7 de enero de 2024

Las ambiciosas modificaciones planteadas por el Gobierno nacional, primero mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70) y luego con el envío al Congreso del proyecto de «ley ómnibus», apuntan a cambios regresivos profundos, más allá de la declamada recuperación de la libertad.
Lo que se plantea en estos días como punto de partida de una economía desregulada desconoce los avances reales logrados en diversas áreas durante 40 años de democracia, particularmente en lo que respecta a los derechos ganados por las mayorías populares.
Se llega inclusive a poner en riesgo el funcionamiento democrático, por vía de una proyectada concentración de poderes en el Ejecutivo.
Todo ello, para instalar un régimen cuyos primeros pasos benefician a los sectores más concentrados, locales y del exterior, mediante gigantescas transferencias de ingresos, con el argumento de que hasta hace un mes atrás había «precios reprimidos» que debían ser liberados de inmediato.
Desde la Casa Rosada se impulsa así una presunta «libertad», caracterizada por la ausencia de valores como la solidaridad, la equidad, la responsabilidad social, la preocupación por los demás.
Esa disparidad se agranda día a día y deteriora la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población, empujada a situaciones de fragilidad extrema, en una espiral de aumentos que recién empieza y difícilmente se detenga en las próximas semanas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió en que «el Gobierno no intervendrá en los precios, es un tema de resolución entre las partes». Por ahora, las partes consumidoras no pueden más que sorprenderse con los súbitos incrementos que se van aplicando a productos y servicios.

Golpe al bolsillo popular
El salto inflacionario es contundente en alimentos y bebidas y alcanza inclusive a familias de clase media, como también ocurre con los combustibles y las cuotas de la medicina prepaga, mientras se preparan fuertes subas en las tarifas de luz y gas.
En el caso de la carne vacuna está claro quiénes se beneficiarán con la eliminación de las restricciones para exportar siete cortes populares, y quiénes, en cambio, no podrán acceder al pago del precio internacional.

Algo similar ocurre con los combustibles, que las petroleras cobrarán a valor internacional cuando los costos de producirlo en la Argentina son más bajos. Cabe preguntarse: ¿ser un país productor de hidrocarburos tiene que ser un beneficio para las empresas, pero no para los ciudadanos?
Está claro que el esquema buscado con el DNU y el proyecto de ley alientan cambios de fondo no porque existan supuestas urgencias, sino por el interés de consolidar una plataforma ultraliberal con recetas que en años anteriores mostraron su fracaso y dejaron dolorosas secuelas.
Tal es la razón por la cual el capítulo de reglas laborales del DNU ya sufrió dos primeros amparos y se encuentra suspendido por medidas cautelares.
En tanto, el presidente pretende que la «ley ómnibus» sea sancionada antes de fin de mes, pero solo se le ha dado giro a tres Comisiones del Congreso, cuando la diversidad de temas incluidos requerirían por lo menos que se reúnan 25 Comisiones de trabajo.
Señales por demás preocupantes, de parte de un jefe de Estado que solicita la delegación de facultades legislativas por dos años con opción a dos años más. Lo cual podría significar que durante los cuatro años de gestión de Javier Milei el Parlamento quede como una figura meramente decorativa, sin cumplir con la función que la Constitución Nacional le asigna en el marco de la división de poderes.
¿Puede decirse que es esa la libertad que avanza?

Compartir