24 de febrero de 2024

Millones de argentinos y argentinas ya jubilados y jubiladas, pero que antes fueron el motor de la economía nacional como trabajadores activos durante decenios, fueron los principales «aportantes» del drástico ajuste aplicado en el gasto público primario al comenzar 2024. El recorte de las partidas fue, en enero, del 39,4% interanual real (descontada la inflación), y un tercio de ese tijeretazo correspondió al rubro Jubilaciones y Pensiones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se jactó de esa fortísima baja en uno de los renglones principales del gasto estatal, y ratificó la intención de eliminar el déficit en las cuentas públicas.
Curiosamente, el mismo funcionario estimó que el 15% de los jubilados están en situación de pobreza, mientras el flagelo es sufrido también por el 60% de los niños y niñas. Cabe preguntarse entonces cuál es el fundamento para sostener políticas que pasan por empujar a la pobreza y la indigencia a los miembros más débiles de las familias en condiciones de vulnerabilidad.
En el caso de los ingresos jubilatorios, a modo de supuesto paliativo, el Gobierno nacional anunció un bono de 70.000 pesos que cobrarán en marzo quienes perciben la mínima, mientras para los haberes mayores el refuerzo será proporcional hasta llegar al tope de 202.600 pesos. Las cifras, como es evidente, convalidan una gran pérdida en términos de poder adquisitivo con respecto al año pasado.
Caputo, para justificar la poda de haberes previsionales, hizo referencia a quienes ingresaron en su momento a distintas rondas de moratoria y que hoy representan la mayor parte del padrón de beneficiarios. El ministro los descalificó como «los que no aportaron» y cuestionó «esa gran idea del Gobierno anterior de imprimir plata» para incluir a personas de edad avanzada, pero que no contaban con los aportes requeridos para jubilarse.
En realidad, se trata de adherentes a leyes de moratoria aprobadas por el Congreso de la nación, para incluir a quienes, en distintas etapas de su vida laboral, no pudieron completar sus aportes porque estuvieron desempleados o bajo regímenes laborales informales.

Recortes
La extensión del ajuste, lamentablemente, es mucho mayor. Comprende caídas en planes sociales, subsidios económicos (principalmente energía), inversiones en infraestructura, transferencias a provincias, fondos para docentes, transporte público y para mejoras en barrios populares, etcétera.
Lo cierto es que el impacto es el enfriamiento de la economía, que se agravará a medida que se profundice el deterioro salarial (esta semana el golpe lo sufrió el mínimo vital y móvil, que repercutirá en programas como Potenciar Trabajo y Becas Progresar).

Las consecuencias sociales de ese rumbo, en tanto, fueron advertidas –aunque más no sea, en el discurso– incluso por la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath. Resulta «esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras», alertó en un comunicado al término de su visita a Buenos Aires.
Gopinath sostuvo que las reformas «deben ser diseñadas y secuenciadas para asegurar un crecimiento sostenido e inclusivo». Luego, en obvio respaldo a las recetas neoliberales, indicó que «proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas».
El panorama, para ser completo, debe tomar nota de otras expresiones, además de las libertarias y fondomonetaristas. Esta semana fue también la del conflicto salarial en el sector ferroviario, el paro nacional en sanatorios y clínicas, y las protestas de diversas organizaciones sociales en reclamo de «asistencia para comedores comunitarios».
A ello se agregó el rechazo de un conjunto de universidades públicas a los recortes presupuestarios y el anuncio de un paro el próximo lunes de los estibadores portuarios. Son parte de la resistencia al ajuste, en un mes en el que tendrán lugar además tradicionales movilizaciones masivas (de mujeres y en memoria del golpe del 1976).

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