5 de enero de 2026
Nueva York. Traslado ilegal del presidente venezolano y su esposa Cilia Flores, rodeados de efectivos militares estadounidenses.
Foto: Getty Images
El acontecimiento más trascendente en estos momentos en nuestro continente con repercusiones en el mundo entero, es la intervención militar de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela. Todo indica que la denominada «extracción» no es otra cosa que el secuestro del presidente constitucional de un país, lo cual indica el avasallamiento de la soberanía de esa nación.
Además, el operativo se organizó en base a un plan violento, bombardeando ciudades, generando la muerte de centenares de personas, destruyendo centros industriales y militares y –fundamentalmente– liquidando de facto el derecho internacional y el sistema de convivencia entre los pueblos.
Este último es un elemento determinante ya que la gran mayoría de Gobiernos y pueblos democráticos repudian la agresión y al mismo tiempo se preguntan: si esto fue posible y no es rechazado debidamente, ¿por qué no podría ocurrir en cualquier otro lugar del continente y el planeta? La intención de ir más allá de lo que históricamente EE.UU. denomina como su «patio trasero» se puso en evidencia cuando el propio presidente Donald Trump asumió, entre otros puntos de su ambición expansiva, incluyendo la compra o anexión de Groenlandia. Pero además el magnate confesó que su verdadero propósito es recuperar lo que llama «nuestro petróleo», haciendo referencia a las nacionalizaciones realizadas por Venezuela, en primer lugar, en 1976, por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez; y luego, en 2007, por el presidente Hugo Chávez, a la vez creador de la empresa PDVSA, un símil de nuestra YPF como empresa estatal hidrocarburífera.
Conciencias rebeldes
Hace pocas horas, en una conferencia de prensa, nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, convocó a un pronunciamiento del continente en el sentido de lo que llamó «una rebeldía de las conciencias», a los efectos de que la humanidad asuma plenamente que estas políticas implican el sometimiento de las naciones y de los pueblos, poniendo en grave peligro la paz mundial.
Los latinoamericanos valoramos y destacamos a lo largo del siglo XX y del actual que nuestra región es zona de paz, ya que si bien hubieron y hay situaciones de conflicto y controversiales, la región se mantuvo sin guerras, que es la peor tragedia que pueden vivir los pueblos.
Esperemos que las reservas democráticas que hay en todos los países del continente y del mundo, y en el nuestro, sean capaces de levantar su voz en pos de reinstalar al presidente constitucional de Venezuela y que el propio pueblo venezolano logre encausar el sistema democrático en forma plena con todas sus instituciones.
Conferencia de prensa. Dirigentes gremiales, sociales, políticos, de derechos humanos y eclesiásticos en la CTA. Pérez Esquivel llamó a la «rebeldía de las conciencias».
Foto: @CTAAutonoma
Libertad y tarifazos
En cuanto a la cotidianeidad de nuestro país en los primeros días del año el Gobierno tomó una decisión muy importante en relación a la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuestionada por toda la oposición ya que un cambio de esa naturaleza debe ser debatido en el Congreso Nacional en lugar de realizarse mediante un DNU. Con esta iniciativa el presidente Javier Milei potencia las atribuciones y facultades de esa agencia poniendo en cuestión las libertades civiles de ciudadanos y ciudadanas. De forma tal que se espera un fuerte cuestionamiento a ese DNU en el Congreso.
La otra gran novedad en términos económicos y sociales es el gran aumento de tarifas de energía, luz, gas por redes y garrafas, agua, transporte. Se da en un proceso que se inició con el Gobierno de Milei y ya alcanza aumentos de entre 350% y 700%. El tema de las tarifas se está transformando en una situación insoportable para las grandes mayorías, no solo para los sectores más humildes, sino también para las clases medias e incluso para el sistema productivo, especialmente las pymes, que no están en condiciones de afrontar esa política de retiro de los subsidios del Estado, trasladando esos aumentos a los precios que pagan sus clientes.
La discusión en lo local continúa, aunque en enero el Parlamento no sesiona. Se espera para febrero la definición de estas trascedentes controversias, que afectan derechos esenciales de argentinos y argentinas. Finalmente, y volviendo al inicio de esta reflexión, se irán definiendo con claridad las repercusiones de la agresión militar a Venezuela y el secuestro de su presidente. Confiamos en que se irá constituyendo una fuerte corriente de rechazo democrático que establezca límites concretos para este tipo de doctrina y acciones.
