4 de mayo de 2025
Caputo. «Se terminó la época de la Argentina regalada en dólares», dijo el ministro.
Foto: NA
Aunque la red mediática oficialista se concentra en los supuestos logros del Gobierno nacional y en sus esfuerzos por contener la inflación y mejorar el humor social, en estos días en el Parlamento se van generando otras señales relevantes y esperanzadoras para la mayor parte de la población.
Es de destacar, en ese sentido, el paso dado en el ámbito legislativo, un acto de solidaridad esencial que marca la posibilidad de paliar, o bien revertir, algunos de los aspectos más negativos de las políticas libertarias.
Las Comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen del proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, durante una reunión a la que no asistieron legisladores de La Libertad Avanza, en una clara demostración de rechazo a la iniciativa.
El avance se produjo gracias a que el pleno de la Cámara emplazó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a tratar el tema, que ya tenía dictamen de las Comisiones de Discapacidad y de Acción Social.
El proyecto aborda cuestiones principales como la definición y los protocolos de certificación de discapacidad. Prevé asimismo una compensación de emergencia para los prestadores, por la diferencia entre lo abonado desde diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024, actualizada por el índice de precios al consumidor del Indec. De allí en adelante, establece la indexación de acuerdo a la movilidad de los haberes jubilatorios.
Otro aspecto relevante es que, de convertirse en ley, la iniciativa determina que la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social será compatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el Monotributo.
Lejos de buscar vías para atender las urgencias de los más necesitados, la atención del Gobierno nacional tiene como norte conseguir un buen resultado en las elecciones de octubre (aún mediante el aliento a movimientos especulativos), que le permita luego avanzar con las reformas estructurales que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por lo pronto, en marzo continuó profundizándose la desmejora del Balance Cambiario y se registró el mayor déficit mensual de la Cuenta Corriente en lo que va de la actual gestión (1.674 millones de dólares).
Discapacidad. Una de las marchas en reclamo de la ley de emergencia que ahora tiene aval de las Comisiones en Diputados.
Foto: NA
Amenazas
Pese al empeoramiento coyuntural, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en la Expo EFI 2025 que «se terminó la época de la Argentina regalada en dólares». Con lo cual confirmó que aspiran a que continúe la etapa del tipo de cambio apreciado, que genera mayor debilidad en el frente externo y perjudica la competitividad de la industria, ya muy amenazada por la apertura importadora.
Caputo también sostuvo que habrá un mayor superávit, «que nos permita seguir bajando impuestos», anticipó nuevas desregulaciones y reformas estructurales en lo fiscal, laboral y previsional, para «seguir bajando el costo argentino y desincentivar la informalidad».
Por cierto, el ministro ya había anticipado que esos cambios se programan para después de las elecciones de octubre, suponiendo que arrojarán un resultado favorable para el oficialismo.
Tanto optimismo, sin embargo, no contagia a importantes actores financieros internacionales, que si bien ratifican su apoyo al Gobierno, reclaman certezas y avanzar en las reformas estructurales que exige el FMI.
En un seminario financiero realizado en Buenos Aires, el presidente del JP Morgan en nuestro país señaló que «Argentina está caminando por la vía correcta, pero no sabemos si va a tener éxito». Y agregó: «Caputo dice que esta vez es distinto, pero tenemos el recuerdo de 9 defaults y 22 planes con el Fondo. Hay siempre un nivel de incredulidad».
Por su parte, el economista del Morgan Stanley admitió las «dudas sobre la fortaleza del tipo de cambio» y acerca de los «efectos secundarios» cuando se intenta rebalancear la economía.
Los resultados discretos o claramente negativos de las políticas aplicadas, por más que se tergiversen estadísticas, generan incertidumbre también dentro de las fronteras. Cabe transcribir parte de una nota publicada en un medio de comunicación tradicional, titulada «Sembrar trigo: mejor apostar al carry trade». Se juzga allí «inentendible» que el Gobierno nacional «priorice el juego financiero e invite a los productores a meternos de lleno en busca de ganancias económicas con el carry trade (bicicleta financiera) antes que mejorar las condiciones para lograr un salto productivo que nos permita ser verdaderamente sustentables como país sin requerir permanentes apoyos crediticios».
Lo cierto es que se apela transitoriamente al uso de herramientas heterodoxas para reducir el ritmo de suba del costo de vida, como el tipo de cambio regulado, las intervenciones ante grandes proveedores de supermercados y empresas de medicina prepaga, la postergación en el aumento de impuestos y hasta la rebaja del precio de combustibles por parte de la estatal YPF. Aunque no lo reconocen, pues sería vergonzante para su ideología, la inflación está afectada principalmente por la «puja distributiva», motorizada básicamente por los grupos concentrados. Y si el tema preocupa en estos momentos a los funcionarios, es claramente por motivos electorales más que por el impacto en la vida diaria de los sectores más vulnerables de la ciudadanía.
