24 de octubre de 2024

¿Hay un hilo conductor en los varios anuncios sobre medios de comunicación y telecomunicaciones con que el Gobierno de Javier Milei abrió esta semana? Aparentan ser temas diferentes: el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que licitarán el espectro móvil reservado a ArSat o en manos de ENaCom para apuntalar el despliegue del 5G; que eliminarán la exención del IVA para diarios, revistas y medios digitales; que reactivarán la provisión de conectividad a 16.000 escuelas a través de un nuevo proceso licitatorio; que una auditoría del ENaCom (intervenido por Milei) detectó serias fallas en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU) por parte de dos grandes prestadoras de telecomunicaciones: Telecom y Telefónica; y que derogarán las normas que rigen para el ordenamiento de señales en la grilla de contenidos de la tv paga.

Muchos de esos anuncios podrían tener un interesado que atrae como un imán la atención y algunos favores del presidente argentino: Elon Musk. También podrían motivar al Grupo Werthein (DirecTV) y otros conglomerados. Y son, a la vez, una declaración de guerra contra el Grupo Clarín.

El dueño de Starlink (empresa de conectividad satelital) y de la red X (Twitter), erigido en animador de la ultraderecha global, sería un candidato a alzarse con el negocio de la conectividad a escuelas que tenía reservado el Grupo Clarín. Además, Musk aprovecharía el manto de sospecha sobre la falta de cumplimiento de aportes de inversión y sobre conductas anticompetitivas que Adorni tendió sobre los operadores de telecomunicaciones y, según las condiciones que el propio Gobierno establezca si consuma la prometida licitación de espectro, hasta podría ingresar a un mercado controlado por Personal (Telecom, con mayoría accionaria de los dueños de Clarín), Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica).

ArSat en la mira
La improvisación es otro rasgo en común de estos anuncios: hace 15 días la conducción de la empresa estatal de servicios satelitales especulaba con la cotización en la bolsa de valores y negaba que hubiera planes sobre uno de los activos de la compañía, como es el espectro para servicios 5G tras la licitación realizada durante el gobierno de Alberto Fernández. Aparte, ArSat posee la red federal de fibra óptica (REFEFO), satélites propios y posiciones orbitales, un moderno datacenter y la red de tv digital TDA en medio de versiones de privatización parcial y del vaciamiento presupuestario y de cuadros técnicos que padece la empresa. La infraestructura de ArSat es percibida con recelo y encanto por grandes jugadores del mercado.

El anuncio de quitarle la exención del IVA a los medios gráficos y digitales también parece una ocurrencia improvisada para contener la cólera presidencial con ciertos contenidos periodísticos, en particular los del Grupo Clarín. Una medida tributaria como esa desborda las facultades del Poder Ejecutivo. Imponer el IVA a diarios, revistas y medios digitales golpearía a un mercado periodístico aturdido por la disminución de fondos de publicidad oficial y, sobre todo, la migración de audiencias y del mercado publicitario privado a plataformas digitales globales gestionadas por Google, Meta, TikTok, Amazon, Apple o X (Twitter).

Cuesta no asociar este anuncio con la obsesión del presidente contra periodistas, animadores y empresarios del sector, a quienes elige como blanco de ataques luego amplificados por sus tropas digitales en distintas redes. Lejos de ser un accidente, la repetición cotidiana del hostigamiento a comunicadores revela una estrategia que Milei ejecuta de modo sistemático. Lo curioso es que los mismos medios que son objeto de su ira le cedan espacios centrales para que Milei, hábil panelista, inyecte violencia en el espacio público. Marcelo Bonelli, una de las principales espadas del Grupo Clarín, fue agredido en la pantalla de TN (luego Milei arremetió contra su hija en X), mientras que Julio Saguier, accionista de La Nación, fue objeto de la cólera de Milei en la señal LN+.

En todas las ventanillas
Tras los anuncios de Adorni el lunes, la embestida contra Bonelli por parte de Milei en TN el domingo 20 (en un programa grabado) adquiere otro sentido. Bonelli es la voz editorial en temas de economía del CEO y mayor accionista de Clarín, Héctor Magnetto. Milei está subiendo al ring a un peso pesado de los negocios políticos en la Argentina.

En efecto, el Grupo Clarín puede ser más afectado que ninguno si los anuncios de Adorni se concretan. Su extensa gama de actividades y el tipo de concentración conglomeral que diseñó Magnetto hacen que los cambios en las reglas de juego perturben su statu quo tanto en el campo de los medios (IVA) como en las telecomunicaciones (licitación móvil, servicios como contratista estatal, obligaciones de inversión). Al cobrar en todas las ventanillas, su posición es también más expuesta. Es cierto que, a cambio, Telecom (con mayoría accionarial de los dueños del grupo) podría eventualmente beneficiarse de la subasta del espectro de ArSat, pero eso depende de las condiciones que establezca Milei. Si quiere facilitar el ingreso de un cuarto operador, por ejemplo, la competencia debilitará objetivamente los intereses consolidados del sector.

En tanto, Cablevisión/Flow se libra del ordenamiento de la grilla ya publicado en el Boletín Oficial, pero esa noticia, que comprende también a DirecTV y al resto de cableoperadores (Telecentro, por ejemplo), no compensa las pérdidas.

En este giro contra Clarín, el vocero de Milei dijo que las empresas Telecom y Telefónica debían más de $3.000 millones en aportes de inversión al FSU, cuyo objetivo es reducir las brechas de acceso a servicios TIC. Justamente, hace dos semanas, las operadoras de telecomunicaciones a través de la «Mesa TIC» propusieron cambios en la gestión del FSU para blindarse ante la posible entrada al mercado de competidores como Starlink. Parece que su planteo no es compartido por el Gobierno al que, sin embargo, no dejan de celebrar por su dogma promercado. El mercado que Milei tiene entre cejas no parece el mismo que el de los intereses creados en las comunicaciones, que orbitan alrededor del Grupo Clarín.

En el segmento periodístico, como si el disciplinamiento vía injurias fuera poco, el castigo económico que el Gobierno quiere propinar complementa un panorama sombrío para los medios. Según Adorni, si las empresas periodísticas pagaran el IVA, el Estado aumentaría la recaudación en $264.000 millones. Pero el vocero oficial erró las cifras una vez más, dado que según el proyecto de presupuesto 2025 que el Gobierno presentó al Congreso, ese concepto asciende a $455.900 millones.

Dado que las decisiones tributarias son facultad del Poder Legislativo, para eliminar la exención del IVA el oficialismo deberá lubricar, nuevamente, el apoyo de aliados en Diputados y en el Senado. Además, los editores de diarios y revistas, con acceso privilegiado a los juzgados, interpondrán recursos de amparo, como los que detuvieron la aplicación de cargas impositivas que promovió el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, en 2001.
De este modo, la intervención del Ejecutivo en el amplio sector comunicacional es novedosa en su forma y en su contenido. Mientras resetea la estructura del Estado, alterando los balances entre áreas que reciben más recursos (seguridad, propaganda digital) y otras que quedan postergadas (educación, salud), el Gobierno altera también la relación económica con empresas de medios y de telecomunicaciones, especialmente zamarreando al mayor grupo infocomunicacional.

Quizá la retórica del presidente contra el periodismo dificulte apreciar la profundidad de los cambios en curso, pero estos acompañan la vocación libertaria para refundar la correlación de fuerzas en un campo estratégico por motivos simbólicos y económicos. En la ley de la selva de Milei no todos ganan. Muchos de los privados que se consolidaron en las últimas décadas, a través de diferentes Gobiernos, pueden resultar mutilados por el experimento ultraderechista en curso.

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