22 de diciembre de 2024

El 20 de enero próximo Donald Trump vuelve a asumir la presidencia de Estados Unidos con perspectivas de cambios en el sistema tecnológico. La necesidad de recuperar posiciones perdidas en la disputa por el liderazgo económico mundial con China ocupará el centro gravitatorio de su segundo mandato, dentro y fuera de sus fronteras. El día anterior, 19 de enero, vencerá el ultimátum que el actual Gobierno de Joe Biden impuso a ByteDance, empresa china dueña de la red TikTok, para que venda su sección estadounidense. Y poco antes, el 10 de enero, la Corte Suprema de Justicia escuchará a representantes de las partes en la demanda que inició Tiktok contra la ley que busca censurarla en el país de la Estatua de la Libertad. Esquirlas de la guerra tibia.

También en el primer semestre de 2025 está prevista la sentencia contra Google por abuso monopólico, que puede marcar un hito en la evolución de la economía digital. El caso está en manos del juez de Distrito de Columbia Amit Mehta, a raíz de una demanda del Departamento de Justicia en 2020 (con Trump como primer mandatario), al que se sumaron fiscales de más de 30 estados, y a la que Biden dio continuidad. Mehta dictaminó en agosto pasado que «el comportamiento anticompetitivo» de Alphabet «debe detenerse» y que el omnipresente motor de búsqueda Google ha explotado ilegalmente su dominio para distorsionar la competencia y sofocar la innovación.

Hace un mes, el Gobierno pidió al magistrado que el gigante tecnológico venda el navegador Chrome y la posibilidad de que, para atenuar su posición dominante, modifique la preferencia que sus propios servicios tienen en el sistema Android o, en su defecto, también lo transfiera. Otra opción es que Alphabet comparta los datos que Google recopila sobre los usuarios a la hora de determinar qué resultados personalizados les muestra (y les oculta).

No es casual que el presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, declarara que el Departamento de Justicia «impulsa una agenda intervencionista radical que dañaría a los estadounidenses y al liderazgo tecnológico global de Estados Unidos», intentando de este modo sintonizar con la agenda de Trump, a la par que sus abogados tratan de disuadir a Mehta de tomar decisiones drásticas sobre el emporio.

La sustitución de importaciones en un proceso de «des-globalización» económica y tecnológica ha sido bandera de campaña de Trump, que fue –y es– poco aficionado a precisar cómo llevará a cabo sus objetivos. Las big tech como Alphabet, Meta, Amazon, Apple y Microsoft, cuya expansión en las últimas tres décadas fue beneficiada por la ausencia –promovida por Estados Unidos– de políticas arancelarias y tributarias, están atentas a las directrices del nuevo elenco trumpista. Los antecedentes de proteccionismo tecnológico, con el caso Huawei como emblema, no parecen promisorios para la potencia americana.

De los dos lados del mostrador
En el futuro Gobierno Trump destaca la inclusión del megamillonario Elon Musk, dueño de X (antes, Twitter), cuyos intereses en el campo de la tecnología (SpaceX, Tesla, Starlink) difieren –por ámbito de aplicación, escala, ritmo de inversión y necesidad de protección estatal– de los de las mayores plataformas. Otra designación anunciada por Trump es la de Brendan Carr como presidente de la estratégica Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Carr es partidario de un mayor control de las big tech: «Hoy en día, un puñado de corporaciones influyen en todo, desde la información que consumimos hasta los lugares donde compramos», escribió Carr en el Proyecto 2025 de transición presidencial. «Estos gigantes corporativos no solo ejercen poder de mercado, sino que también abusan de posiciones dominantes», remarcó. Los medios de comunicación tradicionales, relegados por las tecnológicas, aplauden sin disimulo la crítica.

Aunque Carr también es partidario de que las plataformas digitales sean más transparentes sobre sus cambios de algoritmo y sus decisiones de bloquear o desmonetizar a los usuarios, y eso afecta el negocio de X, los intereses de Musk y el enfoque de Carr no son necesariamente contradictorios, porque las áreas de negociación de contratos, subsidios y barreras arancelarias que precisa el dueño de SpaceX y Tesla corren por andariveles diferentes a los de los sistemas operativos, navegadores y buscadores, servicios en la nube y aplicaciones masivas y dominantes de las grandes de Silicon Valley.

Para Carr, además, la FCC debería restringir la inmunidad que la famosa Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de Estados Unidos garantiza a las empresas de tecnología, eximiéndolas de responsabilidad si el contenido es producido por los usuarios.

A la amenazada reestructuración de Google, la prohibición o transferencia accionaria de TikTok y la doble función de Musk como alto funcionario y participante del mercado al que regulará, se suma la determinante incidencia estatal (por acción u omisión) en el desarrollo de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) generativa. Este vector tecnológico, tan fascinante como ubicuo, se ha masificado velozmente en los últimos dos años y las big tech corren con ventaja para aprovechar su mercantilización, dado que han acaparado los datos de miles de millones de personas y organizaciones en las últimas décadas. Esos datos son los que nutren las bases de entrenamiento de las IA. Mientras que en Europa prima un criterio de protección de riesgos ante la vertiginosa innovación en aplicaciones de IA, Trump ensayaría estimular inversiones a través de una vía opuesta, es decir, relajando aún más las normas sobre seguridad de los sistemas de aprendizaje automatizado.

Mientras que China aplica una estrategia coherente y estable en el tiempo, y capitaliza sus resultados, en Estados Unidos los cambios de rumbo y las políticas que carecen de consistencia y que, a la vez, son impulsadas por favores y castigos variables a conglomerados empresariales, reflejan incertidumbre sobre la nueva presidencia de Trump.

Por otro lado, el mandatario elegido arrastra un problema personal con las big tech. El líder republicano fue censurado en los últimos días de su primera presidencia (cuando convocaba a tomar el Capitolio denunciando fraude, en enero de 2021) por las dueñas de las principales redes sociodigitales y por las grandes cadenas de TV. ¿Su resentimiento incidirá en la política que despliegue con esos grupos?

Las encrucijadas tecnológicas del país condicionan, también, las perspectivas de corto y mediano plazo en la región latinoamericana, tan sensible a las esquirlas de la guerra tibia entre Estados Unidos y China como disminuida en su capacidad de producción de proyectos de crecimiento autónomo.

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