4 de marzo de 2024
Congreso. Protestas y cacerolazos durante la apertura de sesiones ordinarias.
Foto: Guido Piotrkowski
En los 73 minutos que duró la alocución del presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación no hubo ninguna mención a iniciativas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, a resolver las dificultades para el acceso a la vivienda que padecen millones de familias, a mejorar la educación y la salud pública o aliviar el deterioro de los ingresos de los jubilados. Por el contrario, el presidente repitió las mismas fórmulas que viene declamando desde la campaña electoral: defendió la libertad de mercado y la apertura comercial y demonizó al Estado y a la política, atribuyéndoles, una vez más, la responsabilidad sobre lo que el mandatario considera el «fracaso» de la Argentina.
«Se necesita más capitalismo y más libertad», señaló Milei, y para entender el alcance de sus palabras basta con repasar su reciente exposición en la Conferencia Política de Acción Conservadora, donde se preguntó: «¿Por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos, si nos trajeron tanto bienestar y tanta caída de la pobreza?» En su glorificación de los monopolios, el presidente revela que cuando habla de libertad y capitalismo, está hablando en realidad de concentración económica: la libertad es para las grandes empresas, y no para las mayorías populares.
Sin límites
Algunas de las recientes medidas implementadas por el Gobierno Nacional indican a las claras quiénes están pagando el costo del ajuste. Por ejemplo, se decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana, que se destinaba a proveer de servicios básicos a los sectores populares; se redujeron en casi un 50% los topes de ingresos para la percepción de asignaciones familiares de los trabajadores formales, con lo cual más de un millón de argentinas y argentinos dejarán de percibir la prestación; se dispuso revisar y auditar la creación de cinco universidades nacionales y se redujeron un 39% en términos reales las Transferencias del Tesoro Nacional a las universidades. La extensión y la profundidad del ajuste no parece tener límites: comprende jubilaciones y pensiones, subsidios económicos, principalmente en energía y bienes de capital, salarios públicos, planes sociales y transferencias a las provincias, cuya caída alcanzó el 72%. En tanto, las partidas para el Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar y Progresar cayeron un 23% real interanual.
Como lo expresó un comunicado de diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria, «producto de la motosierra y la licuadora, que viene llevando adelante como plan económico, cada vez son más los compatriotas que están siendo perjudicados por el brutal ajuste, generando zozobra y graves complicaciones en la vida diaria».
Los efectos de estas políticas, por otra parte, exceden el ámbito nacional: en su informe «Perspectivas de la Economía Mundial», el FMI proyecta para 2024 un crecimiento del 3,1% a nivel global, y del 1.9% para América Latina y el Caribe, con una revisión a la baja del 0,9%, «debido al crecimiento negativo de la Argentina en el contexto de un ajuste significativo de la política económica para restablecer la estabilidad macroeconómica».
Las consecuencias sociales de estas políticas fueron subrayadas por la propia subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath. «Es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras», aseguró tras su visita a Buenos Aires el 21 y 22 de febrero.
La convocatoria a gobernadores y líderes de los principales partidos políticos a la firma de un nuevo «contrato social» parece estar orientada a profundizar este rumbo. Más que una invitación plural al debate democrático, la propuesta se asemeja a una extorsión o, en el mejor de los casos, un canje. El presidente ofrece a los gobernadores un «paquete de alivio fiscal» a cambio de la firma de un preacuerdo y la sanción de la Ley Bases; promete recursos y exige en contrapartida el apoyo al modelo económico del oficialismo, es decir, el acatamiento irrestricto del credo neoliberal. Un credo cuyos efectos, como lo demuestran los resultados de anteriores experiencias neoliberales, serán devastadores sobre la distribución del ingreso, la concentración de la economía y el bienestar de millones de argentinas y argentinos.
