5 de septiembre de 2025

Cada vez más lejos de los objetivos proclamados de «prosperidad, crecimiento y desarrollo», el Gobierno de La Libertad Avanza insiste en sostener, e incluso anticipa su decisión de profundizar, una estrategia que descuida el frente productivo y social, y que repercute negativamente tanto en empresas como en hogares. 

Frente a ello, trata de ocultar, por un lado, que sus políticas impactan en la actividad económica, en el empleo y en el nivel de vida de la ciudadanía. Luego, elige el camino fácil de responsabilizar a la oposición política, como sostuve en otras oportunidades. 

En este rumbo, se afirma que en Diputados y el Senado atentan contra el programa económico, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a referirse al Parlamento como el «brazo armado» del kirchnerismo. 

La realidad es que la composición del Congreso es la misma que en su momento le aprobó al Ejecutivo facultades delegadas y otra serie de normas, en algunos casos bajo la excusa de «darle las herramientas» para facilitar su gestión.

Regresión
A pocos meses de cumplirse la mitad del mandato presidencial, es inocultable la gran similitud del modelo regresivo vigente con experiencias neoliberales del último medio siglo, en beneficio –antes y ahora– de sectores muy minoritarios de la sociedad.

En lo coyuntural, a fin de contener la inflación se apuesta a un enfriamiento de la actividad económica, mediante una fuerte suba de las tasas de interés que ya está mostrando sus efectos en términos de la evolución del crédito. 

Las principales líneas de préstamos a empresas registraron en conjunto una caída del 1,2% mensual en agosto, el primer retroceso en 18 meses, tomando valores nominales. En términos reales, el impacto será aún mayor, como se verá el próximo miércoles cuando se difunda el dato sobre la evolución del Índice de Precios al Consumidor. A su vez, estas mayores tasas de interés impactan en las finanzas públicas, ya que al Tesoro le resulta cada vez más costoso renovar su deuda en pesos. 

Por esta y otras vías queda en evidencia que es el modelo el que genera sus propias condiciones de fragilidad.

En el frente externo, por ejemplo, la liberalización financiera, la apertura importadora y el mayor endeudamiento no implican una mayor fortaleza, sino todo lo contrario.

A la vez, para sostener un tipo de cambio apreciado tendiente a contener la inflación, el Gobierno reconoció que últimamente el Tesoro estuvo interviniendo, y lo seguirá haciendo, en el mercado cambiario (dentro de las bandas). 

En un plano más estructural, desde la Casa Rosada anticipan que, de contar con una relación de fuerzas favorable, intentarán avanzar con las reformas estructurales que piden el Fondo Monetario Internacional y los mercados. «Se vienen reformas, de segunda generación (…). Y el orden es bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral y abrir la economía», adelantó el presidente Javier Milei al hablar ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Lo que, traducido, implica que hará falta más ajuste fiscal para tratar de cumplir con el objetivo de superávit fiscal primario, en un marco de nuevas pérdidas de derechos de los trabajadores y mayores entradas de importaciones que perjudican a las pymes y al empleo local.

Resistencias
Claro que el escenario no es ocupado solo por el Gobierno, como quedó a la vista el pasado jueves 4, cuando el Senado revirtió el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La nueva batalla del oficialismo por sostener el ajuste pasaría por la Justicia o por el recorte en otras partidas.

La Cámara Alta también le dio media sanción a la ley que limita el uso de los decretos de necesidad y urgencia, que junto con el veto son las herramientas más utilizadas por este Gobierno. 

El texto establece que los decretos deberán ser tratados en un plazo máximo de 90 días para no caducar, y que con el rechazo de una de las Cámaras (no de las dos, como ocurre ahora) quedarán sin efecto.

Por otro lado, el Gobierno restituyó la vigencia de normativas que fueron rechazadas por el Congreso el mes pasado, que incluían la disolución y/o transformación de Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros organismos.

En cualquier caso, frente a la avanzada desreguladora y el intento de destruir el Estado se opone una resistencia creciente, tanto en las calles como en las distintas instancias institucionales.

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