6 de agosto de 2024

En los últimos días se conocieron indicadores sobre la situación social en la Argentina, muy particularmente los arrojados por la EPH (la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC), que exhiben crudamente los resultados de la política económica del Gobierno del presidente Javier Milei. Mucho se puede polemizar acerca de las líneas rectoras de un Gobierno, pero finalmente se impone aquel aserto bíblico que dice «por los frutos lo conoceréis».
En tal sentido, se registra que el indicador de pobreza creció fuertemente, alcanzando a un 54,8% de la población. Con el agravante de que de ese total, un 20,3% están en situación de indigencia, o sea, pasan hambre, tanto adultos como niños y niñas.

Si estos fríos datos porcentuales los expresamos en seres humanos, nos encontramos con que 25,5 millones de personas están en situación de pobreza, de los cuales 9 millones carecen de ingresos para adquirir los alimentos básicos. De allí que utilizar el término «hambre» resulta apropiado.

Otro elemento muy determinante es el crecimiento de la destrucción del trabajo y los ingresos de millones de personas. En los últimos días también se conoció que en el tema crucial del empleo en los primeros seis meses de 2024, se registran la caída de 612.000 aportantes a la seguridad social, como consecuencia de cesantías, desvinculaciones o pase a la informalidad. O sea que la amenaza de la pérdida de trabajo se va transformando en una realidad para cientos de miles de ciudadanos.

Van por más
Pese a ello, las corporaciones empresarias insisten en ir por más, desde su convicción de que es un momento político propicio para sus intereses. De allí que reiteran su reclamo histórico de «modernizar la legislación laboral», que en buen romance implica recortar derechos de los trabajadores y potenciar las tasas de ganancia a partir de una mejora en la relación costo/salarios.

Todo indica que a partir del DNU 70/23, que le otorga facultades discrecionales al Gobierno y la devaluación récord del 118%, se fue generando una importante caída de los salarios en todos sus niveles, desde los muy humildes a los de la clase media, al igual que las jubilaciones, panorama que se complementa con un fuerte incremento de tarifas de servicios públicos y transporte.

Todo ello implica una pérdida de ingresos del sector trabajo, y un incremento de los mismos a favor del sector empresario. En suma, la desigualdad se acentúa en nuestra sociedad, lo cual inevitablemente preanuncia conflictividad política.

Justamente, el próximo miércoles 7 se espera una gran manifestación hacia Plaza de Mayo en el marco de un día muy especial, que tendrá su expresión tradicional en el santuario de la iglesia de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers.

Se espera una concurrencia de cientos de miles de personas que ciertamente se nutrirá de ciudadanos y ciudadanas que están perdiendo el trabajo y que están sumidos en la mencionada situación de pobreza.

Agenda legislativa
Mientras tanto, en el Congreso Nacional se tratarán y se dirimirán algunas iniciativas que están fuertemente vinculadas al panorama descripto, entre ellas, la mejora en las remuneraciones jubilatorias –con media sanción en Diputados– que tiene como propósito recuperar una parte de la pérdida inicial causada por el brote inflacionario de diciembre y enero.

También se discutirá el tema de los fondos educacionales, con iniciativas que plantean la recuperación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), como así también la gravísima situación de las universidades como consecuencia del congelamiento y erosión de los salarios docentes.

También la agenda contiene una iniciativa del Gobierno de modificar la Ley de Seguridad Interior que seguramente generará una gran polémica, teniendo en cuenta que la sociedad democrática siempre ha resistido e impedido que la esfera militar intervenga en cuestiones de la seguridad interior. En el proyecto del Poder Ejecutivo se introduce una habilitación para la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos caracterizados por las autoridades como «terrorismo». Un ejemplo palpable y reciente de los peligros que tal intención conlleva es lo ocurrido con la represión a manifestantes que protestaban contra la Ley Bases en la Plaza de los Dos Congresos en junio pasado, cuando desde el Gobierno se calificó como «terroristas» y «golpistas» a quienes ejercían su derecho a la protesta y fueron encarcelados.

Todo indica, asimismo, que el Parlamento se dispone a rechazar el decreto del Poder Ejecutivo que otorga financiamiento extraordinario a la nueva SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Este rechazo incluiría a todos los bloques opositores, inclusive a una parte del PRO.

Finalmente, y retomando el planteo central, va quedando en el camino el viejo apotegma de «la herencia recibida», en términos macristas, o el «desastre kirchnerista» en términos mileístas, ya que resulta evidente que una gran parte de los 25,5 millones de pobres y los centenares de miles de desocupados y precarizados son consecuencia de las políticas actuales.

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