lo cual, en buen romance, quiere decir continuar deteriorando el perfil industrial y acentuar la concentración a favor de las corporaciones internacionales, asociadas a la burguesía local, con el fin de regresar al país factoría del 1900, como también ha proclamado el presidente.
Habría que hacer una salvedad en este esquema, ya que hay algunas ramas de la actividad que interesan a los oligopolios multinacionales, como el petróleo y la minería (uranio, litio, cobre y otros minerales críticos), hoy en disputa entre China y Estados Unidos. Para explotar estos recursos cuentan con el sustento del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que subordina al Estado a los negocios de las grandes empresas.
Para imponer esos proyectos fundamentales se proponen transformar las bases institucionales de las relaciones laborales, particularmente liquidando la vigencia de las convenciones colectivas, pasando a acuerdos por empresa, aunque el objetivo político de fondo es la desarticulación de la estructura sindical, como reconoció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El otro punto estratégico de la avanzada de la asociación del Gobierno con las corporaciones es continuar con el desguace del Estado, sus empresas y sus funciones vitales como salud, educación, asistencia social y desarrollo productivo. En estos días se conoció un fuerte impulso por parte del Gobierno a su concepción privatizadora, poniendo el eje en la venta parcial de Nucleoeléctrica, empresa operadora de las centrales nucleares (Atucha 1 y 2 y Embalse), como así también de las represas generadoras de energía.
A lo mencionado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó una nueva iniciativa: el endurecimiento del Código Penal.
En suma el Gobierno y sus sustentos empresarios, al calor de su triunfo, se proponen aplicar la fórmula clásica de las derechas en estos tiempos: moldear el miedo a participar, a la inseguridad, a perder el trabajo, así como descalificar a las fuerzas opositoras, específicamente al kirchnerismo.
Litio. La minería es una de las actividades privilegiadas por el régimen de incentivo para grandes inversiones.
Foto: Shutterstock
Escenario abierto
Por su parte la oposición se encuentra en un proceso de debate interno, todavía endógeno, tras el cual se propone ir recomponiéndose y retomar la iniciativa, recuperando el valor de las movilizaciones de los últimos tiempos, de trabajadores, universitarios, científicos y feminismos, que fueron un aliento determinante para la sanción de leyes demandadas por las mayorías y el rechazo a los vetos presidenciales.
Así como debe asumirse que la derecha está en un momento de avance y se propone ir por todo, simultáneamente no se puede soslayar que la situación económica de las grandes mayorías sigue siendo tan comprometida en sus necesidades básicas como antes de las elecciones, incluyendo a sectores que votaron al mileísmo.
Además, el núcleo de poder económico, a la vez que celebra, presiona para que se materialice un ajuste mayor del gasto público y se acentúe la apertura de las importaciones, lo cual afecta al trabajo y a las pymes, principales generadoras de empleo y producción.
Es dable aclarar que el Gobierno se propone tratar en sesiones extraordinarias la denominada reforma laboral. En realidad, se trata de una contrarreforma, cuyo propósito es revertir lo reformado en otros tiempos en un sentido de progreso para los trabajadores: convenciones colectivas, jornada diaria de 8 horas, estabilidad laboral, indemnizaciones, aguinaldo, entre otras.
Similar propósito regresivo sustenta la reforma tributaria que impulsa el Gobierno. Es conocido que con la matriz de ingresos fiscales se financia nuestra salud, educación, jubilaciones, ciencia y tecnología, obras públicas, políticas para las pymes y la seguridad social. Los autodenominados «reformistas modernos» se proponen alterar esa base. La experiencia internacional y los primeros dos años de este Gobierno indican que en realidad estas reformas implican reducir impuestos a las ganancias y a los patrimonios e incrementar los relacionados con los consumidores y el trabajo.
En suma, el presidente Milei y el poder económico se proponen avanzar decididamente en los próximos meses, aprovechando el impulso del triunfo electoral. A su vez, como señalamos, continúa vigente el deterioro de la situación económica de las grandes mayorías, los sectores humildes y amplias capas de las clases medias. En ese contexto, el escenario sigue abierto.
