12 de diciembre de 2025

Generar empleo, según pregona el Gobierno nacional, es el objetivo del proyecto de ley de «modernización laboral» recientemente elevado para su tratamiento en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Una meta plausible, desde luego, si no fuera porque se trata de pura ilusión en un contexto como el actual, de fuerte deterioro de la actividad (salvo en áreas de baja incidencia de mano de obra, como son los sectores agropecuario y minero).

Se pretende, además, que la clave radique en la quita de derechos a las trabajadoras y los trabajadores, cuando una verdadera modernización debería ampliar esos derechos.

Más aún cuando a nivel mundial se atraviesa una etapa de incorporación de tecnología e incremento de la productividad, en el que las personas deberían trabajar menos y ganar más.

La realidad es que sin un impulso a un modelo productivo y a la demanda local, sin el cuidado de la industria y el mercado interno (cada vez más inundado de productos importados), el escenario configurado no parece ser el más adecuado para combatir la desocupación y recuperar los salarios.

Rémoras del pasado
La lectura del proyecto recuerda pautas impuestas en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía.

El proyecto libertario busca modificar el régimen de prelación de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), «estableciendo que los convenios de ámbito mayor no podrán alterar el contenido de los de ámbito menor, y que estos últimos prevalecerán».

Esto significa invertir la situación actual y darle preeminencia a lo que se resuelva a nivel de empresa o de región, donde el poder negociador de los trabajadores es muy distinto al que existe para los convenios por actividad o a nivel nacional.

Se prevé asimismo el establecimiento de un banco de horas y el fraccionamiento de la licencia por vacaciones, ambos por acuerdo individual. Una «negociación» obrero-patronal que en la gran mayoría de los casos no sería tal.

También se pretende ampliar de modo significativo los alcances de las actividades esenciales, lo cual en los hechos restringe severamente el derecho a huelga.

Luego, se promueve un fondo para despidos conformado con el 3% de la masa salarial que las empresas dejarían de aportar al Sistema de Seguridad Social. El ministro Federico Sturzenegger sostuvo que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sería un «ahorro previo para hacer frente a las contingencias». «Ese fondo va a ser del empleador. Se va a tener que colocar en ciertos instrumentos que van a estar diseñados para preservar el valor, que sean relativamente seguros», agregó.

Como esos instrumentos «relativamente seguros» serán determinados por la reglamentación, puede pensarse que será una privatización de esos fondos, al arbitrio del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que el Estado deja de percibir el 3% por la rebaja de los aportes de los empleadores, pero quienes muy probablemente padecerán las consecuencias del desfinanciamiento de la Anses serán quienes cobran jubilaciones y asignaciones familiares.

Adicionalmente, se plantea una reducción de un punto porcentual de los aportes patronales destinados a las obras sociales, con el consiguiente impacto negativo, ya sea en materia de prestación de servicios de salud o de los valores de las cuotas de las prepagas.

Mucho para debatir, dados los impactos sobre amplias capas de la sociedad, por más que la Casa Rosada busque un tratamiento express de la iniciativa.

Los reparos crecientes al proyecto de reforma laboral muestran que el intento oficialista podría ser un disparador para la movilización de la ciudadanía. Por lo pronto, tanto la CGT como la CTA llamaron a una gran marcha para el próximo jueves 18 de diciembre, en rechazo a la iniciativa

Reforzar el ajuste
Otro proyecto para ser tratado en sesiones extraordinarias es la Ley de Presupuesto 2026, demorado en su momento a la espera del recambio en el Parlamento.

Las inconsistencias del texto remitido para su consideración saltan a la vista. Por ejemplo, cuando se proyecta una inflación del 24,5% para todo 2025, mientras la suba de precios acumulada entre enero y noviembre es del 27,9%.

Por otro lado, se prevé un tipo de cambio de 1.300 pesos por dólar a diciembre de 2025, y de 1.426 para fines de 2026, ambas cifras menores al valor actual. 

El proyecto de Presupuesto tampoco considera los menores ingresos del fisco por la reducción de las retenciones a las exportaciones del complejo agrícola. Los menores ingresos reales en las arcas del Estado serían compensados necesariamente con un mayor recorte de los gastos, para cumplir con el equilibrio o superávit fiscal financiero. Condición «innegociable» de la política actual.

 Ello implica una caja más vacía para repartir entre las provincias, incluso aquellas cuyos gobernadores muestran disposición a apoyar al Gobierno nacional.

Como he venido sosteniendo, la administración actual, en representación de ciertos sectores concentrados, locales y del exterior viene por la porción de la «torta» que aún está en poder de la clase media y por los recursos naturales, dos de los mayores reservorios de riqueza que tiene hoy la Argentina para ofrecer.

Riesgo predecible, a menos que la reacción de los ajustados ponga freno a las actuales políticas. 

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