12 de septiembre de 2024

En las últimas semanas el Gobierno nacional profundizó una peligrosa deriva autoritaria. Sin firmar un decreto ni anunciar una medida oficial, parece haber establecido la prohibición de hecho del ejercicio del derecho a la protesta, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales a los que nuestro país adhiere. Ya había mostrado esta intención cuando se debatió la ley Bases y la manifestación en rechazo del proyecto oficialista terminó con decenas de heridos y más de 30 encarcelados, acusados algunos de ellos por el presidente y funcionarios oficiales de «terrorismo e intento de golpe de Estado».

Tras dos miércoles consecutivos de represión a la habitual marcha de jubilados y jubiladas, lo ocurrido ayer tomó otro cariz porque la presencia fue más importante en virtud del apoyo callejero de organizaciones sindicales, políticas y sociales que los acompañaron a las cercanías del Congreso Nacional, donde se debatía el rechazo al veto presidencial a una ley ‒aprobada por amplísima mayoría en ambas Cámaras‒ que disponía una modesta recomposición de los haberes previsionales.

El oficialismo, con el apoyo habitual del PRO y también con el aporte fundamental de un puñado de diputados radicales ‒bloque que impulsó el proyecto de ley‒ que había votado en favor de la ley vetada y «cambiaron de opinión espontáneamente» en los últimos días, logró frenar el rechazo al veto. En tanto, en la Plaza del Congreso y sus alrededores se desataba una feroz represión a una manifestación que hasta ese momento transcurría pacíficamente.
Como si hubiera una intención de superarse semana a semana, esta vez la aplicación del protocolo represivo pergeñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó como saldo varios heridos e imágenes de adultos mayores lastimados y hasta niños afectados por los gases que arrojaron los uniformados.

La motosierra que cercena sin piedad el gasto social y previsional, núcleo del equilibrio fiscal del que se jacta el presidente Javier Milei, no toca las partidas destinadas a estos megaoperativos represivos, que ostentan un despliegue de centenares de efectivos pertrechados y armados para reprimir cada manifestación como objetivo particular, pero con la intención primordial de disciplinar la protesta social que inevitablemente generan las políticas de ajuste.
El Gobierno que encabeza Javier Milei tiene la legitimidad de origen que le otorga el voto ciudadano, que lo eligió en el balotaje del 19 de noviembre del año pasado. La misma legitimidad que tienen las legisladoras y legisladores nacionales, a los que el mandatario llama «ratas» y «degenerados fiscales» cuando votan en contra de sus ideas y «héroes» cuando las respaldan, y, también, la legitimidad de cada persona que expresa su opinión en calles y plazas de todo el país, a quienes la gestión de La libertad Avanza parece haber decidido perseguir, reprimir y encarcelar para que no se escuchen sus reclamos.

A solo nueve meses de iniciar su gestión, el Gobierno libertario comienza a encontrar los límites de la tolerancia social al que Milei llamó «el ajuste más grande de la historia», que ya empujó a la pobreza a millones de argentinas y argentinos, y expresa en la acción desplegada ante cada protesta que su idea es sostenerlo en base a palos, gases y balas.

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