18 de febrero de 2024
En suba. El aumento descontrolado del precio de los alimentos es un golpe a la economía de los sectores populares y medios.
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La desmejora de la calidad de vida de millones de argentinos y argentinas, que se irá profundizando a medida que se apliquen los aumentos en las tarifas de servicios públicos y se desplieguen nuevas subas en los productos básicos, difícilmente sea la solución para los problemas que sufre la mayor parte de la población, ya no solo las franjas más vulnerables.
El Gobierno nacional dice promover un control de la inflación como eje central de su política, pero el camino elegido, la devaluación del peso y la desregulación y la liberación de precios, conduce de modo inevitable a una fuerte recesión, como ya se está viendo en prácticamente todas las actividades (con excepción del agro, tras la sequía del ciclo pasado).
En este escenario las empresas producen menos y tienden a achicar sus dotaciones de personal. Quienes son despedidos reducen sus consumos y así cae la demanda, lo que genera un círculo de mayor enfriamiento de la economía. El fisco refleja de inmediato esta situación, al recaudar menos. Entonces el ajuste del gasto público en busca del «déficit cero» se repite indefinidamente y afecta la capacidad estatal de brindar atención médica, educación, seguridad. O de realizar obras imprescindibles de infraestructura, en áreas como agua y cloacas, energía, vivienda, etcétera.
Aún en la hipótesis de que la inflación morigere su ritmo en forma paulatina, una gran parte de la sociedad ve cómo se reduce día a día su capacidad adquisitiva al mínimo.
Desde luego, si la mayoría de los productos y servicios se transforman en inaccesibles para una gran parte de la población, es probable que dejen de aumentar. Pero la solución no puede ser privar a la gente de la posibilidad de comer, educarse, curarse, viajar o tener momentos de esparcimiento. Por esta vía lo único que se va a lograr es que haya más pobres e indigentes.
Exclusión. Las políticas en marcha generan más pobres e indigentes.
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El shock
El «feroz programa de ajuste» en marcha, advirtió esta semana Cristina Fernández, «actúa como un verdadero plan de desestabilización, que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado».
Lo cierto es que el rumbo regresivo alentado por la Casa Rosada incluye otro componente clave, ratificado en los últimos días. Se trata del plan de dolarización, en cuyo caso la Argentina tendría una moneda que responde a otra economía, con otro nivel de productividad y de reservas, con ingresos de mucho menor poder adquisitivo, entre otras diferencias.
Es un disparate adoptar una moneda que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país, y la experiencia fallida de la convertibilidad en los años 90 del siglo pasado es un ejemplo de su inviabilidad.
Hay que recordar que aquel esquema sostuvo el tipo de cambio estable mediante el ingreso de capitales especulativos y la liquidación de gran parte del patrimonio estatal. Cuando se acabaron las empresas para privatizar aparecieron las cuasimonedas en las provincias, sin las cuales ni siquiera podían pagar los sueldos de los empleados.
Al inequitativo modelo propuesto por Javier Milei, la exvicepresidenta le opone una agenda alternativa, sin dejar de reconocer la necesidad de revisar la eficiencia del Estado o de simplificar el sistema tributario.
Coincidimos con Cristina en cuanto a que «el crecimiento de la economía y su posibilidad de desarrollo con trabajo bien remunerado solo se ha alcanzado con un patrón de acumulación sustentado en un modelo industrialista de sesgo exportador con valor agregado, con bajos volúmenes de deuda externa o con una correcta y responsable administración de la misma».
En este sentido, no hay más que revisar experiencias neoliberales anteriores para aguardar mayores dificultades si se insiste en eliminar la presencia del Estado para dejarlo todo en manos del mercado, vender las principales empresas públicas y exponer a nuestras pymes a una desventajosa competencia con los países centrales, lo que iría acompañado por una caída de la producción y del empleo y una licuación de los ingresos y los ahorros de una inmensa mayoría de nuestra ciudadanía.
