20 de septiembre de 2024
Víctimas. Jubiladas y jubilados a la cabeza del recorte: 26,5% del total del ajuste.
Foto: Jorge Aloy
La Argentina que insiste en diseñar el Gobierno libertario, con la necesaria ayuda de sus aliados de cuño neoliberal, tiene un ejemplo claro de sus alcances en el proyecto de gastos y recursos de la administración central para el año próximo. El escenario que se va prefigurando busca consolidar (o ampliar hasta donde fuera posible) los retrocesos recientes en la distribución de ingresos y riquezas, en perjuicio de la inmensa mayoría de la población.
Todo ello en un marco que procura, además, restar espacio al mercado interno y dar pie a lo que muchas veces definí como «el ajuste interminable». Dinámica que llevará de forma inevitable a una menor recaudación fiscal, por caída de la demanda, y a la posterior necesidad de aplicar nuevos recortes de las erogaciones, sin importar el daño social que este rumbo ocasione.
Esta tendencia puede comprobarse al comparar los resultados macroeconómicos de 2023 con los que se esperan para 2024. El año pasado el producto interno bruto (PIB) cayó 1,6%, pero el consumo privado anotó un aumento del 1%. Este año, en tanto, frente a la previsión de baja del PIB de 3,8%, lo que se proyecta para el consumo privado es un descenso muy superior, de 6,3%. En 2025, aun si se cumple el pronóstico de suba del 5% del PIB, el gasto privado repuntaría en menor proporción, 4,5%.
El panorama dista de ser novedoso, si se tiene en cuenta cómo se manejaron las cuentas públicas desde la asunción de Javier Milei como presidente. Solo basta ver de qué modo se logró un superávit primario acumulado en enero-agosto de 1,5% y un superávit financiero (luego del pago de intereses de la deuda) casi equilibrado (0,4% del producto).
Esos resultados, pese a la caída real de los ingresos fiscales del 6,1%, se consiguieron gracias al significativo recorte del gasto (-30%). A la cabeza de los que contribuyeron a tamaño ajuste figuran las jubilaciones y pensiones (26,5% del total). Se ubicaron luego los gastos de capital (inversión pública) con el 23% y los subsidios económicos (principalmente a las tarifas) con 14,4%.
Las decisiones adoptadas este año por la Casa Rosada, como las definiciones para el futuro inmediato, confirman como objetivos irrenunciables la retirada del Estado nacional de funciones básicas, como la prestación de servicios educativos y de salud, la realización de obras de infraestructura con fines sociales o productivos, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, entre otros.
Ajuste adicional
Los desafíos en esas y otras áreas, afirmó Milei, pueden «resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales», es decir, las provincias y municipios. Lo paradójico es que en forma simultánea se demanda a las gobernaciones que hagan «un ajuste adicional» del orden de los 20.000 millones de dólares. Como si esos distritos no hubieran sufrido ya una fuerte merma en los recursos coparticipables y las transferencias discrecionales.
Viajar es más caro. La reducción de los subsidios en servicios públicos afectó el costo de los boletos de transporte urbano.
Foto: NA
Así, desconociendo de modo directo e indirecto las necesidades del sistema productivo, de los territorios y de sus habitantes, en particular los más vulnerables, se fija como meta «blindar» el equilibrio fiscal y satisfacer de modo puntual el pago de intereses de la deuda.
El gasto corriente del sector público nacional, según la propuesta libertaria, pasará del 21,6% del PIB alcanzado en 2023 (dato de la Oficina de Presupuesto del Congreso), al 16% este año, y se achicará al 15,7% en 2025, de acuerdo a las estimaciones del Presupuesto.
También se promueve un recorte del 43% en las transferencias a empresas privadas, vinculadas a los subsidios en las tarifas de servicios públicos. La contracara es el aumento en las facturas que pagan los usuarios, cuya incidencia en el incremento del nivel general de precios no parece haber sido contemplado.
El Gobierno se esperanza en llevar la inflación minorista al 18,3% el año próximo (1,4% mensual promedio), sin mayores explicaciones sobre la forma en que se sortearán las distintas presiones alcistas.
Dos puntos adicionales sobre el Presupuesto 2025. En primer lugar, la parálisis de la obra pública es consecuencia del derrumbe en los gastos de capital, que pasarían del 2,2% del PIB en 2023 al 0,6% en 2024 y 0,7% en 2025.
Otro tema sensible: caerán fuertemente las transferencias a las universidades nacionales, sector perjudicado por el inminente veto a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso Nacional.
Sin la presencia del Estado para reactivar la economía, con una demanda interna en baja (aumento del desempleo, recorte de planes sociales, salarios y jubilaciones desactualizados), señales de desinversión aún en áreas esenciales como salud y educación, la supuesta «buena noticia» de la baja del ritmo inflacionario no parece ser suficiente como justificativo de la pérdida de derechos para gran parte de los argentinos y las argentinas.
