29 de diciembre de 2025

En términos políticos, el fin del año fue contrastante ya que el Gobierno sufrió una derrota importante en la Cámara de Diputados, que se transformó en una suerte de «jueves negro» para el oficialismo, dado que fue rechazado mayoritariamente el mentado capítulo XI del proyecto de Ley de Presupuesto, en el que volvía, por tercera vez, a intentar impedir la asignación de fondos para los discapacitados y para el sostenimiento del presupuesto universitario.

Sin embargo, luego hubo un «viernes blanco» para el Gobierno, ya que obtuvo un triunfo en el Senado, al aprobarse el presupuesto nacional, sin el capítulo rechazado por Diputados, pero con los artículos 12 y 30 del capítulo II, que fueron aprobados a pesar de que extreman el ajuste sobre la educación pública, desfinanciándola, y establece las condiciones para lograr una fuerte reducción en el presupuesto de la ciencia y la tecnología nacionales.

Ante estos eventos surge un interrogante obligado: ¿cómo es posible que se celebre una política que virtualmente liquida la educación técnica y mutila la universidad pública y a su vez se vive como un fracaso que se le otorguen recursos a los discapacitados?

Todo indica que surge un verdadero contrasentido conceptual, humanístico y moral, si se tiene en cuenta que la política y el arte de gobernar debe estar siempre dirigido a atender las necesidades de las mayorías sociales, particularmente de los sectores más vulnerables. En todos los tiempos, ese ha sido el propósito principal y el accionar de las instituciones democráticas.

Datos concretos
Si nos atenemos a las cifras vemos que las becas estatales pierden un 76,6% desde el inicio de la gestión mileísta; el financiamiento universitario sufre una caída del 33,8% entre 2023 y 2025; los rubros de educación y cultura soportan una pérdida del 47% y al Fondo Nacional de Educación Técnica se le aplica un recorte del 93% en dos años en términos reales. Este último elemento confirma la lógica que se proyecta de un país sin industria; consecuentemente, no hacen falta técnicos químicos, mecánicos, etcétera. Para este modelo, sobran técnicos.

En Ciencia y Tecnología, en tanto, el presupuesto también es de derrumbe: perdió el 48% desde 2023. Como corolario, fue derogada la meta del 6% del PBI destinada a educación establecida por la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner y con Daniel Filmus como ministro del área.

El debate en el Senado mostró que algunos sectores políticos cruzaron una línea propia de su identidad y su historia, como algunos peronistas, radicales y liberales que votaron por una educación que nos retrotrae a tiempos anteriores a la Ley 1.420 y a la universidad emergente del viraje democrático de los reformistas de 1918 y de la gratuidad establecida por el primer peronismo.

En ese contexto, lo que está en juego es un proyecto de país. Si avanzan las actuales políticas económicas, la matriz productiva se vería profundamente alterada por el sesgo antiindustrialista y por la falta de perspectivas de universitarios y científicos. Sería un país que no contiene a toda la sociedad, millones de personas quedarían al margen.

Por otra parte, el desafío es construir (o reconstruir) una alternativa en torno a un proyecto nacional autónomo, con la premisa de la ampliación de derechos para vastos sectores sociales que puedan crecer en una perspectiva de país con equidad social y hacia un futuro de desarrollo.

El presidente Javier Milei advirtió a través de una humorada que el próximo año habrá que «ajustarse los cinturones» porque habrá más reformas. Muchos argentinos y argentinas vienen ajustándose los cinturones, pero no ante las nuevas reformas, sino por sus efectos en la situación social.

En suma, seguramente tendremos un 2026 donde esta perspectiva de disputa de dos modelos de país será más evidente que nunca.

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