16 de febrero de 2025
Diputados. Sesión en la que se aprobó el proyecto denominado de «Ficha limpia».
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La persistente y preocupante búsqueda del Gobierno nacional por limitar la participación democrática tuvo esta semana ejemplos claros en materias políticas vinculadas con los próximos comicios, pero también en lo que respecta al manejo de las finanzas públicas.
Esa orientación se observó en temas como el proyecto de «Ficha Limpia» (dirigido a proscribir candidaturas electorales) y la suspensión de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias).
El Congreso Nacional es el escenario para el tratamiento de esos proyectos impulsados por el oficialismo. Pero, a la vez, se pretende soslayarlo en el análisis y consideración de un tema económico tan relevante para la vida de los argentinos como es la deuda externa. El Gobierno, concretamente, intenta esquivar la ley que establece que todo nuevo endeudamiento debe pasar por el dictamen del Congreso.
La estrategia de la Casa Rosada en este aspecto consiste en instalar que los recursos que se están negociando en estos días con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «implican nueva plata y no nueva deuda», por lo cual solo requeriría ser aprobada por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente, sin pasar por el Congreso.
El caso es que con los nuevos «fondos frescos» el Tesoro recompraría deuda al Banco Central, lo cual equivale a un cambio de acreedor: de concretarse la operación se engrosarían los compromisos con el FMI. Sin que los representantes del pueblo y de las provincias tengan oportunidad de intervenir, se pasaría de una deuda intra-sector público a deuda externa, sujeta a las habituales condicionalidades que impone el organismo crediticio. Más allá de esta contabilidad creativa, es inocultable que el plan gubernamental es aumentar la deuda y ceder soberanía al elevar nuestra dependencia con el FMI.
Washington. Sede del FMI: las experiencias de endeudamiento con el organismo siempre fueron negativas para el país.
Foto: NA
Las últimas siete décadas de la historia argentina muestran que en ningún momento las experiencias de endeudamiento con el FMI fueron positivas para el país. Siempre ese supuesto recurso terminó mal, a lo sumo los sucesivos Gobiernos ganaron tiempo, pero en todos los casos el resultado final fueron profundas crisis.
La Argentina no necesita tomar más deuda para consolidar un proyecto de desarrollo con inclusión social, al contrario, necesita desendeudarse. Nos quieren hacer creer que los problemas que tenemos derivan de que hay una restricción al flujo de capitales con el exterior. Pero un país que tiene un problema grave de endeudamiento y de conformación de sus reservas no puede darse el lujo de no tener administración de las divisas o dejarla en manos del mercado.
Y no se puede prescindir de la administración cambiaria hasta resolver la situación de los flujos que le permiten asegurar que sus ingresos de divisas son superiores a las salidas. Pasó no hace mucho tiempo atrás con Mauricio Macri como presidente, antes con el exministro de Economía, Domingo Cavallo, y durante la dictadura cívico-militar, con José Alfredo Martínez de Hoz, cuya «tablita» devaluatoria del peso era casi idéntica a lo que hoy rige con el 1% mensual de ajuste cambiario.
La expresa voluntad del Gobierno de fijar el precio del tipo de cambio, aún en contra de su discurso de dejar todas las variables económicas libradas al mercado, no es más que un intento de mantener los actuales valores de inflación. Vale destacar que la variación de los precios minoristas en enero fue de 2,2%, con lo cual el tipo de cambio se sigue atrasando.
¿Qué les dice el Gobierno a los exportadores? «Exporten, les doy esta ventaja, pero me tienen que liquidar en 15 días. Además, con los pesos inviertan en plazos fijos». Como la baja de retenciones a los granos fue menor a lo solicitado por los ruralistas, los quieren compensar asegurándoles el negocio de la bicicleta financiera, el llamado «carry trade».
El problema surge cuando los que hicieron el negocio quieren salir de la posición en pesos y recomprar dólares que ya no están, como ocurrió cuando el anterior Gobierno neoliberal recurrió al FMI para pedir los famosos 57.000 millones de dólares, de los que se utilizaron finalmente 45.000 millones.
De alcanzarse un nuevo acuerdo con el organismo, el mismo debe pasar por el Congreso para evitar perjuicios económicos futuros y reafirmar la importancia del correcto funcionamiento e independencia de las instituciones republicanas para una mejor calidad de nuestra democracia.
