17 de marzo de 2023
Está claro que la cifra altísima de 6,6% que mostró en febrero el Índice de Precios al Consumidor no puede ser explicada por la evolución de los salarios, las tarifas o el tipo de cambio. Y mucho menos por la emisión monetaria, que el año pasado creció menos de la mitad del registro inflacionario.
En algunos casos, las expectativas cumplen un rol central. La suposición de que los precios van a aumentar provoca el aumento real de los precios. Luego, si esa hipótesis no se cumple, el efecto ya se produjo: los precios aumentaron.
Hablamos de «incrementos preventivos» que aplican los integrantes de las distintas cadenas de valor por la eventualidad de que se produzca, por ejemplo, una devaluación que encarezca luego la reposición de los productos finales o intermedios.
Los aumentos que efectivizan esos actores intentan que el precio de las ventas de los stocks existentes no se ubique por debajo de los nuevos precios que prevén que fijarán los proveedores. Así, las expectativas impulsan decisiones en el presente en base a la presunción de lo que va a suceder en el futuro.
En este escenario, los principales referentes de Juntos por el Cambio anuncian que, de ganar las próximas elecciones, producirían una gran devaluación y generarían un fuerte shock antiinflacionario. Por supuesto, esto influye sobre las expectativas de los distintos actores económicos.
Hay que recordar que las recientes alzas de precios se verifican en el contexto de una reactivación productiva. Es decir, aumenta el tamaño de la torta y, por consiguiente, crece la disputa entre los distintos actores por apropiarse de la mayor porción de los beneficios de ese crecimiento.
La recuperación de la rentabilidad de algunos sectores, en ese proceso, se produce mediante aumentos de precios que no están justificados de ninguna manera por la suba de los costos. Es lo que denominamos puja distributiva.
Frente a este fenómeno, el Gobierno decidió librar la batalla sin echar mano a recetas regresivas de shock, que promueven una reducción del consumo y un escenario fuertemente regresivo, donde los que más sufren son los más vulnerables.
Por eso, entre otras medidas, lanzó el programa de Precios Justos, que suscribieron libremente gran cantidad de actores económicos, pero que en muchos casos no cumplieron lo acordado, lo cual seguramente tuvo un peso no menor en el 6,6% de inflación del mes pasado.
Es necesario actuar con mayor energía sobre esos responsables de las subas. Es necesario sancionar severamente a los que no cumplieron lo que se comprometieron a cumplir.
Por otra parte, los esfuerzos oficiales siguen orientados a lograr el cumplimiento de la Ley de Presupuesto. Se establece allí que, para evitar un shock antiinflacionario, es necesario transitar lo que podríamos denominar una escalera levemente descendente. Invertir la expectativa de que los precios siempre van para arriba, por otra expectativa de que pueden moverse para abajo gradualmente.
En esa línea, en la proyección plurianual del Presupuesto se fija una inflación del 60% para este año, 44% para el año que viene y 33% para 2025.
Falta mucho por hacer, todo parece insuficiente, pero el rumbo es el correcto. Lo otro, las políticas neoliberales, nos conducirían al precipicio.
