Opinión

Juan Carlos Junio

Dirigente cooperativista

Tecnología en defensa del bolsillo

Foto: Shutterstock

La sola mención de que habrá controles y multas más severas para los incrementos desmedidos de precios, como plantea el Ministerio de Economía, ha generado la reacción tajante de las grandes cámaras empresariales y las corporaciones de firmas formadoras de precios, que se oponen por razones económicas e ideológicas a todo control del Estado en defensa de los consumidores, que son los ciudadanos.
Hace algunas semanas que desde el área de Economía se está negociando una suerte de congelamiento consensuado de 1.500 productos y se plantea la necesidad de colocar el precio en el etiquetado de cada uno de ellos, en lo que se denominó el plan de Precios Justos.
A pesar del fuerte rechazo empresarial, como ocurre con muchos proyectos oficiales, hay expectativa en la ciudadanía, aunque las medidas instrumentadas hasta ahora no han tenido el resultado esperado. La inflación sigue en niveles elevados y eso impacta en un importante deterioro de los ingresos de los sectores más humildes, de la clase media y los de ingresos fijos en general, tanto los de bajos ingresos como los que tienen sueldos importantes.
Es bueno recordar que hay herramientas para cumplir con esos objetivos, teniendo en cuenta un concepto básico: toda norma o ley debe tener un sistema sancionatorio ante las transgresiones y/o violaciones. En el Presupuesto se contempla un incremento de los actuales cinco millones de pesos de multa (que no se actualizaron sugestivamente durante muchos años) a 240 millones. Además, en caso de ser multadas, las empresas están obligadas legalmente a abonar primero y luego, en caso de considerarlo pertinente, plantear una apelación ante la Justicia.
Todo indica que el Gobierno nacional está muy decidido a efectivizar este tipo de penalizaciones ante la percepción de que muchos se acostumbraron a eludir a las autoridades y al consumidor variando el contenido, el empaquetado o la cantidad de cada producto, para burlar los controles. De allí que en esta iniciativa la gran apuesta es una aplicación de facilísimo acceso, para que la ciudadanía, los consumidores, denuncien inmediatamente cuando vean sobreprecios en relación con las listas estipuladas. La app se bajará también desde la plataforma «miArgentina».
En el discurso del viernes pasado en la asamblea de la UOM en Pilar, la vicepresidenta Cristina Fernández habló de este tema, otorgando un respaldo a la tarea que cumple el ministro Sergio Massa «para resolver el problema de las divisas». También deslizó la necesidad de un control de precios y de compensar la caída de los ingresos de los trabajadores con una suma fija, particularmente para los más necesitados.
Pero la expresidenta también mostró una carga de pesimismo sobre los jueces que llevan adelante causas en las que de alguna manera está involucrada. «Me quieren como acusada, no como víctima», dijo. La frase encierra una impugnación grave, porque está señalando que el Poder Judicial no cumple en el caso de ella y en otros su función esencial de impartir justicia, sino que actúa según intereses políticos relacionados con el poder económico y la oposición política. Esa conducta compromete una causa tan grave como el atentado en contra de la vicepresidenta de la Nación, pero también a todo el sistema judicial y al sistema democrático en general.
Vivimos en un sistema de división de poderes y uno de los poderes se encuentra impugnado, no solo por Cristina Fernández, sino también por la gran mayoría de la opinión pública. El Poder Judicial es el mas rechazado por la sociedad. Los sondeos indican que más del 90% de la opinión pública descree y rechaza las decisiones de los magistrados. En esta temática del accionar del Poder Judicial, un asunto de gravedad es la incomprensible liberación de miembros de grupos filonazis que con su discurso de odio, convocando a la agresión y la violencia, están detrás del ataque del 1° de septiembre frente al edificio donde vive la vicepresidenta.
Es cierto que el juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió procesar a los integrantes del grupo Revolución Federal, a pesar de ese dictamen de la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py que integran Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
A las causas aún abiertas en su contra se le había agregado horas antes del encuentro en la UOM un dictamen del procurador interino Eduardo Casal reflotando la causa Dólar Futuro, en la que había sido sobreseída.
Todo indica que la disputa entre estos núcleos de la Justicia y la oposición continuará durante el período electoral inficionando el clima político. Lo que se necesita es lo contrario, favorecer una atmósfera de convivencia que contribuya a fortalecer nuestra democracia facilitando las opiniones del pueblo.