Fortalecer el muro democrático

25 de marzo de 2024

Presentes. El homenaje a los 30.000 desaparecidos, uno de los ejes de la masiva convocatoria en Plaza de Mayo.

Foto: Getty Images

Como era de esperar, la marcha del 24 de marzo, tanto en la histórica Plaza de Mayo como en todas las plazas del país, tuvo un carácter multitudinario, quizás el más grande de la historia. Evidentemente, la gran reserva democrática que se constituyó alrededor de las políticas de derechos humanos a lo largo de los 40 años de democracia, que trasciende las identidades políticas, culturales y religiosas, sintió que se vive un momento peligroso, que pone en riesgo la continuidad de los logros históricos en materia de derechos humanos. La democracia argentina, desde el Gobierno de Raúl Alfonsín, y muy particularmente con el impulso de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, desarrolló políticas de memoria, verdad y justicia como respuesta cultural y democrática a las monstruosas violaciones de los derechos humanos ejecutadas por la dictadura cívico-militar desde marzo de 1976.
En todo caso, el dato político es que desde el propio Gobierno nacional, encarnado en el presidente Javier Milei y especialmente por la vicepresidenta Victoria Villarruel, impulsan políticas de reivindicación de la dictadura como tal y de sus principales personeros, lo cual implica un retroceso en materia de justicia con los ejecutores del plan de desapariciones, robo de niños y posterior asesinato de sus madres, torturas, ejecuciones ilegales y vuelos de la muerte, entre otras atrocidades.

Protagonistas
Lo cierto es que una vez más el pueblo fue protagonista en las calles en su afán por fortalecer el muro democrático que trasciende los temas específicos de derechos humanos y que constituye un conjunto de pilares esenciales de la convivencia social y cultural con vistas a reencauzar el país en una perspectiva auténticamente democrática y popular.
Claramente las manifestaciones denunciaron el carácter del plan económico actual, que intenta el desarme del Estado, privilegiando las políticas financieras por sobre las productivas y del trabajo, inspirado en la ideología thatcheriana y en la línea histórica en la materia de José Alfredo Martínez de Hoz, Carlos Menem y Mauricio Macri.
Tanto el último golpe de Estado como los anteriores tuvieron un doble propósito: conculcar, mediante la violencia, las luchas populares y además imponer planes económicos de las minorías, que nunca tienen plafón en el sistema electoral democrático.
Esta gran marcha, al igual que la del 8M por el Día de la Mujer, el paro y movilización del 24 de enero y los conflictos gremiales por paritarias, se proponen articular una fuerza social y política que contrapese la avanzada de las grandes corporaciones empresarias que ya tomaron la decisión política de ocupar directamente espacios de gobierno. El ejemplo más contundente en este sentido es el grupo Rocca/Techint, con sede en Luxemburgo, que se adjudicó la administración de la principal empresa del país, YPF, y la crucial Secretaría de Trabajo. En otras áreas está sucediendo el mismo fenómeno: las corporaciones privadas colocan a sus cuadros para ejercer el gobierno.
En este contexto, el renovado impulso popular genera la expectativa del inicio de una nueva etapa en la constitución de un frente político que se constituya en alternativa social y electoral de carácter progresista y democrático.