25 de octubre de 2025
Los primeros debates en comisión sobre el Presupuesto de 2026 dejan entrever la decisión del Gobierno de avanzar en un recorte indiscriminado de gastos, especialmente de partidas sociales y obra pública.
Solo ajuste. Es la propuesta de los funcionarios que informan en las reuniones de la Comisión de Presupuesto, presididas por Alberto Benegas Lynch, quien reemplaza a José Luis Espert.
Foto: NA
La ilusión del Gobierno libertario de reducir la participación del Estado a su mínima expresión, fue expuesta con claridad durante las recientes reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en las que se evaluó el proyecto gubernamental sobre los recursos y gastos de la Administración Pública Nacional para el año próximo.
Los funcionarios de segunda línea que concurrieron al Parlamento expusieron también el objetivo de una mayor productividad del sector privado, que supuestamente se lograría por la vía de la «libre competencia» con productos que llegan en forma creciente desde el exterior, en el marco de la actual apertura aduanera.
El discurso oficial insiste así en repetir, y aun profundizar, anteriores experiencias neoliberales concluidas en fracasos con serias consecuencias sobre el entramado productivo y particulares efectos negativos para el grueso de la población.
Como tuve oportunidad de señalar en las reuniones de la Cámara Baja, si lo que se busca es un Estado eficiente, el camino no puede ser la eliminación de la obra pública (decisión que pagaremos los argentinos y las argentinas más adelante), o el recorte del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
Por otra parte, creo que una mejora en el funcionamiento de la economía dependerá en gran medida de la recomposición de partidas relacionadas con la obra pública, la salud, la educación, y otras áreas sometidas a la motosierra gubernamental.
A la vez, la meta de un equilibrio fiscal sostenido no debería limitarse al recorte indiscriminado de gastos. Por el lado de los ingresos se debe estudiar el aumento de las escalas del Impuesto a los Bienes Personales (hoy ridículamente bajas) y otros mecanismos de progresividad que podrían reforzar recursos para atender necesidades insatisfechas en amplios sectores de la sociedad.
Tampoco la supresión del Compre Nacional puede ser seriamente considerada como una medida destinada a incrementar capacidades competitivas de las empresas locales.
Un ejemplo del daño sectorial que provocan determinadas políticas: se alienta la importación de cosechadoras usadas en desmedro de las que se fabrican en el país, lo que implica el riesgo de cierre de empresas y despido de sus trabajadores.
Similar impacto negativo deviene de la importación de naranjas, peras, yerba mate e infinidad de otros productos, que llegan al país debido a las desregulaciones dispuestas por el Gobierno nacional y el atraso cambiario. En la misma línea se conoció que en septiembre ingresó desde Brasil carne de cerdo (bondiola) por volúmenes similares a la producción local de un mes.
Motosierra. Las obras públicas a cargo del Gobierno nacional están virtualmente paralizadas desde diciembre de 2023.
Foto: @Sabatella
Eficiencia
Advertí asimismo, durante mi intervención en la Comisión de Presupuesto, que la proclamada búsqueda de eficiencia del Estado es un argumento falaz, cuando lo que se promueve en realidad es su retirada o su máxima reducción.
Desde luego, hay un importante consenso en la necesidad de contar con un Estado eficaz, en trabajar para que no haya corrupción, superposición de roles, cargos, etcétera. Pero eso no es lo mismo que dejar todo en manos de un mercado en el que las reglas de juego sean dictadas por los grupos dominantes, locales y extranjeros. Otro tema abordado en el Congreso fue el de la legislación laboral, cuestión sobre la cual los funcionarios de Economía afirmaron que la reforma en la que se quiere avanzar mejorará el trabajo formal.
No parece, sin embargo, que el camino sea con menos derechos de empleados y operarios, con convenios por empresa y salarios que funcionen como un techo (no un piso como hasta ahora) por debajo del cual cada empresa podrá pactar montos diferentes.
Mientras el Gobierno espera poner en práctica esas y otras reformas de fondo, la prometida ayuda financiera de Estados Unidos busca tranquilizar a los mercados acerca del repago de los vencimientos de deuda que operan en los dos próximos años. Principalmente por la vía del anunciado swap por «hasta» US$20.000 millones.
Respecto de la negociación en la que se avanzaría con grandes bancos privados estadounidenses, por un monto similar, el CEO de J.P. Morgan, entidad interesada en llevar a cabo la operación, señaló: «Si alguien va a poner US$10.000 millones, necesita garantías, no por la actual administración, sino para que no sea traicionado en el próximo Gobierno».
Una declaración que da cuenta de los condicionamientos (las «garantías» pretendidas por los prestamistas) para conceder el «apoyo de urgencia» que demanda el Gobierno de La Libertad Avanza.
