26 de diciembre de 2023
Rosario. Masiva expresión de rechazo al paquete de medidas anunciado por Milei.
Foto: Télam
La presencia multitudinaria en las calles porteñas, que luego se multiplicó en ciudades de la provincia de Buenos Aires, en Rosario y otras localidades del país, no solamente expresó un rechazo inmediato al «gran» decreto presentado por el presidente Javier Milei el miércoles 20, sino que además, al enarbolar en cantos y pancartas la idea de «la patria no se vende», refleja una comprensión acerca de la principal disputa de este momento político.
El nuevo Gobierno se propone explícitamente la enajenación del patrimonio nacional, que comprende no solo las empresas del Estado, sino que incluye también nuestras grandes riquezas estratégicas como el petróleo, el agua, el litio, los productos de economías regionales, cadenas de comercialización y hasta nuestra propia moneda. Así como en el orden cultural, avanzarán con la privatización del sistema de educación pública y con el plan de conculcar el conjunto de derechos laborales, sociales y culturales conquistados por el pueblo argentino a lo largo de un siglo.
La idea de «la patria no se vende» no es solamente una consigna emocional y circunstancial, sino que representa la emergencia en la actual coyuntura de una larga historia de luchas sociales y populares en nuestro país, que vienen desde las rebeldías de la propia fundación de la patria, que derrotó a un sistema colonial que llevaba trescientos años de vigencia. Desde entonces se sucedieron muy diversas luchas con sus respectivos avances y retrocesos, todo lo cual ha ido conformando un acervo político y cultural, junto a la estructuración de un sistema institucional en materia sindical, cultural y laboral, que lo expresa.
Fin de un relato
Esa confrontación es la que se pone en juego con el pueblo en la calle junto con las reacciones muy rápidas del movimiento obrero y de las más diversas manifestaciones políticas, culturales y feministas.
Así las cosas, comienza a chocar el relato de que «el ajuste doloroso» lo pagaría la «casta»; con los aumentos de precios que superan lo imaginable, sustentados en la libertad en la materia formulada por el presidente, que encuentra la respuesta de siempre de los formadores de precios: desabastecer para especular, y a su vez remarcar en forma ilimitada sin ninguna preocupación por el impacto en la vida del pueblo.
El otro elemento muy material que comienza a percibirse es el inicio de despidos no solo en el Estado, sino en muchos rubros de las grandes corporaciones privadas que una vez más lo hacen «preventivamente», ante la inminencia de un proceso recesivo buscado deliberadamente por las medidas presentadas en el gran decreto y otras que se están implementando desde el 10 de diciembre.
Mientras tanto, la oposición política –que representa los once millones y medio de votos que no eligieron al mileísmo como alternativa– se va articulando con un rasgo determinante que es el de la unión de las fuerzas sociales, sindicales, feministas, culturales y políticas. Y si bien el Gobierno cuenta con legitimidad de origen por haber triunfado en las últimas elecciones, resulta también legítimo que los sectores sociales que ven afectada dramáticamente su calidad de vida ejerzan su derecho democrático de protestar, peticionar y opinar. De eso se trata la democracia y es, también, lo que está en disputa.
