3 de diciembre de 2023
El presidente electo y sus colaboradores definieron en los últimos días el tipo de inserción internacional de la Argentina que buscarán implementar, mientras se prepara un gran ajuste del gasto cuyo resultado inmediato será un fuerte impacto recesivo. Ese es el camino, se anuncia, para reducir la inflación, aunque primero haya que soportar un drástico salto del costo de vida que impactará en los sectores populares durante un largo período.
Javier Milei anticipó que la estanflación (recesión con inflación) durará al menos seis meses, tras admitir que el «reordenamiento fiscal impactará negativamente en la actividad económica». Mientras, se liberarán los precios «reprimidos», se eliminarán los subsidios a las tarifas y se modificaría el tipo de cambio en una proporción aún indefinida.
El impacto previsible recaerá mayormente en ciertos segmentos de la población: asalariados, jubilados y beneficiarios de planes sociales. Para los afectados, que se calculan en cientos de miles, se reitera la promesa de «contención a los caídos», sin que hasta ahora se hayan dado precisiones sobre la dimensión del daño y el alcance de la eventual compensación.
En este escenario de fuerte recorte al consumo, crecimiento del desempleo y puja distributiva, las pymes en particular verían reducidas sus posibilidades debido al achicamiento del mercado interno y es esperable una mayor concentración de la economía.
En la última Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) se definieron otros aspectos complementarios del rumbo a iniciar desde el 10 de diciembre. Funcionarios del nuevo Gobierno descartaron el ingreso de Argentina a los BRICS (grupo conformado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica), que estaba pautado para el 1º de enero de 2024.
Se prevé congelar así la relación con un grupo que concentra el 18% del comercio, casi un cuarto del PIB global, un 30% del territorio y 42% de la población. Lo que equivale a cerrar la puerta a una de las opciones reales para por lo menos intentar salir del verdadero «cepo» que sufre el país, que es el Fondo Monetario Internacional y sus condicionamientos.
En cambio, el alineamiento elegido pasa por avanzar hacia el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y con los países que integran el EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). La prioridad del nuevo Gobierno va en consonancia con la vieja ilusión neoliberal de retornar al pasado de comienzos del siglo XX, cuando la Argentina era exportadora de productos primarios e importadora de manufacturas.
El caso es que este nuevo marco impactará previsiblemente sobre la industria, ya sea por la eliminación unilateral de aranceles o por los acuerdos que abren el mercado local al ingreso de bienes y servicios externos. En tanto, los productos agrícolas locales apenas se beneficiarían dada la persistencia de las elevadas barreras europeas.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió en la reunión de la UIA que «la industria no es un sector más en la provincia de Buenos Aires: es la columna vertebral de nuestra integración territorial e identidad productiva». Por eso, consideró: «Hay que buscar estabilidad macroeconómica con un modelo que promueva el desarrollo industrial».
La inquietud al respecto surge al recordar que las políticas aplicadas durante el gobierno de Mauricio Macri llevaron a una caída del 14,2% de la producción fabril. Retroceso que se revirtió con el repunte del 15,5% entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo de este año.
El riesgo claro, como ya hemos vivido en otras experiencias neoliberales, es que el ajuste fiscal trae consigo más ajuste, porque la caída de la actividad genera pérdidas de recaudación y obliga a recortar más los gastos, y así sucesivamente.
Nos espera frente a ese panorama una gran responsabilidad. El bloque de diputados y diputadas del que formo parte será el de mayor número y dentro de la lógica institucional, ejerceremos el rol que hace falta en esta nueva etapa política del país.
Cuestión de modelos. Las pymes industriales estarán entre las afectadas por las políticas que se anuncian para después del 10 de diciembre. Para Kicillof, en cambio, forman parte de la identidad productiva.
Foto: Télam
