26 de noviembre de 2025
Frente al Congreso. Protesta de fotoperiodistas en septiembre por el ataque a Pablo Grillo y otros hechos de violencia en marchas de protesta.
Foto: NA
El caso del presidente que bombardea la consigna «no odiamos lo suficiente a los periodistas» llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El deterioro de la libertad de expresión y, en particular, del ejercicio del periodismo en la Argentina de Javier Milei, así como los ataques, las presiones y restricciones que afectan la convivencia democrática fueron los temas de la audiencia realizada en la Universidad de Miami por la CIDH el 19 de noviembre pasado.
En un foro de resonancia continental transmitido en directo por YouTube y durante casi dos horas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas argentinos alertaron sobre el ataque físico que comprometió la vida de Pablo Grillo, el recorte al acceso a la información pública por decreto, el hostigamiento del presidente contra periodistas, el uso desproporcionado de la fuerza en coberturas de protestas ciudadanas, las denuncias penales de Milei y sus funcionarios contra la prensa y otras violaciones al Estado de derecho por parte del Gobierno nacional.
Las autoridades de la CIDH acogieron con preocupación la evidencia que presentó un arco heterogéneo de organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional Argentina, el SIPREBA, FOPEA y ARGRA, además de periodistas como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon o Tomás Cuesta (fotoperiodista). A pedido de ellos, la CIDH manifestó su intención de realizar una visita al país.
La representación del Gobierno, en cambio, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, restó importancia a la numerosa lista de problemas expuestos en la audiencia, cuestionó el accionar de la CIDH y esbozó una estrategia de distinción entre las organizaciones y personas denunciantes, como si la conducción estatal evaluara conversar en el futuro con algunas y no con otras.
Pero los ataques tienen nombre y apellido, ya que son promovidos por la máxima conducción estatal sin tapujos, y las víctimas son expuestas al hostigamiento de su tropa digital integrada por altos funcionarios del Estado, por legisladores de su espacio político y por sus seguidores, entre los que se cuentan animadores mediáticos y grandes empresarios.
El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA cuantificó el récord histórico de agresiones a periodistas (que son una parte del universo violentado por el gobierno): 257 casos en lo que va de 2025, lo que supera el registro de 2024, donde hubo 179 casos de ataques, que a su vez representó un aumento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022.
Los representantes de la sociedad civil denunciaron la estigmatización y el discurso de odio de figuras oficiales para deslegitimar la crítica. A ello se suma la violencia desatada en manifestaciones sociales donde la integridad física de periodistas se ve comprometida por las fuerzas de seguridad. Las demandas penales de Milei y otros funcionarios contra periodistas fueron también objeto de la audiencia, por su efecto disciplinador y de intimidación.
Miami. La periodista Julia Mengolini presentó uno de los testimonios argentinos ante el organismo internacional.
Foto: Leonardo Ramírez
Violencia digital
Alconada Mon, de La Nación, y Mengolini, de Futurock, dieron testimonio sobre casos paradigmáticos de persecución y hostigamiento. Alconada Mon contó su investigación donde reveló la existencia de un «Plan de Inteligencia Nacional» que el Gobierno mantenía en secreto y que habilitaba el espionaje ilegal a periodistas, dirigentes sociales y políticos opositores. Por esa investigación, Alconada sufrió intentos varios de hackeo, insultos y amenazas por teléfono y la inscripción de su nombre en páginas web ilegales.
Mengolini expuso la campaña de difamación y violencia digital de la que fue víctima este año, incluyendo amenazas físicas y virtuales contra ella y su hija. Informó que Milei amplificó esas amenazas, destacó que fue demandada judicialmente por el Gobierno y señaló que las mujeres son especialmente atacadas. El periodismo no solo es víctima de violencia online sino blanco de ataques en la calle.
En la audiencia también se alertó sobre el vaciamiento de medios estatales (como la Agencia Télam) y comunitarios y las restricciones impuestas por decreto presidencial en el acceso a la información pública.
El fotoperiodista Tomás Cuesta se refirió al dramático cambio de clima para el ejercicio profesional: «La posibilidad de resultar heridos en la cobertura de manifestaciones dejó de ser algo excepcional».
Luego, el subsecretario Baños realizó una intervención dividida en dos partes: en la primera planteó objeciones procedimentales a la CIDH, que luego fueron rebatidas por los comisionados; en la segunda negó que la libertad de expresión esté deteriorada. Baños sostuvo que los hechos descriptos en la audiencia son «solo una docena» y no una política sistemática, dijo que el Gobierno hace conferencias de prensa periódicas y que el Poder Judicial investiga las situaciones denunciadas.
Baños también afirmó que el Gobierno cortó la publicidad oficial a medios de comunicación, lo que es falso, porque canaliza los recursos públicos para propaganda oficial a través de las cuentas de YPF, Aerolíneas Argentinas o Banco Nación. El funcionario calificó de «violento» que los medios de comunicación reciban recursos estatales (publicidad oficial), «porque se desvía el dinero de los impuestos (obliga al ciudadano a financiar una opinión que no es suya)».
Sin garantías
Paola García Rey, de Amnistía Internacional, replicó que si para el Gobierno está mal usar los impuestos para pauta oficial, ¿acaso está bien usarlos para comprar balas para tirar contra los periodistas? Además, añadió, «hay oscurantismo en los operativos represivos del Gobierno. El Estado no contesta los pedidos de acceso a la información».
El relator para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, recordó que los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano ponderan la voz oficial, que la expresión de un presidente no es igual a la de un ciudadano de a pie, y que un alto funcionario debe corroborar razonablemente los hechos en los que funda sus opiniones, porque puede alentar agresiones contra terceros que se sienten habilitados por él para agredir a otras personas. Además, enfatizó, debe haber garantías para la cobertura periodística de protestas sociales.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, reconoció la pluralidad de la representación de la mesa de la sociedad civil en la audiencia. Dijo que lo que reclaman las organizaciones de la sociedad civil es preocupante, hay afectaciones concretas a personas, violencia sexista y restricciones a la libertad de expresión. En uno de los cuestionamientos duros, afirmó que en la Argentina hay un contexto de amenazas y criminalización y preguntó si el Gobierno usa tecnologías de vigilancia para monitorear la conversación social crítica.
Otros comisionados de la CIDH fueron atentos al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil. Gloria de Mees se preguntó si el Estado reconoce el problema que plantea la sociedad civil. Sin el reconocimiento de la realidad, es difícil que el Gobierno de Milei cambie el uso ilegítimo de la fuerza y sus ataques a la libre expresión. Tal vez la presión de la audiencia en la CIDH tenga, sin embargo, efectos correctivos a futuro.
