23 de agosto de 2025
Diputados. Sesión del miércoles 20, consenso para ponerle límites a algunos de los avances del Gobierno libertario.
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El camino que propone el Gobierno libertario es la profundización de un ajuste que sufre la mayor parte de las familias, expande la recesión y genera graves trastornos sociales, sin siquiera dar señales confiables de que se esté doblegando la inflación.
En dirección opuesta, el Congreso Nacional se mostró el pasado miércoles y el jueves como una fuerza capaz de ponerle freno a los avances de un Poder Ejecutivo que pretende desregularlo todo, destruir lo público y dejar las principales decisiones que afectan la vida de argentinos y argentinas al arbitrio de «los mercados».
Por lo pronto, las autoridades nacionales dispusieron «secar de pesos» la plaza, a través de una fuerte restricción monetaria, para evitar subas en el tipo de cambio que se trasladen a los precios.
Los cambios en las políticas de encajes bancarios, y las mayores restricciones para integrarlos, hicieron escalar las tasas de interés muy por encima de la inflación mensual, en medio de una gran volatilidad.
La tasa mayorista de bancos privados para depósitos superiores a los 1.000 millones de pesos (Tamar) promedió en lo que va de agosto el 48,5%, con máximos de 58,8%, frente al 34,4% de promedio en julio, lo que redundará en un encarecimiento del crédito.
A su vez, la tasa de los adelantos pasó del 57,2% a fin de julio al 74,3% el pasado miércoles, mientras que la de préstamos personales se elevó del 69% al 74,4%.
El endurecimiento monetario impactará en una situación ya preocupante. En junio el Estimador Mensual de la Actividad Económica (elaborado por el INDEC) registró una caída del 0,7% mensual en su medición desestacionalizada. Es la segunda contracción consecutiva y la cuarta caída en seis meses.
Se consolida además otra línea central de la política libertaria: el ingreso irrestricto de importaciones, que medidas en cantidades crecieron en julio un 23,2% interanual, con un 39,3% en los bienes de consumo. La contrapartida se deja sentir en la destrucción de pymes, de empleo y en la reducción de los ingresos de la población.
Frente al Congreso. Familiares de personas con discapacidad celebraron el rechazo legislativo al veto a la ley de emergencia del sector.
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Índices
Los resultados de esas políticas no dejan demasiado espacio para el optimismo. En julio la inflación mayorista fue del 2,8% (por encima del 1,9% de suba de precios al consumidor). A su vez, los componentes importados, los que más acusan el impacto de una devaluación, se encarecieron un 5,7%.
La pregunta es: ¿cuánta mayor recesión será necesaria para evitar el traslado a la inflación minorista? De momento, lo que se advierte es un pobre desempeño en indicadores de consumo, como es el caso de las estadísticas de compras en supermercados. Si bien el acumulado de los seis primeros meses de este año subió un 4% interanual, aún está un 8,1% por debajo de igual período de 2023.
No parece realista esperar un repunte de la demanda con este marco recesivo y de continuidad del ajuste. En materia fiscal, el Ministerio de Economía reportó para julio una suba real interanual del 1,3% en el gasto público, frente a un alza del 2,8% de los ingresos.
Se verificó para ese mismo mes un déficit financiero de 168.000 millones de pesos, el primer desequilibrio del año, luego de considerar el pago de intereses de la deuda pública, lo cual se explicó por el vencimiento de cupones semestrales de intereses de títulos en dólares y por el pago del medio aguinaldo.
La estrechez financiera gubernamental puede observarse si se compara el superávit primario acumulado en enero-julio, de 1,1% del producto interno bruto, con lo prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo el año (1,6%), mientras que el superávit financiero llega al 0,3%. Vale aclarar que estas cifras no contemplan el maquillaje contable que se lleva a cabo con la emisión de bonos capitalizables.
El propio FMI sostuvo, en la primera revisión del programa, que al sumar estos intereses en mayo se habría registrado un déficit financiero acumulado de cerca del 1,2% del PIB.
Es en este desafiante panorama que la actividad del Congreso nacional estas dos últimas semanas levantó una valla a los intentos del Poder Ejecutivo de seguir adelante con el ajuste por la vía de decretos para eludir, justamente, el debate parlamentario sobre reformas muy de fondo.
En Diputados se logró reunir más de dos tercios de los votos para confirmar la emergencia en el área de coberturas por discapacidad. También se estableció la obligatoriedad de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a las provincias (ATN), y que los mismos se distribuyan de acuerdo a los coeficientes de la coparticipación federal.
Desafortunadamente, faltaron muy pocos votos para alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar el veto al aumento a los/as jubilados/as. En el Senado, en tanto, se aprobó, en una votación que excedió ampliamente la mayoría requerida, el Financiamiento a las Universidades y la Emergencia Pediátrica (más conocida como Ley Garrahan). Cayeron asimismo los decretos que modificaban al Banco Nacional de Datos Genéticos, ordenaban la «disolución» de Vialidad Nacional y las desregulaciones de los institutos de Tecnología Industrial (INTI), de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Marina Mercante.
Con una potencia aún mayor a la del ejemplo parlamentario, la presencia masiva de la ciudadanía en las urnas será la vía para modificar la correlación de fuerzas, evitar mayores deterioros y dar curso a planes reparatorios que beneficien a las mayorías populares.
