26 de marzo de 2025
A plaza llena. En Buenos Aires y en decenas de ciudades de todo el país la sociedad se pronunció en favor de la memoria, la verdad y la justicia.
Foto: Getty Images
Entre las brumas de los acontecimientos políticos de nuestro país, las manifestaciones populares del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se transformaron en un acontecimiento político, social y cultural de enorme significación.
Si bien todos los años esa jornada se transforma en un polo que nuclea a amplios sectores democráticos que han asumido la idea de que frente a los crímenes de la dictadura cívico-militar debe haber memoria, verdad y justicia, y consecuentemente se hayan desarrollado políticas de derechos humanos en concordancia con esas ideas, en esta oportunidad la contundente manifestación tiene un significado muy particular.
La diferencia es que el Gobierno del presidente Javier Milei, y particularmente la vicepresidenta Victoria Villarruel, no oculta su reivindicación de la dictadura de Videla y Massera, lo cual agrega un condimento determinante, ya que desde el propio Estado nacional se establecen políticas, tanto en el plano simbólico-cultural, como en sus recursos y dependencias, tendientes a la disolución de este ideario de valoración de los derechos humanos y de juzgamiento legal, moral y cultural de los crímenes de la dictadura.
La masividad evidenciada en todas las plazas y pueblos del país demostró contundentemente que la reserva democrática del pueblo argentino trasciende a las identidades partidarias, sociales y religiosas, y sigue firme, expresando que esa conciencia democrática no solo está viva sino que se ha fortalecido, tal como se mostró el lunes en todo el país. El símbolo de las Madres y Abuelas –a pesar del paso de los años e incluyendo a las nuevas generaciones que se hacen presentes– sigue constituyendo un gran valor para la ciudadanía argentina.
En suma, la política gubernamental de negacionismo y «batalla cultural» no logra penetrar en la construcción democrática que se desarrolló a lo largo de más de 41 años.
Desamparo para los mayores
Mientras tanto, en el plano de la economía la caída de los salarios, las fuertes restricciones a los ingresos de siete millones de jubilados, el deslizamiento de amplios sectores de las clases medias hacia una situación de incertidumbre económica producto de la recesión, la apertura de importaciones que afecta a las pymes y las restricciones presupuestarias en todas las áreas del Estado van conformando un cuadro social cada vez más tenso, combinado con una situación macroeconómica que ha ido entrando en una zona cada vez más gris, cuya expresión más elocuente es la persistente caída de las reservas, particularmente en el último mes.
El Gobierno apuesta una vez más a un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los efectos de estabilizar la situación de las reservas, más allá de que implicaría un fuerte crecimiento del endeudamiento del país.
Reclamo. Miles de personas no podrán jubilarse al cerrar el Gobierno la vía de la moratoria.
Foto: NA
Entre los pliegues de esta situación compleja se debe señalar un problema social muy crítico en ciernes, a partir de la decisión del Gobierno de terminar con la moratoria previsional. En los últimos diez años pudieron jubilarse mediante este mecanismo cerca de cuatro millones de personas, de las cuales el 80% fueron mujeres. A partir del fin de la moratoria, amplias franjas de los mayores no podrán jubilarse, por lo cual ingresarían en un período de desamparo.
Asimismo, emerge un tema de carácter político que está llamado a impregnar al conjunto de la vida de la sociedad: las restricciones al sistema democrático. Esto ocurre a partir de la mencionada reivindicación de la dictadura, la subestimación del rol del Congreso nacional, al que se soslayó de cuestiones tan trascendentes como la aprobación del Presupuesto nacional y el endeudamiento con el FMI, el nombramiento de jueces de la Corte Suprema en comisión por decreto, entre otras cuestiones a las que se suma la impugnación moral al presidente de la Nación, registrada en nuestro país y el exterior, a partir del denominado «criptogate». Ante estos rasgos autoritarios, la sociedad democrática en un sentido muy amplio debe defender la esencia de nuestro sistema de convivencia y de división de poderes.
