14 de mayo de 2024
En estos días el tema político crucial es el debate en el Senado de la Nación y en la sociedad sobre el proyecto de Ley Bases. Va quedando cada vez más claro que no se trata de una ley más, sino de un verdadero parteaguas que definirá estructuralmente el futuro de la economía nacional y la calidad de vida de las grandes mayorías.
El debate sobre el capítulo del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) ha posibilitado que salga a la luz pública su carácter, propio de un estatuto con rasgos de dependencia.
En caso de aprobarse, las corporaciones trasnacionales y locales tendrán facultades y privilegios propios de un Estado autónomo dentro del país. El texto del proyecto expresa que podrán importar a discreción, lo cual significará en los hechos el fin del Compre Nacional, con el consecuente daño para nuestra industria, particularmente las pymes, que deberían ser las proveedoras de estas actividades.
Además se otorga a las empresas extranjeras la capacidad de transferir utilidades a sus casas matrices sin límites luego de los dos primeros años. No contiene ninguna cláusula de protección del medioambiente y de los pueblos circundantes; y las regalías que se establecen son de las más bajas del mundo. Sin embargo, existe otro agravante, quizás el principal, que expresa un vínculo propio de un estadio histórico ya superado: todo diferendo sería dirimido en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), el tribunal más favorable a las corporaciones empresarias del mundo. Y la concesión se otorgaría por entre 20 y 30 años, lo cual generará la imposibilidad de que un eventual nuevo Gobierno en el futuro cercano pueda modificarlo.
En suma, se les otorga a las corporaciones internacionales y algunas locales –entrenadas en medrar sobre el Estado nacional–, la facultad de primarizar y extranjerizar nuestras riquezas. Este esquema conduciría inevitablemente a un cambio regresivo de la matriz productiva del país, imponiendo un modelo extractivista, sin valor agregado, disociado de un desarrollo de la industria nacional, muy particularmente a las pymes y sus trabajadores.
Debate. Plenario de comisiones para el tratamiento del proyecto Bases.
Foto: NA
Disputa simbólica
Se trata de un modelo de país que importa maquinarias, repuestos, y particularmente trabajo desde el extranjero. Todo esto se complementa con una política exterior que reedita aquellas «relaciones carnales» del menemismo enarbolada por el entonces canciller Guido Di Tella, y también con el contexto cultural que intenta instalar el oficialismo, ya que el presidente formula permanentemente que es crucial la disputa de valores. De allí que reivindica permanentemente a Margaret Thatcher y Ronald Reagan y se dedica especialmente a la cuestión simbólica de cambios de nombres de sedes y monumentos como el Centro Cultural Kirchner, el Salón de las Mujeres, el Salón de los Pueblos Originarios, entre otros.
Es tanto lo que hay en juego en el proyecto, que los empresarios salieron a presionar a diputados y senadores. El presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni, señaló que «Milei lleva adelante cambios que van en la buena dirección, pero no lo apoya el Congreso. Si no se votan las leyes… no habrá una buena situación en el futuro».
Alfredo Coto, simultáneamente, afirmó que «la Ley Bases sería un primer paso para un país más predecible». En suma, ya no son solo las entidades que representan a las grandes empresas, como AEA, AmCham o la UIA, sino los dueños en forma directa, quienes salen a marcar la cancha. Todo indica que están preocupados porque el Parlamento no actúa pasivamente según sus intereses, ya que la democracia posibilita espacios donde la sociedad también presiona, muy particularmente las calles y plazas, a pesar de la enorme asimetría con el poder real.
En el marco del crecimiento de la disputa parlamentaria y política retomó la iniciativa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reafirmando la vigencia de su liderazgo ante su partido y sus simpatizantes.
Una vez más está planteada la disyuntiva del momento entre el gran protagonismo del pueblo expresado en estos cinco meses en grandes manifestaciones en plazas y calles de todo el país, frente al poder de las grandes corporaciones multinacionales y locales que actúan sobre el sistema democrático.
