9 de febrero de 2025
Congreso Nacional. Su rol constitucional fue eludido por el Ejecutivo que no abrió el debate sobre el Presupuesto y se quedó con el manejo discrecional de los recursos.
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La decisión del Gobierno libertario de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la probabilidad de salida del Acuerdo de París –el tratado internacional sobre el cambio climático– revelan una tendencia a un nuevo alineamiento internacional con previsibles y serias consecuencias para la población nacional.
Los mismos efectos negativos se derivan de las medidas orientadas a desmontar la estructura del Estado y minimizar sus funciones, con el supuesto sentido de reducir la carga impositiva.
Ese rumbo devela su verdadero objetivo cuando se acentúa el sesgo antiderechos del grueso de la población y se beneficia a sectores minúsculos con grandes fortunas.
Todo ello en un marco cada día más desfavorable, salvo contadas excepciones, para la industria local y las pequeñas y medianas empresas, afectadas por la caída del consumo, la apertura importadora y las erosionadas condiciones de competitividad.
Guiño y giro
En el caso de la OMS (un obvio guiño al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había anunciado la misma decisión días atrás) se evidencia además el giro antidemocrático de la política sectorial, dado que se trató de una medida adoptada al margen del Consejo Federal de Salud, integrado por las y los ministros de Salud de todo el país.
El mismo carácter unilateral del Ejecutivo se observa en materia presupuestaria, ya que por segundo año consecutivo se eludió el debate parlamentario y a comienzos de enero se emitió la Decisión Administrativa 3/2025, por la que se prorrogó el Presupuesto 2023.
Con un agravante: el total de ingresos y gastos establecidos para este ejercicio es mucho más bajo que el que se había previsto en el proyecto de Presupuesto 2025.
Este último no fue aprobado, ya que en la Casa Rosada se pretendía que el texto original no se modificara en lo más mínimo. Se insiste así en desacreditar el rol fundamental del Poder Legislativo, que es justamente acordar, debatir y modificar, según las mayorías que se obtengan en los diversos proyectos que se tratan.
El caso es que los ingresos totales en el proyecto original se calculaban en 114 billones de pesos, mientras en la prórroga figuran por solo 88 billones. Los gastos totales, en tanto, bajan de 116 billones a 92 billones.
Se establecen entonces cifras de manera arbitraria, y muy por debajo de lo razonable, con valores ni siquiera referenciales, ya que no sabemos qué hará el Gobierno con los gastos o los ingresos este año.
Está claro que la discrecionalidad dificulta cualquier análisis de lo que nos deparará la situación fiscal de este 2025. Este es un buen ejemplo de lo que significa la no aprobación de la denominada Ley de Leyes por parte del Congreso.
En este contexto el Gobierno avanza en los recortes del gasto público que hacen a sus objetivos, y busca consolidar la reducción del Estado, no solo para ahorrar recursos.
Beneficiados
La presunta meta de baja de impuestos, por otra parte, no llega a la ciudadanía por igual. Se beneficia con mayor intensidad a las grandes fortunas del país, como ocurrió con la última modificación en Bienes Personales, mientras se incorporó en Ganancias a gran cantidad de trabajadores de clase media y media baja.
Otro ejemplo, la quita del impuesto PAIS beneficia a los que hacen compras en dólares con la tarjeta de crédito, y se abarata el turismo en el exterior en perjuicio del local.
OMS. La salida del organismo propuesta por Milei es un guiño al estadounidense Donald Trump.
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En la misma dirección, a la vez que se aplican recortes significativos en partidas sociales, con los planes de incrementar el endeudamiento se aumentarán notablemente los gastos en intereses. Como referencia, y si bien es un crédito concedido al Banco Central, el REPO con los bancos internacionales contempló una tasa de interés del 8,8% anual, en dólares. Un costo muy elevado.
Es evidente que las medidas que toma el Gobierno en nombre del equilibrio fiscal terminan beneficiando a los más ricos y perjudicando a la clase media y a los sectores de menores ingresos. La «motosierra» se aplicó sin miramientos en organismos públicos que entienden sobre temas de derechos humanos, de la discapacidad, la educación, la ciencia y la tecnología, la salud, la cuestión de género y diversidades, etcétera.
El problema es que la quimera de reemplazar al Estado por el sector privado ocasionaría en realidad un daño mayor a la ciudadanía que el que genera la actual estructura fiscal, y produciría una fuerte pérdida de bienestar en la población.
El deseable equilibrio en las cuentas públicas no debe apoyarse necesariamente en el ajuste indiscriminado del gasto o en la desatención de urgencias económicas, sociales o ambientales (por caso, el combate a los incendios de bosques naturales, de los cuales no puede hacerse cargo el sector privado).
Queda claro que la destrucción del Estado es mucho más que una cuestión económica, tiene que ver con la batalla cultural que ha emprendido el presidente. Una definición que mejor podría entenderse como divulgación de la ideología de ultraderecha, potenciada por la fuerte injerencia en los asuntos políticos de un grupo de grandes milmillonarios, principalmente surgidos del sector tecnológico y que manejan las redes sociales a nivel global.
