Opinión

Carlos Heller

Dirigente cooperativista

Riesgos de un rumbo más regresivo

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Debate. La Cámara Alta aprobó los proyectos en general, pero rechazó la modificación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Foto: Enrique García Medina

Hubo algunas modificaciones en los textos originales y en la calle un amplio operativo de fuerzas de seguridad reprimió con inusitada dureza a los manifestantes movilizados frente al Congreso. Ese fue el escenario del miércoles por la tarde-noche, mientras el Senado aprobó en general los proyectos de Ley de Bases y el paquete fiscal.

De aprobarse ambas iniciativas en la Cámara de Diputados, como venimos sosteniendo, se modificará regresivamente la estructura económica, productiva, social y cultural del país, mediante el recorte o la eliminación lisa y llana de una gran cantidad de derechos conquistados durante generaciones de argentinos y argentinas.
Entre los aspectos más graves figuran las facultades delegadas en el presidente y el capítulo de la llamada reforma laboral, eufemismo utilizado para presentar una supuesta «modernización» en las reglas, cuando lo que se procura, en realidad, es una clara desprotección a trabajadores y trabajadoras, con el fin de bajar costos a los empleadores.

Está claro que la Casa Rosada apela a todo tipo de tergiversaciones para imponer su voluntad y la de los sectores concentrados locales y extranjeros a los que representa. Solo así se entiende que el comunicado oficial difundido tras la jornada felicitara el accionar represivo frente a «grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina». Todos pudieron ver, en realidad, el fuerte ataque con gases lacrimógenos que tuvo como víctimas inclusive a varios diputados y diputadas, además de un nutrido conjunto de ciudadanos.

Antes de la represión. Una multitud marchó al Congreso en rechazo de la iniciativa oficialista.

Foto: Getty Images

Las tratativas previas al debate en la Cámara Alta incluyeron cambios en algunos artículos. Por ejemplo, se dio marcha atrás con la propuesta de eliminación de la moratoria previsional. También se redujo el número de empresas públicas sujetas a privatización. Del objetivo inicial de 41 quedaron solo 6, Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios de Radio y Televisión Argentina (RTA) fueron las últimas en ser exceptuadas. 
El Régimen para las Grandes Inversiones (RIGI) limitó sus alcances y los beneficios propiciados ya no serán para «cualquier sector», sino para «foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología», siempre que cumplan con los requisitos previstos. Además, se incluyó a los proveedores locales, que deberán participar «como mínimo en el 20% de la totalidad del monto de inversión», en condiciones de disponibilidad de oferta y respondiendo a requisitos de precio y calidad. También se modificó el punto relativo al mantenimiento del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

El Senado rechazó asimismo dos aspectos del paquete fiscal: la modificación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. El Poder Ejecutivo, por su parte, manifestó su intención de insistir con esas iniciativas en Diputados.

En mi opinión, la Cámara de Diputados no puede insistir con los temas rechazados por el Senado y solo puede hacerlo con los temas modificados por esa Cámara. El sistema es bicameral y por eso los proyectos deben ser aprobados por ambas cámaras.

Un comentario final sobre aquellos legisladores y legisladoras que dieron luz verde a las iniciativas con el argumento de que hay que otorgarle al Gobierno las herramientas requeridas, aun cuando las mismas estén destinadas a producirles daños a la gente y al país. A mi juicio, si la ley va a hacer el mal, no solo no hay que darle las herramientas al Gobierno: hay que intentar limitárselas. Para eso está el Parlamento: para promover el equilibrio de poderes. 

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