12 de enero de 2026
Más caro. Las tarifas de gas natural aumentaron 709% entre diciembre de 2023 y el mismo mes del año pasado.
Foto: NA
El año que comienza marca el fin de una política que durante las últimas décadas –salvo el período macrista– significó un beneficio para familias, pymes y el sistema productivo de todo el país y que forma parte del debate acerca del rol del Estado, un debate que, en el marco actual, cobra mayor relevancia que nunca.
El Gobierno nacional impulsa el retiro casi total de los subsidios aplicados a las facturas de los servicios públicos, en el marco de un severo ajuste presupuestario general que no es neutral, sino que muestra ganadores y perdedores.
El nuevo esquema será progresivo a lo largo del año. En diciembre de 2026 quedarán con subsidio cero las familias con ingresos superiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo II, hoy en $1.257.329; es decir, un hogar donde todos sus integrantes sumen $3.771.987 deja de recibir subsidios. El resto tendrá topes de consumo con tarifa subsidiada, es decir, al superar un umbral mínimo de consumo del servicio pasan a abonar el remanente sin subsidio alguno.
Cabe aclarar que un hogar queda excluido del subsidio, más allá de sus ingresos declarados, si alguno de sus integrantes cumple alguna de estas condiciones: poseer un auto con menos de diez años, ser titular de dos o más inmuebles, tener bienes suntuarios o pagar una cobertura de medicina prepaga por fuera del empleo. Asimismo, aquellos que no cuentan con gas por redes y dependen de la garrafa de 10 kilos para calentarse, higienizarse y cocinar, deberán llenar un formulario para acceder a un descuento en la compra usando medios de pago virtuales.
Redistribución regresiva
El Gobierno quita los subsidios para cumplir con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y perjudica de este modo a la mayoría de la ciudadanía. Para las empresas proveedoras de estos servicios no hay perjuicio, siguen percibiendo la misma tarifa (cada vez más cara, por cierto), la diferencia es que el usuario paga todo de su bolsillo.
El peso de los servicios públicos en el gasto familiar y los presupuestos de las pymes creció de manera notable desde el inicio de la gestión libertaria. Un reciente estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), organismo que depende de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, señala que entre diciembre 2023 y diciembre 2025 la canasta de servicios públicos, que incluye la luz, el agua, el gas y el transporte, aumentó 561%, mientras que la inflación del Indec en su nivel general fue 185%, aproximadamente. En resumen, los servicios públicos aumentaron tres veces más que el nivel general de precios del Indec. El boleto de colectivo subió 937%; el gas natural, 709%; el agua, 386% y la energía eléctrica, 339%. Estos porcentajes son elocuentes respecto de la transferencia de ingresos de las mayorías al sector privado y al Estado para el pago de la deuda al FMI y a los prestamistas internacionales.
Esta política se lleva adelante en el contexto de una redistribución regresiva del ingreso. La ecuación se torna dramática: fuerte aumento en las facturas de servicios y pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Las tarifas de los servicios juegan un papel decisivo en ese sentido, ya que crecieron más que los precios de los bienes. Según el Indec, a noviembre 2025 (último dato disponible), la inflación anual de bienes fue 25,7%, pero la de servicios fue 44,6% El año anterior, a diciembre 2024; los bienes habían crecido 96,3% y los servicios 189%.
Sin acceso total
Los servicios son indispensables para la vida y la producción y tienen particularidades que deben contemplarse. A diferencia de los bienes, no pueden producirse por anticipado, no se acumulan y se consumen en el momento que se producen. Por lo tanto, tampoco son transables y en la mayoría de los casos, es imposible su exportación e importación.
Los servicios a las personas no tienen competencia con importaciones, pero sí restricción de la demanda. Si el consumidor no puede pagarlos, trata de no consumirlos. Por ejemplo, va menos a la peluquería, saca a los pibes del club o de las clases de idiomas. En cambio, los servicios públicos no pueden sustituirse ni dejar de consumirse. La luz, el gas, el agua deben pagarse de todos modos.
Son, además, consumos esenciales que hacen a la dignidad de las personas; y reportan un bien a toda la comunidad porque no pueden proveerse solo para algunos. Un sistema de cloacas en una ciudad, por ejemplo, es para toda la comunidad.
El problema se presenta cuando se establecen tarifas que muchos no pueden pagar. Por eso, los subsidios cumplen la función de posibilitar el acceso total de la población a los servicios públicos. Su sostenimiento resulta vital en pos de los imprescindibles equilibrios sociales. No se puede llegar a situaciones como la actual, en la que para muchos sectores humildes y estratos de las clases medias, las tarifas resultan impagables.
El Gobierno sostiene que su único y manifiesto objetivo es el superávit fiscal y en aras de esa concepción extrema, considera los subsidios como un costo a eliminar, ignorando su función social y económica.
