10 de diciembre de 2025

Termina 2025 y el balance de la gestión del Gobierno de Javier Milei difícilmente podría ser más negativo. En lo político tenemos una democracia prostituida en cuya cúspide se encuentra un grupo heteróclito que incluye estafadores de criptomonedas, coimeros, mercachifles que compran y venden puestos en las listas legislativas y en el aparato del Estado y torvos personajes con notorios vínculos con el narcotráfico. En el orden institucional el país, la compraventa de votos en el Congreso se hace a cara descubierta burlando la voluntad ciudadana. La Casa Rosada incumple las obligaciones que le impone la ley, por ejemplo, distribuir los alimentos almacenados en galpones del Ministerio de Capital Humano, o reteniendo el envío de fondos a las universidades, a los hospitales públicos y a los Gobiernos provinciales. Los gobernadores, por su parte, venden con descaro los votos de sus senadores y diputados a pedido de la Casa Rosada. La Justicia federal ha llegado a inéditos niveles de desprestigio al convertirse en un arma de persecución política al servicio de las clases dominantes y sus representantes políticos. La  Corte Suprema es un trío impresentable: hace años que debería estar integrada por cinco miembros y que entre los cuales al menos haya una mujer.

Respaldo poderoso
Este descalabro institucional es consentido por la igualmente corrupta oligarquía mediática que fomenta el apoyo incondicional al Gobierno de Milei, cuyas políticas de fondo son aprobadas con entusiasmo centrando sus muy mesuradas críticas en los excesos verbales y los modales groseros del presidente. Pero el empeño del Ejecutivo por destruir los avances democráticos y sociales de la Argentina cuenta con el respaldo sin fisuras de las grandes fortunas de este país, obsesionadas con erradicar definitivamente todo resto del «populismo» aunque para ello sea preciso pisotear el orden institucional de la república. Para los grupos dominantes de la Argentina el «populismo» es la inadmisible expansión de la ciudadanía social y económica –tal como la planteara en su clásicos escritos de 1950 T. H. Marshall–  que se traduce en la expansión de los derechos sociales, en protección estatal a los grupos más vulnerables y, especialmente, en una legislación laboral que fortalezca los derechos de los asalariados. 

En lo económico la gestión de Milei al cabo de dos años se puede condensar en una palabra: desastre. El país se hunde en una recesión cuyo piso aún no se divisa. El «topo» que vino a destruir al Estado desde dentro, como lo advirtiera el propio Milei, fue mucho más allá de ello y destruyó  una importante fracción de las fuerzas productivas. Se estima que entre pymes y compañías de mayor tamaño han desaparecido unas 16.000 empresas. Datos oficiales permiten al periódico digital El Economista hablar de un derrumbe productivo.  «Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en los últimos 20 meses cerraron 17.063 empresas, lo que equivale a casi 30 por día, y se perdieron 236.845 puestos de trabajo». Esta cifra se acrecentaría significativamente si se incluyeran a las empresas que cerraron en los últimos seis meses y se tomaran en cuenta los casi 60.000 empleados públicos sumariamente despedidos y echados a la calle.   

El reverso social de las desastrosas políticas económicas ha sido un empobrecimiento colectivo que afecta a poco más de la mitad de la población, probablemente a dos de cada tres habitantes de este país. Esta afirmación seguramente será caracterizada como errónea, o mal intencionada, por el ejército de comunicadores sociales afines o a sueldo del Gobierno. Se dirá que las cifras del Indec señalan que la pobreza afecta apenas al 31,6 % de la población, pero ese número es producto de un patrón de consumo establecido en 2016 y cuyos componentes tienen una ponderación que nada tiene que ver con la composición del gasto familiar actual. Un documento del Indec establece que la identificación de la Línea de Pobreza se realiza según los hogares tengan «capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales». Pero el patrón de consumo de diez años atrás difiere en mucho del actual y además es preciso tener en cuenta los significativos cambios derivados de las políticas de radical reducción del gasto público, cuya contrapartida fue el enorme encarecimiento de los servicios públicos, los medicamentos y las prepagas de la salud, la educación, la telefonía celular e internet, los alquileres y las expensas, amén del incontrolable aumento en alimentos y bebidas, ítems todos ellos fuertemente subestimados en la construcción de la Línea de la Pobreza. No se entiende esta proclamada reducción de la pobreza en un país que se convirtió en el más caro de Latinoamérica –y, en ciertos ítems, del mundo– y que además tiene el salario mínimo más bajo de Latinoamérica. Por lo tanto cuando se sitúa la Línea de Pobreza para una familia tipo en $1.176.852 lo que se hace es subestimar el número de pobres que hay en este país. Téngase en cuenta que alquilar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires exige oblar una suma mínima de $600.000, a los cuales hay que agregar unas expensas que implican un desembolso de otros  $100.000. Por supuesto, quien posee una vivienda se encuentra en una situación un tanto más holgada, pero aún así tiene que abonar el ABL y hacer frente a las expensas con lo cual no son muchos los recursos que le quedan para enfrentar los demás gastos, especialmente si se tiene en cuenta que en el segundo trimestre del 2025 el ingreso promedio de la Argentina fue de $537.000 y la mediana de la distribución del ingreso, es decir el valor que separa la mitad más rica, por decirlo de alguna manera, de la mitad más pobre, fue de $392.000. Si a esto se le suma el deterioro de los ingresos de los asalariados, tanto los registrados como los informalizados, y las jubilaciones y pensiones para los adultos mayores y la abismal caída en los consumos populares, es evidente la nada inocente subestimación de las personas sumidas en la pobreza.

Metodología dudosa
Otro dato significativo para comprender los alcances de la pobreza es el examen de la situación de los sectores que ganan por encima de los $1.176.852 que marca la Línea de Pobreza (LP). Veamos: si una familia percibe $1.500.000 o incluso $2.000.000 ha definitivamente aventado el fantasma de la pobreza. ¡No, para nada! Basta un ligero aumento de los costos del transporte, la electricidad, el gas, la prepaga, la telefonía celular para que esos sectores desciendan velozmente por debajo de la LP. En fin: con ingresos planchados que perdieron aproximadamente un tercio de su poder de compra, con el salario mínimo más bajo de la región, con aumentos exorbitantes en los servicios, con una inflación mensual por encima del 2% con una estampida de empresas extranjeras que abandonan el país, con entre 12.000 y 16.000 pymes que cerraron sus puertas, ¿cuál es el grado de credibilidad que tiene la cifra de pobres anunciada por el Gobierno? Ninguno, porque la cifra oficial es un constructo estadístico engañoso. Lo más probable es que si a los pobres por LP se le suman los que están apenas un poco por encima de dicho guarismo encontremos que dos de cada tres familias argentinas están al borde de caer por debajo de la fatídica LP.  Esta conjetura se vio ratificada por la difusión de los hallazgos de una investigación hecha por un investigador del Conicet, Martín Maldonado, en donde se afirma que «la metodología oficial que utiliza el Indec para medir la  pobreza resulta “obsoleta” y “superlimitada” porque fue diseñada en 1985 y solo contempla ingresos monetarios frente al costo de una canasta de 52 alimentos». Esta metodología, observa con razón, «no mide el precio de los servicios públicos, no mide el precio de la educación, los costos de la salud, del esparcimiento. Tampoco mide costo de transporte y combustible». Como conclusión, una medición multidimensional de la pobreza arrojaría como resultado la existencia de un 67% de pobres en la Argentina. Pese a estos datos el presidente sigue denunciando al «socialismo empobrecedor» cuando es precisamente él quien ostenta el triste récord de ser quien empobreció a más gente en democracia.

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