7 de julio de 2025

Algunos acontecimientos de los últimos días ponen en evidencia que los principales planteos propagandísticos esgrimidos en la campaña electoral por el presidente Javier Milei van exhibiendo su carácter injusto en lo social e ineficaz en lo económico.

La idea de una sociedad sin Estado, al que el presidente declaró en extinción y planteó que debe ser destruido, derivó en un largo período sin obra pública, que ya resulta insostenible. Bahía Blanca, La Plata, Zárate, San Antonio de Areco y Mar del Plata lo demuestran en forma trágica y dolorosa. Allí, y no solo allí, se evidenciaron crudamente las consecuencias humanas del ajuste.

Para el Gobierno de Milei, morigerar o solucionar los daños causados por inundaciones o tornados, así como proveer de gas a la ciudadanía, no es rentable, por lo tanto, no son situaciones atendibles. De ese modo se llega a un punto de irracionalidad. ¿Acaso los vecinos y las vecinas de Mar del Plata tienen que ocuparse por sí mismos de la producción y distribución del gas?

En realidad, deben existir, por parte del Estado y la ciudadanía, derechos y obligaciones. Es el Estado, administrado por un Gobierno democrático, el que debe propender a asegurar la infraestructura necesaria para atender los servicios vitales para la ciudadanía, como el agua, el gas, la electricidad y las telecomunicaciones, pero también es quien debe asegurar los servicios sociales, como la salud y la educación pública. Es el Estado quien debe asegurar la financiación de la ciencia y la tecnología con vistas a un país productivo y en progreso en un mundo altamente competitivo.

Retroceso histórico
Ante las consecuencias concretas para la vida cotidiana de millones de argentinos y argentinas, se observa un claro desgaste del simbolismo de la motosierra que se propuso eliminar derechos sociales, a los que se tilda desde el Gobierno de «regulaciones innecesarias» como argumento para recortarlos o eliminarlos.

En estos días surgieron otros ejemplos palpables y dolorosos, como la eliminación del subsidio a la Fundación de la Hemofilia, una institución donde se atienden casi 5.000 pacientes. ¿Cómo es posible justificar esa falta de humanismo? ¿Quién los va a atender?
En medio de una ola de frío polar que afectó a todo el país se «desreguló» el precio de las garrafas con las que resuelven su provisión de energía millones de ciudadanos, muy particularmente los núcleos más humildes. Quedaron librados al libre mercado, que ya sabemos cómo determina los precios.

¿Qué será de las personas con discapacidad a cuya asistencia se le redujo el presupuesto? ¿Cómo seguirá la situación de los jubilados, con ingresos cada vez más reducidos y sin medicamentos gratuitos?
¿Cómo se va a resolver la situación de las universidades públicas, que se encuentran cerca de una situación de agotamiento presupuestario? El modelo propende a que solo estudien quienes puedan pagar una universidad privada.

Asistimos a un intento de liquidación del concepto del Estado como proveedor de educación pública, fundado por los liberales de la generación del 80 a partir de la Ley 1420. Es público que esta ley es negada por el presidente de la nación, como así también los logros de la reforma universitaria de 1918. Es decir que el actual proyecto conlleva un notable retroceso histórico. No solo es preperonista y preizquierdista, sino que se asume como preliberal en un sentido de rechazo a la democratización de la vida social y a un Estado presente que juegue un rol proveyendo servicios y equilibrando las grandes diferencias sociales propias de una sociedad capitalista.

La respuesta colectiva
A todo esto se sumó un nuevo intento de los fondos buitre, a través de una jueza neoyorquina, de apoderarse arbitrariamente de nuestra empresa petrolera. Un hecho de suma gravedad teniendo en cuenta que a partir del desarrollo del yacimiento Vaca Muerta Argentina es uno de los grandes productores de gas y petróleo del mundo.

Otra gran novedad de estos días es la actitud del Parlamento, que se propone atender parte de estas necesidades vitales desdeñadas por el Ejecutivo, entre ellas, aumentar el presupuesto universitario y declarar la emergencia sanitaria en salud pediátrica para atender la crisis del Hospital Garrahan.

En tanto en el Senado se tratará el proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, que plantea recuperar el recorte del 8% que se le practicó a los haberes jubilatorios y extender la moratoria para que puedan acceder al beneficio los núcleos más desfavorecidos.

Como contracara de este listado de evidencias palpables de la aplicación de filosofías negadoras de los derechos humanos que se sostienen desde la Casa Rosada, la noticia de la recuperación del nieto 140 por parte de las queridas Abuelas de Plaza de Mayo muestra el camino de la lucha pacífica y la organización colectiva como respuesta frente a los autoritarismos y resulta un fuerte estímulo y una gran alegría para la mayoría democrática de la sociedad.

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