Opinión

Pablo Imen

Director de Idelcoop

Pedagogía de la desprotección

La Ministra de Educación Soledad Acuña muestra toda una concepción de gobernanza que combina la justificación tecnocrática, la reconfiguración mercantilista del sistema educativo y la respuesta violenta como modo de superar un conflicto generado por la propia política educativa. Veamos. 
La persistente reducción presupuestaria –que pasó del 28% en 2008 a algo más del 17% en 2022– se combinó con el intento de transformaciones sustanciales del sistema educativo. En efecto, las propuestas de cambios curriculares, la creación de Unicaba, la Secundaria del Futuro, la más reciente reforma del estatuto del docente, la profundización de la privatización educativa en todos los planos constituyen tres rasgos de la política educativa actual.
Desresponsabilización financiera, mercantilización y privatización de la educación y pedagogía tecnocrática son tres pilares de la «pedagogía oficial» que se imbrican con un cuarto: la descalificación, la persecución y la combinación de omisiones, mentiras y verdades a medias para justificar el rumbo, el contenido y la forma del proyecto educativo hegemónico.
La democracia, lo público y la ciudadanía son conceptos en disputa. Desde nuestra perspectiva, en el marco de sociedades profundamente desiguales e injustas solo un Estado Democrático puede garantizar los derechos a una vida digna de quienes –mayoritariamente en nuestra sociedad– han sido privados de una existencia decorosa porque, justamente, una minoría opulenta se ha apropiado de una porción escandalosa de la riqueza colectivamente producida.
La educación no es ajena a esta idea: si ha de concebirse como un derecho social, de ciudadanía o humano solo el Estado puede asegurar su efectivización. Así lo proclama la Constitución de la Ciudad y abundante legislación nacional y local. Pero este no el rumbo elegido por el Gobierno de CABA.
En estos días se van viendo las consecuencias de las políticas oficiales en la Ciudad: desde viandas insuficientes en número y en calidad –mientras las empresas proveedoras hacen pingües ganancias–, así como las pasantías que resultan ser un fraude formativo y laboral. Los problemas de infraestructuras irresueltos porque justamente la reducción y subejecución presupuestaria tienen consecuencias suman más elementos para la legítima protesta.
El modelo de gerenciamiento autoritario que se niega a dialogar y a escuchar desplegado por Acuña atrasa, y mucho. Y su provocación permanente descalificando a docentes, estudiantes, familias viene a ser el complemento de un modelo educativo resistido por amplios sectores de las instituciones educativas. 
Las comunidades educativas elevan su voz y piden respuestas justas a realidades injustas. Esperamos que las masivas movilizaciones de estudiantes, docentes y familias que ocurrieron en los primeros días de octubre logren revertir la tozudez autoritaria de la ministra Acuña. 
La persistente reducción presupuestaria, la agudización de problemas de infraestructura y equipamiento, las escandalosas líneas de privatización educativa cuyo paradigma es el negocio de las viandas escolares, las reformas curriculares tecnocráticas inconsultas o las modificaciones verticales de los estatutos que regulan el trabajo docente han sido causas legítimas de protesta. Y frente a tales legítimas protestas se desplegaron con notable coherencia en el tiempo la saga de amenazas, listas negras, judicialización contra estudiantes y docentes así como una campaña comunicacional tendiente a criminalizar las voces de oposición que raramente fueron recibidas en los despachos ministeriales.
La particular concepción de democracia que despliega el PRO resulta ser muy poco democrática: impone una política pública que vulnera derechos y frente a la protesta de las y los afectados responde con la amenaza y el látigo también. Esta «pedagogía de la desprotección y del palo» ha sido, es y será resistida por las y los estudiantes, educadores y educadoras, familias que acompañan con convicción las luchas por reconquistar los legítimos derechos conculcados por una política pública al servicio del privilegio.

Foto: Télam