2 de marzo de 2022
Entre los cambios de hábito que propició la pandemia, se encuentra el incremento en el uso de los servicios financieros y la creciente incorporación de tecnologías que modificaron la realización de muchas operaciones. Como ejemplos podemos citar la masiva apertura de cajas de ahorro para el pago del IFE, que significó para muchas personas un primer acercamiento a los bancos; la cada vez mayor aceptación de pagos con tarjetas y transferencias en comercios; y el reemplazo de cheques físicos por electrónicos, entre otros.
Las entidades enfrentan el desafío de abastecer la creciente demanda de servicios financieros y de adaptarse a los cambios que la tecnología propone. Ello trajo desde 2020 un salto en la cantidad de agencias habilitadas para realizar operaciones bancarias, en cajeros automáticos y en terminales de autoservicio. Las localidades con alguno de estos puntos de acceso pasaron entre 2019 y 2021 de 41,9% a 49,6% del total, abarcando el 92,3% de la población adulta. Y el uso de medios de pago electrónicos minoristas alcanzó máximos históricos: en el primer semestre de 2021 superaron en un 40% a igual período del año previo.
Es bienvenida la creciente inclusión financiera, pero debe procurarse que estén garantizados los derechos de las familias y las pymes. Mientras más crezca la bancarización y se incorpore mayor población en situación de vulnerabilidad, más necesario se torna evitar gestiones como la del período 2016-2019, que desarticuló muchas de las normas de control sobre las entidades. Para evitar abusos, debe profundizarse la educación financiera. Pero, fundamentalmente, debe sostenerse un Estado activo que, a través del Banco Central, como viene sucediendo en estos momentos, ponga al sistema financiero al servicio de las necesidades de la población.
